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La Junta destinará a alquiler social casas parroquiales en desuso cedidas por el Obispado de León

El consejero de Fomento y Medio Ambiente firma el convenio con el obispo de la diócesis, como medida pionera que se prevé extender a otros territorios.

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César Sánchez / ICAL Vivienda en alquiler.
Ical | 11/04/2017 - 14:14h.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el obispo de la Diócesis de León, Julián López, firmaron este martes un protocolo de colaboración para incorporar viviendas ubicadas en el medio rural propiedad de la Iglesia al Parque Público de Vivienda de la Junta, con el fin de ofrecerlas en régimen de alquiler social tras ser rehabilitadas.

El acuerdo, que tendrá una duración inicial de cuatro años y prorrogable otros cuatro, es de carácter pionero y se prevé su extensión a otros territorios. Tiene como finalidad poner casas en desuso, principalmente, las que antes eran ocupadas por los párrocos, a disposición de familias de entornos rurales que no pueden acceder al mercado libre de la vivienda de alquiler con sus recursos.

"Se trata de satisfacer esas necesidades", remarcó Suárez-Quiñones, antes de agradecer el compromiso social de Iglesia y añadió que favorecer el acceso a la vivienda es una herramienta fundamental para lograr el asentamiento de población en el entorno rural.

Julián López recordó que en la actualidad la mayoría de sacerdotes "tiene que atender muchas parroquias y vive en una sola", por lo que han decidido ceder aquellas que se considere oportuno después de la revisión de los inmuebles disponibles que llevarán a cabo técnicos de la Junta.

Las viviendas que se incorporen en virtud de este acuerdo al Parque Público de Vivienda están localizadas en pleno casco urbano y contarán con todo tipo de servicios, por lo que se optimizan las infraestructuras existentes a la vez que se evita el deterioro del patrimonio inmobiliario de los diferentes núcleos rurales.

Este convenio pionero se suma al resto de iniciativas que lleva a cabo la Administración autonómica, como el programa 'Rehabitare', que ofrece 59 viviendas rurales en régimen de alquiler social distribuidas en 47 municipios de Castilla y León. Suárez-Quiñones insistió en su defensa de la necesidad de incorporar el medio rural a las políticas globales de vivienda, tanto a través de estos programas como de los de rehabilitación y regeneración urbana que lleva a cabo su departamento en los entornos rurales, todo ello con el fin de contribuir a fijar población en esos núcleos de población dentro de la lucha contra la despoblación.

Parque Público de Vivienda

El Programa de Vivienda Social en Castilla y León, cuyas líneas maestras son fruto del Diálogo Social, contempla el fomento del alquiler como uno de sus objetivos prioritarios. Para ello, la Junta ha creado un Parque Público de Vivienda en alquiler, que complementa con una ampliación de las convocatorias de subvenciones; programa que, en el caso de viviendas asignadas para personas en riesgo de exclusión social u otras situaciones de emergencia social, se ejecuta conjuntamente con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

El Parque Público de Vivienda en Alquiler de la Junta de Castilla y León dispone de más de 1.640 viviendas incorporadas de distintas procedencias, a las que sumarán en breve medio centenar más en Valladolid. Unas son propiedad de la Administración autonómica desocupadas y reservadas para colectivos en riesgo de exclusión social, otras cedidas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), las incluidas en el Programa Rehabitare, cedidas por los ayuntamientos para su rehabilitación y posterior alquiler en el medio rural y las que son propiedad de Somacyl, que se ofrecen en régimen de alquiler con opción a compra.

La Junta destinó el año pasado 11,3 millones de euros a la convocatoria de ayudas al alquiler con especial apoyo a las rentas más bajas, triplicando el número de beneficiarios, que en 2016 alcanzó a 8.760 personas. En la convocatoria de este año, dicha cantidad se incrementará hasta los 14,7 millones, junto con otros 9,4 millones para ayudas a la rehabilitación.

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