Más del 80% de jueces y fiscales de León se suman a una jornada de huelga “histórica”

Jueces y fiscales de León y Ponferrada informan sobre la jornada de huelga del 22 de mayo.

Jueces y fiscales de la provincia de León y del resto de España han realizado este martes una jornada de huelga para exigir mejoras laborales y también más medios económicos y humanos para lograr “una justicia moderna y eficaz” que sea, además, “independiente, moderna y ágil”.

Una jornada de huelga calificada de “histórica” por los propios profesionales de la justicia porque se han sumado todas las asociaciones de jueces y fiscales existentes y que en la provincia de León ha tenido un amplio seguimiento de más del 80%.

Así, en la Fiscalía de León el seguimiento ha sido del 94%, en la Fiscalía de Ponferrada del 71%, en la Audiencia Provincial de León del 100%, en relación a los jueces de León del 71% y a los de Ponferrada de un 75%. Todo esto, ha llevado a suspender dos juicios en la Audiencia Provincial, todos los procedimientos previstos en la Fiscalía de León actuaciones judiciales en la provincia. Datos en los que no se han tenido en cuenta los servicios mínimos.

A nivel nacional, las cifras de participación son algo más reducidas. Así, alrededor del 60% de jueces y fiscales se han sumado a esta jornada de protesta,3.524 jueces y 1.295 fiscales, según datos provisionales.

Reivindicaciones

Las reivindicaciones de jueces y fiscales se centran en 14 medidas que han sido pactadas por todas las asociaciones judiciales y que consideran imprescindibles para mejorar la administración de justicia y que ésta sea “más ágil, de más calidad, más moderna e independiente”.

En el materia de independencia judicial, reclaman una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que reforme el Consejo General y garantice la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados, asegurando la igualdad de género y representatividad.

Reclaman también que se ampare de modo efectivo a los jueces ante ataques a su independencia y que se supriman los magistrados nombrados por los parlamentos autonómicos.

Por otro lado, en cuanto a la modernización, exigen al Gobierno un plan de inversión suficiente y prolongado, más plazas en la planta judicial y fiscal con una convocatoria de mínimo 300 plazas en los próximos cuatro años, además de mejora de la digitalización para evitar que se convierta en un lastre que ralentice el trabajo, como está sucediendo en estos momentos.

En materia laboral los jueces reclaman una convocatoria inmediata de la mesa de retribuciones para recuperar el nivel salarial perdido en 2010, además de modificar el sistema de permisos y medidas de conciliación que se garantice la contabilización entre una carrera profesional y la vida familiar, entre otras. Asimismo, los fiscales exigen una autonomía presupuestaria.

Ambos colectivos reclaman revertir los recortes que se impusieron durante la crisis económica como la pérdida de días de asuntos propios, canosos o días de vacaciones o reducciones de sueldo, que a otros colectivos de funcionarios ya les han sido revertidos.

Por todo ello, anuncian que seguirán con las movilizaciones hasta que el Gobierno y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, les escuche.

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