Reabierto el proceso penal por el incendio de neumáticos de RMD el verano pasado

Transcurrido casi un año desde que se produjera el incendio de más de 12.000 toneladas de neumáticos usados en las instalaciones de Recuperación de Materiales Diversos (RMD) en la localidad de Ardoncino, y nueve meses después de que 'Ecologistas en Acción' de León interpusiera querella criminal contra los presuntos culpables, el Juzgado de Instrucción número 2 de León, que archivó la denuncia en enero, decreta finalmente la reapertura de la causa admitiendo que “se podría acreditar la perpetración del delito”.

Para conseguirlo, ha sido necesaria la intervención del Ministerio Fiscal, estimando el recurso de Ecologistas en Acción que alegó indefensión, al haberse archivado el procedimiento penal sin notificación alguna, tal y como argumentan en una nota de prensa.

La tipificación penal se centra en los supuestos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (contaminación atmosférica, aguas, terrenos y alimentos), además de incendio e imprudencia grave.

El querellado es Adolfo López Aguayo, como administrador único de RMD, extendiéndose la acción a los posibles responsables físicos de la mercantil que a resultas de la instrucción figuren como responsables de los hechos, sin perjuicio de los responsables físicos de la administración Autonómica (Servicio Territorial de Medio Ambiente de León), Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), u otras que resulten.

La organización conservacionista destaca que para la constatación del daño ambiental, contamos ya con informes que lo acreditan.

Respecto al agua de extinción, vertida hacia el valle de Antimio de Abajo, los análisis practicados por la CHD arrojan niveles muy altos en algunos parámetros, pudiendo haber producido contaminación en los propios cauces, continúan.

Asimismo, el análisis de los pastos y cultivos, cuyo muestreo realizó la Junta a petición de los vecinos de Antimio de Abajo, arrojaron notable contaminación en la uva, la hierba y el suelo, incluso, en algún caso, en proporción 12 veces mayor al umbral de intervención estipulado por la Comisión Europea, exponiendo a la población a un grave riesgo sanitario.

De las más de 12.000 toneladas de neumáticos que esta asociación calcula que se quemaron, se habrían emitido al aire toneladas de contaminantes: dioxinas, furanos, hidrocarburos aromáticos policiclicos (HAP), metales pesados, etc., muy peligrosos para el medio ambiente y las personas, incluso cancerígenos.

La nota explica que estas emisiones se han podido comprobar en el incendio de Seseña, donde las mediciones de HAP en el barrio más próximo al incendio, el Quiñón, han alcanzado niveles muy altos de contaminantes como el benzo(a)pireno. Este compuesto está clasificado como carcinógeno de tipo 1 (el más alto) para humanos según la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, dependiente de la OMS. El valor límite legal para el benzo(a)pireno es 1 ng/m3 de media anual, es decir, 1 mil millonésima de gramo de esta sustancia por metro cúbico de aire. Los niveles alcanzados en algunos momentos, en el Quiñón, multiplican por 20 este valor límite. Para esta valoración, La Junta de Castilla-La Mancha se basó en los análisis que realizó el Instituto de Salud Carlos III, con captadores de partículas (PM10 y PM2,5) ubicados en el colegio público El Quiñón.

“En el incendio de RMD, La Junta no nos ha facilitado aún, después de solicitados por tres veces, los análisis de las partículas en suspensión de los captadores colocados (aunque incorrectamente situados en relación a los vientos dominantes). Por ello, se solicitarán judicialmente, pues los informes facilitados hasta la fecha son incompletos”, afirman desde Ecologistas.

Independientemente del origen del fuego en RMD, accidental o provocado, “sin duda los efectos se vieron multiplicados por el incumplimiento de la normativa de almacenaje de neumáticos, impuesta en el Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de los neumáticos fuera de uso, al tener los neumáticos acumulados en 'montañas' de ocho a diez metros de altura, cuando el Decreto cifra la altura máxima en tres; igualmente, todo parece indicar que se carecía de un sistema de prevención y extinción de incendios acorde al riesgo, como exige la normativa, lo que hizo imposible detener el fuego en los primeros momentos, multiplicando el daño ambiental”.