La justicia exige a Cacabelos 230.000 euros por no tener un programa de prevención de riesgos
El Juzgado de lo Social de Ponferrada requirió al Ayuntamiento de Cacabelos, a través de una orden judicial, el pago de 230.000 euros a la Seguridad Social en concepto de recargo de prestaciones porque los anteriores responsables del Consistorio no pagaron durante un año el programa de prevención de riesgos laborales a que obliga la normativa.
La orden judicial es consecuencia de la sentencia que dio la razón a la anterior secretaria del Ayuntamiento, que denunció que la “falta de medidas de seguridad en el trabajo” que provoco la ausencia de un plan municipal de prevención de riesgos le causó una enfermedad. Los hechos se produjeron durante la etapa de gobierno de Adolfo Canedo, al que el actual equipo de Gobierno le solicita que dimita como “concejal tránsfuga de este Ayuntamiento”. El exalcalde, que inició el actual mandato como jefe de la oposición y portavoz del PP, abandonó la militancia de los 'populares' tras la apertura de un juicio oral contra él por otro caso.
Sobreseimiento
Por otro lado, Canedo anunció hoy que la Audiencia de León confirmó hoy el sobreseimiento de una denuncia interpuesta contra él por el responsable de una constructora local por un asunto urbanístico relacionado con la licencia para demoler una valla de cierre. La actual sentencia confirma la emitida anteriormente por el Juzgado de Ponferrada y descarta los delitos de desobediencia, delito contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística que se imputaban al exregidor.
En ese sentido, el exalcalde valoró el auto como el punto y final a un “largo calvario” por el que ha tenido que pasar en estos años y que se ha traducido en un “acoso judicial, político, social y empresarial”, denunció. “Yo únicamente me limité a cumplir escrupulosamente con la legalidad y lo que los informes técnicos y jurídicos municipales indicaron en su día”, señaló Canedo, que se felicitó porque estos hechos se archiven por tercera vez.
