Uno de cada cuatro empleados del Banco Popular en Castilla y León, a la calle
La central sindical de CCOO en Castilla y León denunció hoy que el despido colectivo presentado por el Grupo Banco Popular afectará a 240 empleados en la Comunidad, lo que representa cerca del 27 por ciento de su plantilla, integrada por 903 empleados, la “mayor repercusión” relativa de la regulación de empleo que se pretende ejecutar en España. La Comunidad sufrirá el cierre de 17 oficinas, una de cada cuatro, con la clausura del centro territorial de Valladolid.
El secretario general de la Sección Sindical de CCOO en Castilla y León en la entidad, Agustín González, destacó que el banco pretende clausurar 302 oficinas y acabar con 2.894 empleados en el conjunto nacional, casi uno de cada cuatro trabajadores de su plantilla (12.910) con la mayor regulación de empleo presentada hasta la fecha en el sector, que tachó de “salvaje y brutal”.
González exigió la retirada del expediente momentos antes de celebrar una concentración frente a la oficina de la entidad en la calle Santiago de la capital vallisoletana, una movilización contra los planes del banco que se repitió en las principales ciudades de España.
El responsable sindical afirmó que la aplicación del despido colectivo en los términos planteados pondría en peligro Banco Popular, que no sería sostenible porque no ha ido acompañado de la implementación de un plan tecnológico. En este sentido, denunció que frente a las inversiones acometidas por otros operadores bancarios, dentro de un sector en el que los nuevos canales están llamando a todas las puertas, Banco Popular “no ha invertido y tiene una tecnología obsoleta”, lo que provocará que sin sus empleados no podrá atender a sus clientes.
Asimismo, arremetió contra la “falta de ética y de respeto” a los trabajadores cuando se plantea el despido del 23 por ciento de la plantilla y se anuncia la recuperación de dividendos a partir del año que viene.
Agustín González precisó que Banco Popular pretende tener ejecutado el ERE, que inició en 6 de octubre, el 2 de enero del año que viene; y prevé, según lo expresado en las mesa de negociación, que hoy celebra su tercer encuentro, 1.100 bajas incentivadas (el resto a través de jubilaciones), una cifra que será imposible lograr y obligará a una gran cantidad de despidos forzosos. El dirigente sindical criticó además, que esta situación de “incertidumbre y el desasosiego” generado en la plantilla, se produce cuando los trabajadores se están viendo obligados a “salvajes prolongaciones” de jornada, y aconsejó a los empleados que se nieguen a estas prácticas ilegales.
El secretario de la Federación de Servicios de CCOO en la Comunidad, Jesús Olivar, constató que el despido colectivo en Banco Popular es de un volumen nunca visto en el sector y comentó que en la decisión confluyen varios elementos, la crisis, la reducción de márgenes y el componente tecnológico. “En este caso han juntado todas las causas en una”, dijo.
