El gestor de las basuras de la provincia de León tendrá que despedir a parte de su plantilla

Cal y arena para la situación jurídica del Consorcio Provincial para la gestión de los residuos sólidos urbanos en la provincia de León (Gersul). Un informe emitido por el Consejo Consultivo de Castilla y León concluye que este órgano carece de capacidad legal para contratar personal laboral temporal para el ejercicio de funciones de recaudación, pero por contra avala la legalidad de la tasa que cobra a los leoneses por gestionar sus basuras.

Gersul salva así una cuestión crítica sobre su funcionamiento y que de haber sido en sentido contrario podría haber supuesto un quebranto millonario para sus arcas al haber tenido que devolver lo cobrado más intereses de los últimos cinco años, con una cifra que podría haber soprepasado fácilmente los 100 millones de euros. Este informe ha sido la estrategia seguida por el Ayuntamiento de León y Gersul para salvar otro elaborado en Intervención municipal que consideraba ilegal “la actual asunción por el consorcio Gersul de competencias en materia tributaria y de recaudación así como la contratación de personal laboral temporal efectuada para el ejercido de funciones de recaudación”. Para aclarar este asunto se decidió acudir al Consejo Consultivo que preside el exalcalde de León Mario Amilivia, cuyo informe no es vinculante pero tiene el peso de ser una institución externa que, entre otros asuntos, informa sobre la legalidad de diversos procedimientos administrativos.

Gersul es un ente de carácter público adscrito al consistorio leonés, ya que es su principal accionista. Pero tal y como adelantó el Diario de León volverá a estar adscrito a la Diputación de León tras un acuerdo entre ambas instituciones, que es quien de facto se encarga de su gestión, a partir del próximo ejercicio económico. Una norma del Ministerio de Hacienda obligaba a estos entes a formar parte de la contabilidad pública de su principal partícipe o de uno de ellos que sea quien lo gestiones, lo que facilita el traspaso de León capital a la institución provincial. La presidencia del ente recae actualmente en Ángel Calvo, diputado provincial y alcalde de Páramo del Sil y número 2 del PP de León como secretario provincial.

Gersul administra un presupuesto de más de 20 millones de euros, uno de los más importantes de toda la provincia, cargados de polémica por una gestión muy oscurantista. En los últimos meses este ente ha estado prácticamente bloqueado por la falta de secretario provocando problemas de pagos a la UTE Legio VII (conformada por FCC y Urbaser) que es quien gestiona el vertedero de San Román de la Vega y a quien destina la mayoría de su presupuesto. En los últimos años las polémicas han rodeado a este ente público, que tuvo que asumir una abultada indeminzación por haber colocado a una funcionaria 'carrasquista' en un puesto de forma irregular y que los tribunales corrgieron después.

Personal 'extra' para recaudar

El Consejo Consultivo entiende que Gersul puede crear y administrar la tasa que cobra, que en caso contrario habría supuesto una devolución millonaria a los bolsillos de los leoneses

Las principales atribuciones de Gersul son dos. Por un lado gestionar el Centro de Tratamiento de Residuos, ahora en manos de la UTE Legio VII y ya en construcción una polémica ampliación de la que se hará cargo la empresa pública Somacyl, dependiente de la Junta de Castilla y León. El segundo es la recaudación de la tasa que se creó para gestionar las basuras, que en estos años ha sido un servicio básicamente privatizado en manos de dos empresas. Su deficiente gestión ha provocado, según cálculos de Gersul hechos públicos en una asamblea, que a finales de 2016 se acumularan impagos de alrededor de 14 millones de euros de su tasa por diversas deficiencias en la gestión, una cifra que casi igualaba a la recaudación anual media de 16 millones de euros.

Gersul asumió en septiembre de 2016 la gestión directa de los recibos de la basura de los leoneses mientras se resolvía un pleito con una de las empresas que lo llevaban de forma privatizada, que ganó finalmente a principios de este año. Para ello la asamblea de Gersul aprobó una modificación presupuestaria por casi 120.000 euros para asumir los costes de gestión hasta fin de año, que implicaba además abrir dos oficinas recaudatorias, una en León y otra en Ponferrada.

Lo que sí desvelaron los dirigentes de Gersul en la asamblea fue el coste estimado anual de gestionar la entidad pública directamente los recibos, alrededor de 450.000 euros. Una cifra que es poco más de la mitad que los 750.000 euros que ha pagado los últimos años. Para gestionar este asunto se contrató a cinco personas, tirando de una lista ya creada en la Diputación de León para empleados públicos. Según se puede desprender del informe del Consultivo esas personas deberían ser despedidas puesto que el ente no tiene capacidad para contratar personal temporal con funciones de recaudación.

Con carácter general, aunque hay excepciones reguladas, los consorcios tipo Gersul no pueden tener personal propio sino que éste debe ser de la institución de la que depende y estar cedido al consorcio para unas funciones determinadas. Además del personal extra para recaudación el ente cuenta con siete funcionarios y seis trabajadores laborales, a los que se debería dar una salida tipo la que se hizo con los trabajadores del Consorcio Provincial de Turismo, a los que se 'funcionarizó' de forma polémica en la Diputación para cumplir con la normativa general.

En el aire está además qué pasará finalmente con la recaudación de Gersul, si se vuelve a privatizar conociendo los desastrosos y caros resultados previos o se pasa a gestionar desde el Servicio de Recaudación de la propia Diputación de León, algo cuya mera sugerencia genera tensiones internas en el Palacio de los Guzmanes. La tercera vía, hilando muy fino jurídicamente, sería contratar a personal para recaudación que no tuviera carácter de temporal pero salvando el asunto de que en general este órgano no puede tener personal propio.

Cuestionado el presidente de Gersul sobre este informe declinó realizar valoraciones del mismo y de su impacto al no haber sido recibido por el consorcio todavía. El informe fue solicitado por el Ayuntamiento de León, que sería quien debería elevarlo a los órganos de gestión de Gersul, en los que participa con una vicepresidencia. Pero el informe ya es público y cualquiera puede consultarlo en la página web del Consejo Consultivo de Castilla y León.