medio ambiente

Los afectados por las obras de Pajares exigen medidas correctoras y compensatorias antes del final del proyecto

Denuncian que la Declaración de Impacto Ambiental exigía la elaboración de un programa de vigilancia ambiental y la adopción de medidas para la protección del medio ambiente que no se han llevado a cabo.

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Peio García / Ical. Obras de ejecución del tramo La Robla-Pola de Lena (Variante de Pajares) en la Línea de Alta Velocidad (LAV) Valladolid-Venta de Baños-Palencia-León-Asturias.
S.Gallo / Ical | 11/12/2016 - 15:11h.

Los colectivos afectados por las obras de construcción de los túneles de Pajares tienen previsto reforzar las actuaciones en materia de derecho interno que llevarán a cabo con el objetivo de garantizar que el proyecto no concluya su ejecución sin que se hayan adoptado las medidas correctoras y compensatorias que exigen la normativa europea y estatal. Tras la presentación de una queja comunitaria sobre los daños provocados por la construcción de esta infraestructura, y a la vista de que no se han adoptado hasta el momento medidas correctoras eficientes ni ninguna de carácter compensatoria, se iniciará una nueva ofensiva para conseguir estos fines.

En concreto se reclamará a los Ministerios de Fomento y también al de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente información, en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Ambiental, la identificación de los órganos responsables y los técnicos al cargo de los procedimientos en materia de evaluación de impacto ambiental, de aguas, de espacios naturales y en materia de montes de utilidad pública. Será esta próxima semana cuando se presentarán las solicitudes a las administraciones competentes –Gobierno, administraciones autonómicas y Confederaciones Hidrográficas- y, en el caso de que no haya respuesta, se acudirá a las pertinentes vías judiciales.

Por otro lado, se solicitará una copia de todos los programas de vigilancia ambiental, de los informes periódicos que debería elaborar el promotor del proyecto. El colectivo recordó que en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del año 2002 se exigía la elaboración de un programa de vigilancia ambiental y la incorporación de las medidas necesarias para la protección del medio ambiente, algo que lamentaron que no se ha llevado a cabo.

Por último, otra de las peticiones que se hará es la información relativa a los proyectos que se han ido acumulando en la zona, así como su modificación, identificando al director ambiental de cada uno de ellos, al tiempo que se reclaman las evaluaciones de impacto ambiental que se han desarrollado.

La reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que cuando haya una evaluación de impacto ambiental que resulte defectuosa, la directiva Hábitats exige que, si ese proyecto está ocasionando daños a la Red Natura 2000, como es este caso, se deberá llevar a cabo una DIA que subsane los defectos, que es lo que se quiere volver a exigir. En el caso de que en una nueva declaración el proyecto deba continuar por razones de interés público, habrá que establecer medidas correctoras, para evitar que siga habiendo daños, pero también compensatorias, que tendrá que aprobar la Comisión Europea.

Por otro lado, si no se adoptan medidas urgentes e integrales tras la solicitud que se está haciendo ahora, el colectivo no descarta acudir a la Justicia española porque lo que se está pidiendo es "justicia y el cumplimiento de la normativa de aguas, de espacios naturales, de evaluación de impacto ambiental" para que todos los pueblos de la zona y sus habitantes "no se vean perjudicados para siempre".

Los colectivos afectados y que están unidos en esta queja comunitaria son la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, la asociación Lacerta, la asociación de vecinos de Campomanes (Asturias) y las juntas vecinales de San Martín de la Tercia, Casares de Arbás, Pobladura de la Tercia, Viadangos de Arbás, Ventosilla y Cubillas de Arbás, en la provincia de León, así como el ayuntamiento de Lena.

Todos ellos mantienen que se trata de "un gravísimo atentado" a la Red Natura 2000 y a las posibilidades de desarrollo económico de una zona de montaña "muy castigada" por la despoblación, ante lo que deben adoptarse "medidas urgentes" que permitan revertir esta situación.

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