La Fiscalía pide imputar al exvicepresidente de la Junta Tomás Villanueva por el caso Perla Negra
La Fiscalía de Valladolid pide que se investigue al exconsejero de Economía de la Junta, Tomas Villanueva, por los delitos de revelación de secreto, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración y malversación, en relación con la compra del Edificio de Soluciones Empresariales en Arroyo de la Encomienda ('Perla Negra'), de la compra del polígono industrial de Portillo y del alquiler de la sede de la Junta en Bruselas. Asimismo, considera posible un delito de cohecho y otro de blaqueo de capitales, por lo que solicita que el Servicio de Vigilancia aduanera abra también una investigación patrimonial tanto a él como a sus familiares directos, cónyuge, padres, hijos y hermanos y a sus respectivos cónyuges. Además de este asunto la semana pasada el principal acusado en la investigación sobre la presunta adjudicación de parques eólicos a cambio de comisiones, Rafael Delgado, responsabilizó al exnúmero 2 de Juan Vicente Herrera de ser el responsable final de todos los trámites administrativos.
En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 2, encargado de investigar presuntas irregularidades en estas gestiones, el Ministerio Público solicita también la ampliación de la instrucción por 18 meses más, una vez que el plazo para cerrarla se cumplía el próximo 6 de junio, según el texto del documento al que tuvo acceso la Agencia Ical. Asimismo, se pide que se ponga en conocimiento de toás villanueva la existencia de este procedimiento a efectos de su defensa.
En esta solicitud, el Ministerio Fiscal argumenta que la decisión de alquilar y comprar el edificio de Arroyo de la Encomienda y todas las negociaciones llevadas a cabo tanto por la entonces viceconsejera Begoña Hernandez y el exsecretario de la Consejería Rafael Delgado, se hicieron bajo las órdenes directas de Tomás Villanueva y aprecia que la consideración de Delgado como alto cargo de a unta “ha estado unida al desempeño de Tomás Villanueva Rodríguez de funciones públicas en cargo superior”.
Además, en este sentido, apunta que como máximos responsables de la Consejería de Economía y Empleo, disfrazaron la adjudicación directa de los contratos de Gesturcal, “que ya estaban previamente decididos, tanto en su realización como en la empresa con la que contratarían”, mediante su inclusión en un Consejo de Administración de una sociedad pública, “eludiendo de esta manera la aplicación del Derecho Administrativo”.
En el escrito también se asevera que los contratos se “limitaban a plasmar una decisión personal de los investigados -Tomás Villanueva, Rafael Delgado y Begoña Hernández- de adjudicar directamente a Urban Proyecta el alquiler de un edificio y su posterior compra por Gesturcal, en tanto que no pudo hacerse previamente a través de la ADE por las objeciones y requisitos exigidos por la mesa de contratación”.
Al mismo tiempo, asegura que tomaron esta decisión “siéndoles indiferente” la falta de competencia de Gesturcal y del propio consejero para alquilar y comprar inmuebles y de que se estaba vulnerando el Derecho Administrativo. La fiscal también apuntan al elevado precio del edificio y asegura que argumentaron esta decisión aparentando un interés público bajo la “falta pretensión” de unificar en una sede varios centros directivos de empresas vinculadas a la Consejería de Economía “sin ni siquiera haber realizado un estudio de costes y posibles pérdidas para la sociedad”.
Cantidades indebidas
Por otra parte, la fiscal sostiene que Urban Proyecta, empresa que vendió a la Junta el edificio de Arroyo, sabía que iba a ser la adjudicataria de distintos contratos relacionados con este inmueble cinco meses después de su constitución y antes de ser la propietaria de los terrenos sobre los que se iba a construir el edificio. Así, apunta que desde el otoño de 2005 ya facturaba pagos al estudio de arquitectos Lamela por la elaboración del proyecto ADE-Valladolid, sabiendo “que le iba a suponer importantes beneficios porque no se explica, desde el punto de vista empresarial, que adquiriera el terreno por 12 millones de euros cuando su adquiriente previo había pagado 600.000 euros”.
