Los afectados por la planta de biomasa de Navatejera formalizan la demanda por la venta de parcelas
La Asociación de Afectados por la Ubicación de la Incineradora de Biomasa de Navatejera (Afubiona) ha cumplido su anuncio y ha formalizado el pasado viernes una demanda contencioso-administrativa contra la Junta Vecinal de Navatejera y el Ayuntamiento de Villaquilambre.
La plataforma ha explicado que ahora los tribunales tendrán que determinar si el convenio firmado “a toda prisa” por el Ayuntamiento de Villaquilambre, la Junta Vecinal de Navatejera y Somacyl y la posterior venta de dos parcelas públicas destinadas a la Central Térmica de Biomasa se han ajustado a la legalidad.
Los afectados defienden que estas actuaciones son “contrarias a la normativa aplicable” y, por ello, pretenden obtener un pronunciamiento judicial que ponga fin a este proyecto cuanto antes, tal y como sucedió en Cantamilanos y Eras, todo ello bajo la dirección de Víctor Álvarez Bayón del Despacho de Abogados Cordal.
Desde la plataforma han querido hacer un llamamiento al alcalde y concejales de Villaquilambre para que recapaciten y paralicen los expedientes que tramitan para la Planta de Biomasa hasta que el juez resuelva al respecto.
“No entendemos las prisas en este asunto ni el beneficio que obtiene el municipio de Villaquilambre en poner en marcha esta instalación. Es evidente que la red de calor si favorece a alguien, lo que ponemos en duda, es a algunos edificios públicos de León capital. No es de recibo que en este conflicto se pretenda una huida hacia delante con el proyecto cuando el asunto ya está pendiente de resolución judicial. Si el juez anula todo, el Ayuntamiento y Junta Vecinal tendrán que pagar los platos rotos de algo que ni nos va ni nos viene a los vecinos de este Ayuntamiento”, explican desde este colectivo.
Por otro lado, la plataforma ha criticado que el Ayuntamiento de Villaquilambre lleve más de dos meses impidiendo el acceso al proyecto de la Red de Biomasa que se pretende ubicar en Navatejera. En concreto, aseguran que el propio Ayuntamiento les comunicó en mayo que se tramitaba la autorización excepcional y que incluso había una memoria presentada por Somacyl.
Por ello, la plataforma afirma que va a presentar una denuncia al Comisionado de Transparencia que es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y garantizar el derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública.
