Las juntas vecinales exigen un período transitorio y más medios para cumplir con los 'asfixiantes' cambios del Gobierno
Las federaciones de Asturias, Cantabria, Álava, Cataluña, Palencia, Salamanca y León, que representan a 2.415 entidades locales menores, o lo que es lo mismo, a dos de cada tres juntas vecinales o entidades similares de todas las existentes en España, se han reunido hoy para marcar una estrategia conjunta en defensa de sus supervivencia, puesta en peligro por el Gobierno del PP tras la aprobación unilateral del polémico Real Decreto 128/2018 que regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación nacional.
Y el primero de los acuerdos adoptados es el de exigir al Gobierno un amplio periodo transitorio para amoldarse a las exigencias que contiene el Real Decreto, al menos de año y medio de espera, para que los ayuntamientos y las administraciones competentes, especialmente la Diputación, dispongan de tiempo para la contratación de personal cualificado para cumplir las tareas que esta normativa impone para la transparencia y buena gestión de las pedanías.
Del mismo modo, por boca del leonés responsable en la Federación Española de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España, Carlos González-Antón, las entidades locales menores exigen “un esfuerzo de inversión en medios materiales y humanos” para evitar que la nueva norma ahogue a las juntas vecinales e incluso haga que muchas de ellas desaparezcan. Porque como admitió, las trabas interpuestas es previsible que hagan a muchos vecinos desistir de presentarse como candidatos en las próximas elecciones, dentro de un año, lo que abocaría a su disolución.
Así lo acordaron hoy los representantes de las federaciones de Asturias, Cantabria, Álava, Cataluña, Palencia, Salamanca y León reunidas en León para tratar este espinoso asunto, un “torpedo en la línea de flotación” de las entidades locales menores.
Las federaciones denunciaron la absoluta falta de diálogo y criticaron situaciones concretas, como ejemplo de falta de medios, caso por ejemplo de la Diputación de León, donde sólo un funcionario está habilitado para prestar ayuda a las pedanías en el cumplimiento de los nuevos y estrictos requisitos, un funcionario para las más de 1.200 juntas vecinales existentes, la provincia que más de España, mientras en la Diputación de Valladolid hay nueve. González-Antón estimó que serían necesario un esfuerzo incrementar entre 25 y 30 en León para hablar de una situación idónea.
Todos ellos denunciaron “una absoluta falta de sensibilidad con el primer eslabón de la adminitración hacia los ciudadanos, especialmente en los núcleos rurales”, donde luego tanto se habla por parte de los partidos políticos del problema de la despoblación.
A estos partidos se dirigió José Manuel García del Valle, presidente de la federación de Asturias, quien ya ha pedido al ministro Montoro que paralice la aplicación real y automática del Real Decreto, y confió en que las formaciones impulsen y aprueben una Proposición no de Ley en el Congreso para derogar, al menos, el artículo 5 del Real Decreto.
