El PP en Diputación insiste en no pagar facturas a la 'Púnica' pero no valora si los 105.000 euros fueron ilegales

El ex presidente de la Diputación, Marcos Martínez, y el exinterventor, Jesús López, aún imputados en la Operación Púnica junto al exresponsable de Presidencia, Pedro Vicente Sánchez.

C.J. Domínguez

El equipo de Gobierno del Partido Popular en la Diputación de León respalda “por supuesto” todos los argumentos jurídicos empleados por el letrado contratado por la institución para defender que no deben pagar los 7.200 euros que a la institución les reclama la empresa Madiva, del 'conseguidor' de la Operación Púnica Alejandro de Pedro, en un juicio celebrado ayer en León, al que acudió personalmente y por sorpresa el propio De Pedro y que fue relatado en excusiva por iLeon.com.

Un respaldo político a argumentos del abogado tales como que las facturas de Madiva, por supuestos trabajos en una red de diarios digitales zombies para mejorar la reputación personal de Isabel Carrasco primero y su sucesor Marcos Martínez Barazón después, eran facturas “ficticias”, que no fueron fruto de contrato alguno o que eran tan irregulares que “no se pagan porque nadie quiere ir a la cárcel” en la institución provincial.

Porque en el fondo este tipo de pagos se enmarcarían “en una trama corrupta”, la que mantiene imputado a De Predro por parte de la Audiencia Nacional por el abono de 105.000 euros en total desde 2012 a esta compañía, graves imputaciones que también pesan sobre el expresidente Martinez Barazón, el viceinterventor de la Diputación, Jesús 'Suso' López, y el excoordinador de Presidencia, Pedro Vicente Sánchez.

Pese a este argumento, el portavoz del equipo de Gobierno, Francisco Castañón, se zafó de valorar si esta posición concreta respecto a los 7.200 euros de dos nuevas facturas que la institución no abonó tras saltar el escándalo no conlleva un reconocimiento implícito de la ilegalidad de los pagos hasta los 105.000 satisfechos a Madiva en su día.

“No voy a entrar”, zanjó Castañón, aduciendo que además se trata de “un tema absolutamente judicializado” y repleto de “valoraciones jurídicas” que aún deben sustanciarse cuando se produzca el juicio de la vertiente leonesa de la trama Púnica, que suma muchos meses de retraso.

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