En este sentido, el texto señala que si Urban inició los trámites para comprar los terrenos donde se iba a construir el edificio meses antes de la decisión de publicar el concurso, es porque “tuvo información al respecto que necesariamente sólo pudo facilitarse por quien tenía la facultad de decisión”, es decir, Tomás Villanueva y Rafael Delgado.
Con respecto a Urban Proyecta, también se indica que se abonaron facturas que superaron los 9,7 millones de euros -4,5 millones en concepto de carga financiera y el resto como consecuencia de divesos modificados- que podían considerarse como indebidos de acuerdo con el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
A su vez, en el escrito se recoge que en la contabilidad de Gesturcal/Ade Parques se incluye como precio pagado por la compra del edificio 66 millones de euros libre de IVA, por lo que en el supuesto más beneficioso para los investigados, “se habrían abonados alrededor de cinco millones de euros más, partiendo para ello de la propia tasación que sirvió de base para la compra”.
Por todo ello, el Ministerio Público considera que, dado que ya se pueden cuantificar los perjuicio derivados de la compra del Edificio de Arroyo, es preciso que los perjudicados manifiesten si reclaman una indemización por los mismos o si por el contrario renuncian “de manera expresa, clara y determinante” porque, señala, de ello dependerá la solicitud de medidas cutelares reales y en el momento que sea oportuno la posible indemnización. En el listado de perjudicados, el escrito cita a Gesturcal, del que dice que se se ha apartado del procedimiento al no sentirse perjudicada y a la Junta, de la que “parece inferirse que formula reclamación por la adjudicación de Unifica Servicios Integrales de lo servicios de guardería, cafetería y restauante, que está aún pendiente de tasación. El resto de los posibles perjudicados, con un capital ya menor, son: las diputaciones de Soria, Palencia, Burgos, Ávila, Salamanca, Segovia, León y Zamora, Caja Duero, Caja España, Caja Ávila, Caja Segovia, Caja Municipal de Burgos y Caja del Círculo Católico.
En su escrito, el Ministero Público sostiene que el alquiler del edificio de Arroyo parte de una “decisión personal” del ex consejero de Economía, primro a través de la Agencia de Desarrollo, pero cuando se frustró esta primera opción, al poner objecciones la mesa de contratación, se buscó la fórmula para hacer lo mismo a través de Gesturcal, mediante una adjudicación de forma directa a Urban Proyecto. En este sentido, la Fiscal sostiene que se hizo conculcando “gravemente” la legislación existente ya que no cabe encomienda de gestión entre la Consejería de Economía y Gesturcal y debía haberse respetado la normativa de contratos de la Administración, es decir, ajustando su tramitación a los procedimientos y formas de adjudicación previstos en la ley conforme a los principios de publicidad, libre concurrencia e igualdad.
Asimismo, constata que la copra del edificio de Arroyo excede del objeto propio de un contrato de servicios o una encomienda de gestión y recuerda que la Consejería de Economía no era conpetente ni para alquilar ni para comprar edificios ya que ésta residía en la Consejería de Hacienda que, si bien, delegó en la primera la posibilidad de alquilar un edificio, nunca lo hizo para comprarlo, como ocurrió finalmente.
Por otra parte, también se reseña que la investigación patrimonial de Rafael Delgado ha sacado a la luz la existencia de disposiciones de dinero que “no guardan concordancia con sus ingresos como miembro de la Administración Autonómica” y apunta que hay claros indicios de delito de blanqueo de capitales y de cohecho.
Esta investigación se inició en octubre de 2014, tras la denuncia del Partido Castellano ante la Fiscalía de Castilla y León de la presunta comisión de delitos por parte de los responsables de las empresas públicas de Castilla y León Provilsa, Somacyl, ADE Parques y ADE Financiación, durante los ejercicios 2010 y 2011, y en la que se apuntaba la posible comisión de delitos por la presunta adquisición de terrenos para futuros polígonos industriales, a través de empresas intermediarias, con un incremento del 500 por ciento en el precio inicial de los terrenos.
