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La matriz de Everest, condenada a devolver 15,5 millones a las empresas en liquidación

El Juzgado de lo Mercantil emite tres duras sentencias que afectan a los hijos del fundador, Miguel, Irene, Alejandra, Ángel y Alberto López Varela, a los cuales además de obligarles a reintegrar el dinero, inhabilita por dos años para administrar bienes ajenos, a causa del traslaso indebido de fondos de la Mercantil Everest y Ediciones y Distribución a sociedad Grupo Everest de Comunicación.

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Protesta de los trabajadores de Everest en las Cortes en Valladolid. / Miriam Chacón / ICAL
ileon.com | 06/05/2016 - 09:41h.

El Juzgado de Instrucción número 8 y Mercantil de León ha emitido tres duras sentencias notificadas el pasado 5 de mayo que condenan a los hijos del fundador de la editorial Everest, los hermanos Miguel, Irene, Alejandra, Ángel y Alberto López Varela, administradores de las diferentes sociedades que formaban parte de la conocida empresa leonesa Everest, a devolver un total de 15,5 millones que 'transfirieron' desde dos de esas sociedades -la Mercantil Everest y Ediciones y Distribución- a la sociedad Grupo Everest de Comunicación, mientras estaban en pleno proceso de liquidación. La sentencia, además del reintegro de ese dinero, les condena de manera personal a todos ellos a inhabilitación por dos años para administrar bienes ajenos.

La primera de las sentencias considera como cómplice al Grupo Everest de Comunicación y se centra en Miguel, Irene y Alejandra López Varela, quienes considera que "han agravado de manera gravemente negligente la situación de insolvencia de la concursada -Editorial Evergráficas-, por no haber adoptado las medidas precisas para la contención del gasto de personal ante la grave disminución de la facturación de la concursada desde el ejercicio 2013, y haber transferido a Grupo Everest de Comunicación SL, matriz del grupo del que forma parte la concursada, por importe de 8.875 euros desde el ejercicio 2012". A juicio del magistrado, que dicta la "devolución de los 2.199.542 euros indebidamente obtenidos de la caja de la concursada", las cuentas anuales de la empresa concursada incurren en graves irregularidades que impiden un conocimiento fidedigno de la situación patrimonial y financiera de la sociedad".

Caso similar ocurre con la segunda sentencia, contra Miguel y Alberto López Varela, en el caso de Editorial Everest SA, de la que transfirieron "al Grupo Everest de Comunicación SL, matriz del grupo del que forma parte la concursada, un importe de 13.300.802,24 euros desde el ejercicio 2013". En este caso, siempre según el auto, "incurren en una sobrevaloración de la partida de existencias, entre otros, en el ejercicio 2012, de modo que de unas existencias iniciales por importe de 13.313.948,20 euros, se pasa a 20.692.360,64 euros al cierre del ejercicio, sin justificación alguna. Asimismo, contabilizan indebidamente el crédito contra Grupo Everest de Comunicación SL, sociedad matriz, como un crédito a corto plazo, pese a no concurrir un propósito de devolución, al menos a corto plazo. Y finalmente, contabilizan por debajo de coste los servicios prestados por sociedades vinculadas, de manera interesada para propiciar un desplazamiento de la pérdida correspondiente en beneficio de la apariencia patrimonial de la sociedad a la que se factura".

La tercera sentencia sobre la empresa concursada Everest de Ediciones y Distribución afecta nuevamente a Raquel y Alejandra López Varela, en este caso por "no haber atemperado adecuadamente los costes de personal a la grave reducción de la cifra de negocio de la sociedad, pues pese a pasar esta de 5.320.305,15 euros en 2012 a 2.958.205,86 euros en 2013, el gasto de personal pasó de 5.888.935,59 euros en 2012 a 6.285.220,20 euros en 2013, así como por la falta de adopción de medida colectiva alguna más allá de la rebaja salarial y la extinción de 30 contratos entre el 31 de marzo de 2014 (fecha de finalización del expediente de regulación temporal de empleo) y el 13 de febrero de 2015 (fecha de la siguiente medida de suspensión), pese a la persistencia y agravación de las causas económicas que justificaban y exigían aquellas. Finalmente, agravaron la situación de insolvencia al facturar por debajo de precio de mercado a la sociedad del grupo Everest SA, su único cliente".

Respuesta de la familia López Varela

Los propietarios de la factoría han querido expresar su versión en relación a esta sentencia y precisan que "tanto las resoluciones judiciales recaídas como la propia Administración Concursal reconocen que las dificultades económicas que han derivado en la situación concursal de las empresas citadas no es otra que la caída de las ventas derivada de la crisis del sector editorial, en ningún momento ninguna salida patrimonial hacia personas físicas o entidades ajenas al grupo y a su actividad".

Así, en un comunicado Everest afirma que "las resoluciones judiciales recaídas reconocen que las salidas patrimoniales de Editorial Everest, S.A. tuvieron como única finalidad apoyar a otras empresas del grupo y costear gastos de la propia actividad editorial, fundamentalmente nóminas de los trabajadores" y que "en ningún momento se ha expuesto, ni por parte del Juzgado de lo Mercantil de León, ni por parte de la Administración Concursal, ni por ningún órgano o autoridad, que haya habido ningún tipo de salida patrimonial del grupo ni ningún movimiento de caja que no fuera destinado a hacer frente a los costes de la actividad en una situación de crisis de ventas".

Además, los responsables de la empresa afirman que "las resoluciones judiciales recaídas reconocen sin ningún género de duda que en ningún momento ha habido ningún enriquecimiento por parte de la familia López Varela durante la gestión de la crisis" y que "se ha acreditado que la familia López Varela ha apoyado personalmente al grupo en los dos últimos años en un importe directo de más de tres millones de euros, así como mediante la prestación de garantías a favor de acreedores por casi siete millones de euros".

Por último, en este mismo comunicado los propietarios dicen que es "rotundamente falso que se haya constatado judicialmente la existencia de déficit concursal, esto es, de un saldo negativo entre el activo y la deuda total de las empresas concursadas y que es rotundamente falso que se haya constatado judicialmente que ninguna persona de la familia haya causado daño al grupo y deba abonar indemnización alguna".

 

 



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