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Medio Ambiente

La Junta niega "vacíos legales" sobre el lobo a pesar del enésimo varapalo judicial a la Consejería

Suárez-Quiñones matiza la última sentencia y garantiza "una respuesta normativa en cada escenario que se plantee" tanto para conservar al lobo como para compensar sus posibles daños.

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Rubén Cacho / ICAL El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en las Cortes de Castilla y León.
ICAL | 12/02/2018 - 13:29h.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, pidió hoy "que nadie se alegre de vacíos normativos" en la gestión del lobo en la Comunidad puesto que "no los hay". "Habrá una respuesta normativa en cada escenario que se plantee para una adecuada gestión y conservación del lobo, que nos permita coordinar todos los intereses en juego", aseguró.

El consejero reaccionaba así a la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de anular del Plan del Lobo de la Junta de Castilla y León, sobre todo por la ausencia de informes independientes, una decisión que llevó a Ecologistas en Acción a exigir responsabilidades políticas. Y es que, además, la decisión del TSJ se suma a muchas otras que han 'tumbado' en los tribunales gran catidad de normas, leyes, decretos y trámites de la Consejería de Medio Ambiente, desde la pretensión de realizar la estación de esquí de San Glorio a la mayoría de los parques eólicos, pasando por la Ciudad del Medio Ambiente de Soria o el proyecto de estación de esquí en Valladolid, por citar algunas.

La nueva reacción del consejero se debe a la decisión de pasado 6 de febrero del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de anular íntegramente el Plan de Conservación y Gestión del Lobo ante la falta de informes técnicos o científicos "independientes" que avalen y aconsejen el establecimiento de las medidas de control y aprovechamiento cinegético que se disponen en el decreto que 14/2016, que estaba en vigor tras haberse derogado parcialmente también el anterior, de 2008.

"La sentencia estima dos motivos de forma de los cuatro que se habían planteado por la parte recurrente. No se entra por lo tanto en el fondo del recurso. Afecta a un trámite económico y a un trámite relativo a la intervención de la comisión técnica, que se produjo en el año 2013, una sesión de esa comisión técnica, peor que a juicio de la sala no tuvo el contenido y la formalización adecuada", detalló el consejero.

"Nuestra voluntad es hacer las cosas lo mejor posible, y por lo tanto adecuarnos a los criterios que establezcan los tribunales, aunque no sean firmes las sentencias, y aunque no compartamos algunos de esos criterios. Todos nuestros procedimientos administrativos van informados jurídicamente a través de nuestros servicios jurídicos", prosiguió.

Asimismo, hizo especial hincapié en que "no hay ningún vacío normativo que impida una adecuada gestión de dos intereses: la conservación del lobo y otros intereses como los agroganaderos". En su opinión, la normativa busca el equilibrio entre la conservación del lobo, que ha dado frutos de "una buena gestión, demostrada y reconocida por la UE, que ha permitido pasar de tener 400 lobos en la Comunidad hace veinte años a los 2.000 de la actualidad", y la defensa de otros intereses, "también protegibles y muy importantes para nosotros como la ganadería".

"Por tanto quien se alegra de que pudiera haber un vacío normativo, que deja sin control y sin gestión el lobo, se equivoca, porque hay normas, y hay distintos escenarios de normas ante los distintos escenarios que se pueden plantear en la gestión de la ejecución o de lo que llega a ser esta sentencia si es recurrida o si no es recurrida, que es lo que ahora se está barajando por los servicios jurídicos y técnicos de la Consejería", remachó.

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