El juez cita a declarar a Tomás Villanueva como 'imputado' por la compra del edificio 'La Perla Negra'
El ex consejero de Economía y ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, tendrá que declarar el próximo 27 de noviembre como investigado en la causa que el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid tiene abierta para esclarecer las presuntas irregularidades en la adquisición del Edificio de Soluciones Empresariales en Arroyo de la Encomienda, de la compra de los terrenos del polígono industrial de Portillo y del alquiler de la sede de la Junta en Bruselas, según informaron a la Agencia Ical fuentes jurídicas.
Se trata del edificio conocido como popularmente como La Perla Negra, por el que, según los informes de la Intervención General de la Adminstración del Estado (IGAE), se habrían pagado 10 millones de más por el edificio, aunque en esta cantidad no se han incluido los 4,4 millones de una adjudicación a dedo a Unifica Servicios Integrales, el estudio de arquitectos que reformó con pagos en negro, la sede del Partido Popular en la calle Génova, o la adjudicación de distinto mobiliario para la guardería del edificio y otras dependencias, pendientes de tasación.
El Edificio Arroyo, en Arroyo de la Encomienda, y su sobrecoste de 50 millones de euros mantiene imputados a 13 altos cargos de la Junta.
La 'imputación' llega después de que el Ministerio Fiscal le atribuyera los presuntos delitos de revelación de secreto, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración y malversación de caudales públicos. La declaración de Villanueva, según un escrito notificado hoy a las partes por el titular del Juzgado, César Gil Margareto, a partir de las 9.30 horas.
En el mismo escrito el juez también llama a declarar como testigos a la administradora de la empresa Unifica Servicios Integrales, Belén García García, sociedad encargada de la división del edificio de Arroyo y de la instalación del mobiliario, y a María Montserrat Marques Martín, vinculada a Nereo de Inversiones y Proyectos, empresa que vendió en septiembre de 2012 una vivienda ubicada en el Paseo Zorrilla a una sociedad en la que tenía participaciones el entonces secretario general de la Consejería de Economía, Rafael Delgado.
El Ministerio Fiscal argumentó en el escrito remito al Juzgado que la decisión de alquilar y comprar el edificio de Arroyo de la Encomienda y todas las negociaciones llevadas a cabo tanto por la entonces viceconsejera Begoña Hernandez y el exsecretario de la Consejería Rafael Delgado, se hicieron bajo las órdenes directas de Tomás Villanueva y apreció que la consideración de Delgado como alto cargo de a Junta “ha estado unida al desempeño de Tomás Villanueva Rodríguez de funciones públicas en cargo superior”.
Además, en este sentido, apuntó que como máximos responsables de la Consejería de Economía y Empleo, disfrazaron la adjudicación directa de los contratos de Gesturcal, “que ya estaban previamente decididos, tanto en su realización como en la empresa con la que contratarían”, mediante su inclusión en un Consejo de Administración de una sociedad pública, “eludiendo de esta manera la aplicación del Derecho Administrativo”.
En el escrito también se aseveró que los contratos se “limitaban a plasmar una decisión personal de los investigados -Tomás Villanueva, Rafael Delgado y Begoña Hernández- de adjudicar directamente a Urban Proyecta el alquiler de un edificio y su posterior compra por Gesturcal, en tanto que no pudo hacerse previamente a través de la ADE por las objeciones y requisitos exigidos por la mesa de contratación”.
Al mismo tiempo, afirmó que tomaron esta decisión “siéndoles indiferente” la falta de competencia de Gesturcal y del propio consejero para alquilar y comprar inmuebles y de que se estaba vulnerando el Derecho Administrativo. La fiscal también apuntó al elevado precio del edificio y asegura que argumentaron esta decisión aparentando un interés público bajo la “falta pretensión” de unificar en una sede varios centros directivos de empresas vinculadas a la Consejería de Economía “sin ni siquiera haber realizado un estudio de costes y posibles pérdidas para la sociedad”.
Cantidades indebidas
Por otra parte, la fiscal sostiene que Urban Proyecta, empresa que vendió a la Junta el edificio de Arroyo, sabía que iba a ser la adjudicataria de distintos contratos relacionados con este inmueble cinco meses después de su constitución y antes de ser la propietaria de los terrenos sobre los que se iba a construir el edificio. Así, apuntó que desde el otoño de 2005 ya facturaba pagos al estudio de arquitectos Lamela por la elaboración del proyecto ADE-Valladolid, sabiendo “que le iba a suponer importantes beneficios porque no se explica, desde el punto de vista empresarial, que adquiriera el terreno por 12 millones de euros cuando su adquiriente previo había pagado 600.000 euros”.
En este sentido, el texto señaló que si Urban inició los trámites para comprar los terrenos donde se iba a construir el edificio meses antes de la decisión de publicar el concurso, es porque “tuvo información al respecto que necesariamente sólo pudo facilitarse por quien tenía la facultad de decisión”, es decir, Tomás Villanueva y Rafael Delgado.
Con respecto a Urban Proyecta, también se indica que se abonaron facturas que superaron los 9,7 millones de euros -4,5 millones en concepto de carga financiera y el resto como consecuencia de divesos modificados- que podían considerarse como indebidos de acuerdo con el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
A su vez, en el escrito se recogió que en la contabilidad de Gesturcal/Ade Parques se incluye como precio pagado por la compra del edificio 66 millones de euros libre de IVA, por lo que en el supuesto más beneficioso para los investigados, “se habrían abonados alrededor de cinco millones de euros más, partiendo para ello de la propia tasación que sirvió de base para la compra”.
En su escrito, el Ministero Público sostuvo que el alquiler del edificio de Arroyo parte de una “decisión personal” del ex consejero de Economía, primro a través de la Agencia de Desarrollo, pero cuando se frustró esta primera opción, al poner objecciones la mesa de contratación, se buscó la fórmula para hacer lo mismo a través de Gesturcal, mediante una adjudicación de forma directa a Urban Proyecto. En este sentido, la Fiscal sostiene que se hizo conculcando “gravemente” la legislación existente ya que no cabe encomienda de gestión entre la Consejería de Economía y Gesturcal y debía haberse respetado la normativa de contratos de la Administración, es decir, ajustando su tramitación a los procedimientos y formas de adjudicación previstos en la ley conforme a los principios de publicidad, libre concurrencia e igualdad.
Asimismo, constató que la compra del edificio de Arroyo excede del objeto propio de un contrato de servicios o una encomienda de gestión y recuerda que la Consejería de Economía no era conpetente ni para alquilar ni para comprar edificios ya que ésta residía en la Consejería de Hacienda que, si bien, delegó en la primera la posibilidad de alquilar un edificio, nunca lo hizo para comprarlo, como ocurrió finalmente.
Por otra parte, también se reseñó que la investigación patrimonial de Rafael Delgado ha sacado a la luz la existencia de disposiciones de dinero que “no guardan concordancia con sus ingresos como miembro de la Administración Autonómica” y apuntó que hay claros indicios de delito de blanqueo de capitales y de cohecho.
