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INVESTIGACIÓN: EL NEGOCIO DE LA EDUCACIÓN

'Escuelas Católicas' defiende la 'limpieza' de los cobros a familias y culpa al poco dinero público que da la Junta

La organización que agrupa a casi todos los centros educativos concertados admite que "un 90% cumple y el resto a veces actúa mal", algo que ellos critican y tratan de corregir, e insiste en que sin "aportaciones voluntarias" los colegios no pueden subsistir por la escasa financiación pública.

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Antonio Guerra, secretario autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León. / Carlos S. Campillo / ICAL
C.J. Domínguez | 10/05/2016 - 22:00h.

La organización Escuelas Católicas en Castilla y León, que aglutina la práctica totalidad de los centros concertados de la provincia leonesa y la Comunidad, ha salido al paso de la investigación publicada hoy por iLeon.com sobre el cobro de aportaciones voluntarias de las familias por hijos escolarizados en estos centros que reciben dinero público, reiterando que a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo que considera ilegales tales cobros, se trata de algo que está dentro de la "legalidad" y que es un sistema "transparente".

El secretario autonómico de la organización, Antonio Guerra, representando a muchos centros leoneses aludidos que hoy se pusieron en contacto con Escuelas Católicas, quiso "manifestar su rechazo a las acusaciones sobre financiación ilegal", y explicó que "la normativa reguladora de los conciertos educativos define con precisión el régimen jurídico y aquello que no está permitido cobrar: cantidades obligatorias por recibir enseñanzas gratuitas. Asímismo, respecto a las actividades y servicios, se exigen en ambos casos que estos estén autorizados por la Administración o por el consejo escolar del centro y que carezcan de ánimo de lucro pudiendo, no obstante, contribuir al mantenimiento del centro". Así lo explicó el colectivo a instancias de iLeon.com, y no al revés.

El "único objetivo" es mejorar "la educación de los alumnos"

Remarca Guerra que, como fundaciones benéfico-docentes, "pueden percibir donaciones, donativos o aportaciones voluntarias de las familias o de otras entidades" y cumplen la LOE "por cuanto los donativos son voluntarios y se destinan a los fines educativos de la entidad titular y a conceptos que no cubre el concierto -público de la Junta-, con el único objetivo de mejorar la educación de sus alumnos". La mayor parte de los colegios religiosos -no así otros que 'facturan' a través de empresas- utilizan esta vía de ingresar el dinero vía fundaciones.

Por eso, Guerra quita hierro a la sentencia del Supremo, dado que se refiere a un caso de Aldalucía en el que, según entiende, se consideraba esa aportación como obligatoria, a pesar de que la misma zajaba que "no puede interpretarse más que como una forma unívoca de solicitar un aporte de dinero para impartir la educación», motivo por el que ratificaba la sanción de 186.000 euros a un colegio que pidió 20 euros trimestrales y voluntarios a los padres.

"No se puede perseguir, castigar o discriminar a quien no lo paga"

Casos irregulares que implican obligatoriedad que, sin embargo, admite Escuelas Católicas que ocurren en ocasiones, aunque pocas. "El 90% cumple y otros actúan mal, como ha sucedido en León o en Valladolid, y nosotros se lo recordamos porque obligar a pagar no es defendible", explica Antonio Guerra, que añade que esa aportación voluntaria "no puede ser para perseguir, para castigar o discriminar a quien no lo haga".

Para Guerra, el problema estriba en la, a su juicio, escasa financiación pública de los centros privados concertados, porque "el concierto no cubre ni mucho menos todos los gastos ni la actividad" de los colegios, sólo en torno al 60-65%, y de ahí que "los donativos se implanten cuando el desfase entre los ingresos públicos y el coste real es enorme". De hecho, criticó que la Junta de Castilla y León "no hace por su parte ninguna aportación implementada, como ocurre en otras Comunidades como el País Vasco, donde es el doble de lo que da el Estado.

La Junta sólo controla el dinero público, no las aportaciones 'extra'

Respecto a los cuantiosos ingresos que suponen esas aportaciones voluntarias de las familias por cada hijo escolarizado, Escuelas Católicas garantiza que los centros privados "cumplen sus obligaciones de rendición de cuentas y transparencia económica, ya que está sometida a un triple control financiero: el del consejo escolar del centro; el de la Administración educativa y la inspección; y el de las auditorías de Hacienda", ya que esa aportación desgrava en la mayor parte de los casos.

Aunque su secretario autonómico admitió que el control por parte de la Junta se ciñe exclusivamente "a saber en qué y cómo se gasta el dinero del concierto público", no esas cantidades pagadas por los padres a mayores, porque las mismas no forman parte del presupuesto ordinario de los centros. Eso aparte algunas inspecciones realizadas en 2013 a raíz de cierta polémica política generada por este asunto y que se debatió en el Parlamento autonómico.

Exigen que se cubra públicamente "el coste real" de los colegios

Finalmente, como única solución para que no se tenga que recurrir a estas donaciones, dede la organización Escuelas Católicas "exigimos que se cumpla la Ley y que el sistema de financiación de la enseñanza privada concertada se ajuste a las demandas que exige una educación de calidad; que los módulos de conciertos sean a coste real, para garantizar la libertad real de elección de centro educativo por parte de las familias; garantizar el derecho de los docentes y no docentes a la igualdad de trato con sus homólogos de la enseñanza pública, en lo económico y lo social; y para acabar con el déficit que los centros van acumulando derivados de la partida de 'Otros gastos', a todas luces insuficiente"

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