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POLÉMICA EN LA EMPRESA PÚBLICO-PRIVADA SERFUNLE

El millonario negocio de los muertos leoneses, bajo acusaciones de fraude fiscal y pagos ilegales

Izquierda Unida llevará a la Fiscalía las irregularidades en la mancomunidad de servicios funerarios (Serfunle) de los municipios de León, San Andrés y Villaquilambre. Pide documentación que aclare un presunto fraude fiscal y el pago de un canon millonario ilegal desde hace 10 años al socio privado Mémora.

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Cementerio de León. Foto: Carlos S. Campillo/Ical
ileon.com | A. Vega | 29/01/2016 - 11:43h.

Ofensiva de Izquierda Unida y sus grupos municipales en los ayuntamientos de León, San Andrés y Villaquilambre contra las irregularidades en la Mancomunidad de Servicios Funerarios (Serfunle) que conforman los tres consistorios. Además de preguntas y mociones el partido acudirá a la Fiscalía y recopila información para aclarar presuntos pagos ilegales de canon, fraude fiscal y pagos con posibles incompatibilidades a personas de la esfera política.

En una rueda de prensa de los concejales Eloína Terrón (San Andrés), Elena Fernández (Villaquilambre) y Santiago Ordóñez (León) urgen "clarificar la gestión oscura y poco transparente de Serfunle". Consideran insuficiente la medida adoptada por el presidente de Serfunle, el concejal del PP en León Fernando Salguero, de llevar al Tribunal de Cuentas los números de la sociedad y llevarán a los tribunales las posibles irregularidades para que se depuren responsabilidades penales, además de exigir las públicas por la gestión, "un negociete de amiguetes del PP y del PSOE en su momento".

Eloína Terrón (San Andrés), Elena Fernández (Villaquilambre) y Santiago Ordóñez, concejales de IU
Eloína Terrón (San Andrés), Elena Fernández (Villaquilambre) y Santiago Ordóñez, concejales de IU

Las irregularidades en Serfunle se han conocido a raíz de una investigación de sus cuentas por Hacienda, que cuestiona los pagos en 2006 y 2007 de sus impuestos. Un informe de un interventor de León alertó, a raíz de la denuncia de Hacienda, de la existencia de un canon ilegal que paga Serfunle a su socio privado Mémora por prestación de servicios. Este canon, en vigencia desde 2004, supone que un 10% de los ingresos anuales (que son entre 6 y 7 millones de euros) de Serfunle se pagan a Mémora pero la existencia de este canon no figuraba en los pliegos de adjudicación de la privatización parcial de la socidad pública en 2003. Un informe de un funcionario avaló el pago de este canon que ahora cuestiona un interventor, que lo considera nulo de pleno derecho y por lo tanto se habrían pagado ilegalmente en torno a 600.000 euros más IVA durante una década, lo que podría sumar casi 10 millones de euros. Ahora IU ha solicitado un informe sobre la situación a la secretaria general del Ayuntamiento de León sobre este asunto, aunque se desconoce su finalización ya que la funcionaria se encuentra de baja.

Además IU denuncia que Serfunle ha recurrido los pagos que exige Hacienda de sus impuestos societarios en 2006 y 2007, lo que consideran es apoyar un presunto fraude fiscal, además de recordar que la empresa Mémora está controlada por fondos de inversión domiciliados en un país de laxa fiscalidad como es Luxemburgo.

Presuntos pagos irregulares a personas públicas y duplicidad de pagos de servicios

IU ha solicitado a Serfunle conocer al detalle los pagos de facturas que la sociedad ha emitido a ciertas empresas y a alguna persona de la esfera pública, cuyo plazo finaliza este sábado. Se trata de facturas de asesoramientos emitidas por hasta 5.000 euros y que podrían suponer pagos duplicados a los que ya se abonaba a Mémora por el canon ahora considerado ilegal por un interventor del Ayuntamiento de León. La existencia de estos pagos podría suponer según IU delitos de prevaricación y cohecho.

Otra de las cuestiones que IU espera que se aclare es la intervención del funcionario Carlos Hurtado, economista jefe del Ayuntamiento de León, sobre sus informes y la compatibilidad de su función pública con el de secretario de la patronal funeraria Panasef, donde se integra Mémora.

La coalición considera necesario "actuar ante tanta irregularidad" y espera que los tribunales diluciden las responsabilidades penales de los responsables de una "gestión que ha ido contra el interés general". Por ello iniciarán también en los tres consistorios una petición para que se municipalice totalmente el servicio y vuelva a ser de gestión pública al 100%.

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