34 calles, glorietas o avenidas de León incumplen la Ley de la Memoria Histórica
Castilla y León acapara un tercio de las 21 demandas presentadas por el abogado madrileño Eduardo Ranz para reclamar el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y lograr la elaboración de catálogos de vestigios de la Guerra Civil española y la dictadura franquista y la retirada de los mismos.
Los municipios, a los que la Junta ya atribuyó en su día esa responsabilidad, son los objetos de esta acción judicial emprendida como respuesta a la inacción institucional después de que Ranz presentase los correspondientes derechos de petición. Comenzó a hacerlo el 11 de febrero de 2015, coindiendo con el aniversario de la proclamación de la Primera República. Se dirigió a más de un centernar de localidades, de las que unas atendieron la reclamación y otras la ignoraron.
A ese silencio administrativo empezó a responder el letrado con demandas judiciales que se formalizaron en su mayoría el pasado mes de junio y que en el caso de Castilla y León están todas admitidas a trámite, excepto la de la capital leonesa, cuya comunicación al respecto se espera en breve.
Caso a caso
La capital leonesa cuenta con un total de 34 calles, glorietas o avenidas cuya pervivencia con su denominación actual supone un “manifiesto incumplimiento” de la Ley de Memoria Histórica, según argumenta la demanda. Todavía no se ha admitido a trámite la demanda -Ranz confía en que ocurra pronto y lo atribuye a la carga de trabajo del juzgado correspondiente- y el siguiente paso es el Ayuntamiento aporte un expediente administrativo, para lo cual tendrá 20 días, y una vez hecho eso -y en función de los documentos que entregue-, se prevé que se dé por concluso y se dicte sentencia.
En el caso del Ayuntamiento de León el llamado derecho de petición se ejerció hace un año y nunca hubo reacción. “Ni siquiera emitieron un 'recibí' o respondieron en los plazos establecidos. Hemos sido más que generosos con el plazo, con las elecciones... pero eso no puede justificar un incumplimiento desde hace nueve años”, remarca y añade que cree que el caso de León seguramente sea uno de los que más rápido se resuelva una vez sea admitido a trámite, puesto que la fundamentación legal es idéntica a la de Olmedo (Valladolid).
En la provincia burgalesa las demandas afectan tanto a la capital como a la localidad de Alcocero de Mola, para la que se reclama el cambio del nombre actual, cuyo 'apellido' se instauró en memoria del general Mola, que falleció allí al estrellarse el avión en el que viajaba. Además, en el lugar del accidente se instaló un gran monolito inaugurado en junio de 1939 por Francisco Franco.
En Burgos se solicita el cambio de casi una docena de nombres y la retirada de algunos símbolos o alusiones. Así, además de varias calles y avenidas, se incluyen en la demanda el Hospital General Yagüe, los restos de la placa dedicada al mismo en la catedral, las palabras 'José Antonio', fundador de la Falange inscritas en color rojo en una pared de la seo o la placa relativa al juramento de 1937 hecho por el general Franco y los consejeros nacionales.
En Ávila, la reclamación se dirige al Ayuntamiento de Gavilanes, al que se piden cambios en cuatro calles (general Mola, general Monasterio, José Antonio y Calvo Sotelo), dos fuentes que tienen sendos escudos de la Falange y la llamada Plaza del Generalísimo Franco, que acoge la sede consistorial.
Soria también es objeto de esta acción legal, con una demanda para que se modifique el nombre de San Leonardo de Yagüe, lugar natal del general y falangista Juan Yagüe, tras cuya muerte se modificó el nombre habitual de la población, San Leonardo, para añadirle el apellido del militar.
La primera batalla de la guerra emprendida por Eduardo Ranz tiene como escenario Olmedo (Valladolid), donde el auto de sentencia, según el abogado, “indica lo obvio, copia el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que dice en primer lugar que hay que hacer un catálogo de vestigios y en segundo lugar su inmediata retirada”. “No todos los pueblos tienen las mismas calles pero su fundamentación legal es la misma, por tanto, entendemos que esta sentencia -que no se puede recurrir- sirve como precedente para el resto de los municipios en análogas circunstancias”, añade.
También en la provincia vallisoleta está pendiente de resolución la demanda contra Quintanilla de Onésimo, que en julio de 1941 dejó de llamarse Quintanilla de Abajo (anteriormente también conocido fue Quintanilla de Yuso y Quintanilla de Duero). La petición para cambio el nombre fue promovida por Falange de Valladolid, en homenaje a Onésimo Redondo, nacido en la localidad y muerto en 1936 durante la Guerra Civil.
El proceso
Si los Ayuntamientos no cumplen los autos judiciales, que dan un plazo para la retirada inmediata de los vestigios, recaería en ellos una sanción y se podrían abrir diligencias penales contra los respectivos alcaldes o alcaldesas, “con nombres y apellidos”, por no haber acatado la decisión judicial. “El camino de arranque sería una demanda contencioso-administrativa que se traduce en un delito de desobediencia vía penal. O bien el juzgado lo hace de oficio o lo insta el abogado pero esperamos no llegar a este punto porque no se trata de eliminar al político sino de retirar la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura”, apunta.
