Las policías locales abren 1.100 expedientes en 2017 por incumplimiento de la normativa sobre consumo de alcohol

Los agentes de las policías locales de la Comunidad abrieron el año pasado 1.100 expedientes por incumplimiento de la normativa del consumo de alcohol, entre los que están las infracciones por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública o en centros escolares, despacharlas en los locales de hostelería y venderlas en establecimientos comerciales. Es uno de los datos que destacó hoy la Comisionada Regional para la Droga, Esperanza Vázquez, durante la presentación del balance del primer año del Plan autonómico sobre drogas (2017-2021) quien destacó el esfuerzo de las corporaciones locales de más de 20.000 habitantes en Castilla y León y las diputaciones. No en vano, citó las intervenciones de agentes de la Policía Municipal en zonas de concentración masiva donde se consume alcohol en la vía pública, a través de los botellones.

Otra de las medidas adoptadas por las entidades locales en el área de intervención y cumplimiento de la normativa es que una docena de ayuntamientos vigiló la renovación de licencias y adoptaron medidas para evitar la permisividad durante las fiestas y restricciones de casetas. Vázquez puso el acento en el control del alcohol tras comprobar que es una droga socialmente “bastante” aceptada.

Alertó del uso nocivo de bebidas alcohólicas que tiene graves repercusiones sociales y sanitarias para el consumidor, su familia y para la sociedad en general. Especialmente, entre los menores de edad que consumen alcohol que son especialmente vulnerables a sus efectos perjudiciales, sobre todo cuanto más precoces e intensos son los consumos.

Esperanza Vázquez se felicitó por el descenso del consumo de alcohol entre los jóvenes, desde el año 2008, pero mostró su preocupación por la prevalencia. Recordó algunos datos de la Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (Estudes), donde participan escolares de la región, como que la edad de inicio en el consumo de alcohol se sitúa en 13,8 años y que el comienzo continuado se retrasa a los 15,2. “Son datos estables en los últimos años pero preocupan a la Junta al ser una edad muy precoz”, manifestó.

En cuanto a los consumos recientes de alcohol en el último mes, han pasado del 36,6 al 20,6 por ciento entre 2008 y 2016, es decir 16 puntos menos. También bajó 19 puntos el consumo por atracones mientras que las borracheras descendieron cuatro puntos en ese periodo.

La Comisionada Regional para la Droga abogó por la consolidación de las áreas de sensibilización, prevención y promoción del ocio sin alcohol, en las que 19 corporaciones locales realizaron en 2017 campañas y acciones de sensibilización de las que se beneficiaron más de 19.000 personas. Además, las 22 corporaciones locales que forman parte de la Red de Planes sobre drogas han mantenido y potenciado los programas de prevención familiar llegando a 1.885 padres y madres. Recordó que la mayor parte de las corporaciones locales ha impulsado actividades durante los fines de semana y vacaciones.

En el área de reducción de los daños, Vázquez valoró los cursos de formación en dispensación responsable de alcohol (DRA) con empresarios y trabajadores de la hostelería, con la participación de 204 personas. También el año pasado se organizaron los talleres de reducción de los accidente de tráfico en los que participaron 3.909 jóvenes, a los que hay que sumar el trabajo con mediadores en peñas y locales similares en 12 localidades.

Plan con 8,3 millones de euros

Esperanza Vázquez defendió la necesidad de “seguir trabajando” en la prevención integral, tanto en la escuela y la familia como en los lugares de ocio, a través de las alianzas comunitarias. Subrayó el esfuerzo de la Junta que este año destina 8,3 millones de euros para potenciar los programas de prevención y asistencia a drogodependientes, gracias a la colaboración de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades con una red de más de 60 entidades públicas y privadas de la Comunidad.

La Administración regional financia 74 centros que suman 400 profesionales, servicios y programas asistenciales especializados que gestionan las entidades sociales públicas y privadas, y entre los que se encuentran 13 centros específicos de primer nivel para todo tipo de drogodependientes (2.200 atendidos); 17 asociaciones de alcohólicos rehabilitados (1.600 personas); 11 centros de asistencia ambulatoria a drogodependientes; 7 centros de día (cerca de un millar); 8 comunidades terapéuticas (550 drogodependientes) y 2 centros residenciales de rehabilitación de alcohólicos (222 pacientes).

A través de estos recursos se atendieron en 2017, sin tener que soportar listas de espera, a 2.254 drogodependientes en centros específicos de primer nivel; a 3.863 en centros de asistencia ambulatoria a drogodependientes; 989 en centros de día; 550 en comunidad terapéutica; 1.608 alcohólicos en asociaciones de alcohólicos rehabilitados y 222 en centros residenciales de rehabilitación de alcohólicos.

La red de intervención en drogodependencias -de las que forman parte los ayuntamientos y las diputaciones- consiguió que el año pasado 25.900 castellanos y leoneses se beneficiaran de los distintos programas de prevención y de disminución de los riesgos y que 9.500 drogodependientes fueran atendidos en los programas de asistencia e integración social, tanto en el ámbito social como en el laboral.

El objetivo de todas estas actuaciones es evitar los daños físicos, psicológicos y sociales de las drogodependencias, para lo que se refuerzan las intervenciones preventivas y asistenciales especializadas, con especial énfasis en el alcohol, tabaco y cannabis, y en la disminución de los riesgos en el ámbito social y laboral. Y es apuntó que el consumo de porros es similar al del alcohol, que pese a ser una droga ilegal hay poca percepción de riesgo. De ahí que el 18 por ciento de los jóvenes reconozca que ha consumido cannabis en el último mes.

Éxito de 'Ícaro-alcohol'

Al sumar los participantes en todos los programas del Plan Regional sobre Drogas, se supera la cifra de 60.000 personas, de las que mayor parte pertenecen a las acción de prevención. En ese sentido, valoró el proyecto 'Ícaro-alcohol' que la Consejería puso en marcha, como piloto, en Valladolid. A lo largo del primer semestre de 2018, de los 24 menores que acudieron a los servicios de urgencia por consumo de alcohol en Valladolid 18 fueron derivados a un servicio especializado y de referencia para ser tratados en programas preventivos.

No en vano, el proyecto consiste en que los menores atendidos en urgencias hospitalarias y sus familias reciben información por parte de los profesionales sanitarios sobre los programas de prevención en drogas y alcohol. Su derivación dependerá del consentimiento que deben dar los padres del joven. La iniciativa, puesta en marcha de forma conjunta por las consejerías de Familia y Sanidad en colaboración con entidades del tercer sector, se ha extendido a Ávila, Palencia y Segovia y el objetivo es que llegue a todas las provincias de la Comunidad porque, en palabras de Vázquez, es un proyecto “interesante para lograr la concienciación” sobre todo entre los menores y los adolescentes que son un colectivo “muy vulnerable”.