Primer auto de prisión en Badalona en el caso de corrupción Enredadera, con Ulibarri ya ante el juez

El empresario leonés José Luis Ulibarri en el momento de llegar detenido a declarar por la trama Enredadera esta tarde en el Juzgado de Badalona que lleva el caso.

ILEÓN / Eva Parey

En el número 32 de la vía pública Carrer d'En Prim de Badalona (Barcelona) hay hoy una calma extraordinaria, indiferencia más bien. En todo caso, casi nula expectación. Y eso que es aquí donde tiene su sede el Juzgado de Instrucción número 2 que, a petición de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC), pilotará en una decisión poco usual uno de los casos de corrupción de contratos en el ámbito municipal más amplio del país, el que estalló este martes en diez comunidades autónomas y las provincias de León, Barcelona, Gijón, Huesca, Madrid, Málaga, Oviedo, Teruel, Valladolid, Vitoria, Palencia o Zaragoza, entre otras. Un juzgado local, y no la Audiencia Nacional, que es quien ostenta la competencia en causas que afecten “a una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia” provincial.

Poco después de las seis de la tarde ha comenzado el 'desfile' de la segunda tanda de implicados con esta presunta trama, cinco en total, y entre ellos el conocido empresario leonés José Luis Ulibarri, dueño de un emporio de empresas de comunicación, obras y servicios. Ha llegado en un 'zeta' de la Policía Nacional para responder, si no se acoge a su derecho a no declarar, a las preguntas del magistrado y el fiscal.

Casi en el mismo momento de su llegada, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña informaba de que de los cuatro que han prestado declaración esta mañana, dos ellos vinculados a la empresa Gespol de gestión de radares y multas de tráfico y otros dos responsables de los municipios de Mollet del Vallés y Tiana (ambos en Barcelona), uno -sin especificar cuál- ha sido enviado ya a prisión provisional, comunicada y sin fianza y los otros tres investigados -imputados-, en libertad con medidas cautelares como la retirada del pasaporte y personación periódica.

Junto a Ulibarri, hoy mismo, comparecerá también el empresario astorgano Ángel Luis García Martín, apodado 'El Patatero' haber poseído una empresa de distribución de tubérculos que traspasó a un inversor americano, mano derecha de Ulibarri en la ciudad maragata, y propietario entre otras de la empresa Agema Ingeniería y Servicios.

Y también, procedentes de la Comisaría de León, donde pasaron la noche, mañana jueves 5 de julio serán interrogados los otros cuatro, al menos, implicados en lo más duro de la instrucción, sobre la que pesa el secreto de sumario. Se trata de Juan José Simón Callejo, el exteniente de alcalde del PSOE en Astorga e importante empleado de la firma Agema; el concejal de Ciudadanos en San Andrés del Rabanedo y único diputado provincial de la formación, Juan Carlos Fernández; así como el cargo de confianza en esta misma institución y ex líder provincial de Ciudadanos, el polémico Sadat Maraña.

Las preguntas las emitirá el magistrado sobre el que ha recaído tan compleja causa, Pablo Jesús Alonso García, según publica hoy El Diario Vasco, a pesar de que tiene una importante sobrecarga de trabajo. Porque según el mismo rotativo fue nombrado en marzo de este año como juez de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona para ayudar en la no menos compleja investigación judicial sobre 'procés' independentista en Cataluña.

A lo largo del día, y a pesar de lo amplio de la repercusión de esta operación anticorrupción, apenas tres medios de comunicación se habían personado en este Juzgado 'de barrio' del que dependerá el futuro penal de los al menos seis implicados de la provincia leonesa: ILEÓN, Cadena Ser y TV3. Y en el interior, idéntica calma funcionarial y numerosas facilidades para la labor informativa que contrasta con los habituales problemas en hechos menos relevantes en los juzgados leoneses.

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