Las reclamaciones por negar documentos públicos se doblaron en 2017 según el Comisionado de Transparencia

El Procurador del Común saliente, Javier Amoedo, en las Cortes autonómicas. Fotografía:  Dos Santos (ICAL).

Agencia ICAL / ileon.com

Por segundo año consecutivo, el Comisionado de Transparencia, que es a la vez el defensor del ciudadano en la comuniad autónoma de las regiones de Castilla y León, protesta porque “la inexistencia de medios personales y materiales específicos destinados

al ejercicio de las funciones asignadas al Comisionado y a la Comisión de Transparencia condiciona notablemente su desarrollo y puede llegar a comprometer el de las competencias propias del Procurador del Común“. Así lo indicó el saliente de los dos cargos, Javier Amoedo, en su informe anual de Transparencia ante las Cortes de Valladolid.

“Hemos debido redoblar nuestro esfuerzo para tratar de consolidar al Comisionado y a la Comisión de Transparencia como ejes sobre los que gire el cambio hacia una cultura de la transparencia en la Comunidad”, expuso para recordar que que el Comisionado de Transparencia y la Comisión de Transparencia fueron dos organismos que se adscribieron, con separación de funciones y sin ningún incremento de gasto, a la institución del Procurador del Común.

Ya en el primer informe de Transparencia del año 2016, en el que evaluaba el primer año de su actividad en León y en Castilla, Amoedo protestaba enérgicamente por esta circunstancia: falta de dinero y de personal para afrontar la defensa del acceso a la documentación pública por parte de todas las personas. Incluso llegó a pedir multas para aquellas Administraciones públicas que no cumplieran con estas obligaciones. Peticiones que, a todas luces, cayeron en saco roto.

Un esfuerzo que queda demostrado con los datos ofrecidos hoy en la Cámara autónomica al dar a conocer la memoria del Comisionado de Transparencia, correspondiente a 2017. De cuyo transcurso informa ampliamente la Agencia ICAL: Amoedo destacó el “incremento notable” de la actividad de la Comisión de Transparencia el año pasado, tras recibir 202 reclamaciones —el doble que en 2016, cuando se recibieron 102— y adoptarse 155 resoluciones (por 66 en el año anterior).

Además, precisó que los datos actuales de 2018 confirman que este crecimiento no es coyuntural, ya que, pese a restar tres meses para finalizar el año, el organismo ha recibido casi las mismas reclamaciones que en 2017 (201) y se han adoptado 166 resoluciones (11 más que en todo el año anterior).

Sin plantilla suficiente para defender la Transparencia

Javier Amoedo reconoció que, al comunicarles entonces que la Procuradoría del Común iba a asumir las funciones del Comisionado de Transparencia, les “llamó la atención” que fuera con el mismo personal, sin entrar en el aumento de la retribución económica.

“Se ha producido un aumento importantísimo en el trabajo desarrollado pero solo ha habido un mayor esfuerzo del personal de la institución”, confesó el Procurador del Común. Y es que más de 5.000 administraciones, universidades, cámaras de comercio y universidades de la Comunidad, institutos públicos y fundaciones, entre otras, están sujetas a la normativa de transparencia.

A ello, recordó, se suma a que en diciembre pasado se marchó, voluntariamente, el adjunto al Procurador del Común. Un cargo que no se ha sustituido al señalar, el propio Amoedo, que no era “prudente” nombrar a otra persona, una vez que él había concluido su mandato. No hay que olvidar que Amoedo se encuentra en funciones desde marzo de 2017.

Ante esta situación, el aún Procurador del Común aseguró, en declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que “sería conveniente” un aumento del personal para “aligerar” nuestra labor y estar un “poco más desahogados”, sobre todo al comprobar que, cada año, aumentan las reclamaciones al Comisionado de Transparencia. Un incremento que, relacionó, porque los ciudadanos conocen más la institución.

“Llamada de socorro”

También los grupos de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) coincidieron a la hora de demandar más medios humanos y materiales para que el Comisionado de Transparencia pueda desarrollar, de forma adecuada, su función que no es otra que defender el derecho a saber de los ciudadanos y su acceso a la información pública.

La más crítica fue la portavoz socialista, Ana María Agudiez, quien habló de la “llamada de socorro y supervivencia” lanzada por el Comisionado, cuando señala que ese exceso de trabajo y la inexistencia de medios específicos condiciona “notablemente” su trabajo e, incluso, pone en peligro las funciones del Procurador del Común. “Debe hacernos reflexionar a todos porque puede llegar a comprometer sus competencias”, aseveró.

Agudiez consideró que avanzar en la transparencia de las instituciones no es un objetivo para el Partido Popular, sino solo una “mera declaración de intenciones”. La procuradora socialista criticó la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, aprobada en solitaria en 2015 por el PP, que nació con “graves limitaciones” y “carencias”, al no cotemplar un gasto adicional para desempeñar sus funciones. “Mientras siga así, la labor del Comisionado será improductiva y su misión será prácticamente imposible”, añadió.

Ibáñez salió al paso de estas críticas y recordó que el trabajo del Comisionado de Transparencia solo supone el 5 por ciento del trabajo de la Procuradoría del Común. Y es que, expuso, que las 202 reclamaciones de ese organismo son escasas frente a las 3.900 quejas que recibió el Defensor del Pueblo en Castilla y León el año pasado. “Es un trabajo asumible gracias a la profesionalidad del personal del Procurador del Común, aunque seguro que a los que reclaman más medios se les vendría el mundo encima si tuvieran que hacer frente a esta labor extra”, sentenció.

Críticas de Podemos: “Una ley sin recursos económicos”

La portavoz de Podemos en la comisión, María Josefa Rodríguez, criticó la Ley autonómica de Transparencia y Participación Ciudadana al no venir acompañada de recursos “sobre todo, de personal”, lo que afecta a la eficacia del Comisionado. En su opinión, la creación de un organismo de control público sin más medios supone un “obstáculo notable” para que cumpla las funciones encomendadas.

También, recordó que el PP rechazó la proposición de la formación morada para llevar a cabo una reforma legal y modificar el articulado de la norma, con el objeto de separar las funciones del Comisionado y la Procuradoría pero también para que las resoluciones adoptadas logren una “ejecución forzosa. ”Que este órgano cuente con medios propios es una cuestión de voluntad política, porque la transparencia debe sustentar el sistema democrático“, subrayó. Por último, expresó que el incremento de las reclamaciones es un ”argumento más“ para modificar la ley.

“Las Administraciones que se pasan 'por el forro' la ley, que cumplan”

Por su parte, José Ignacio Delgado, de Cs, incidió en esta idea al defender una reforma legislativa para que los dictámenes del Comisionado se cumplan. Y es que mencionó algunas entidades públicas incumplidoras que se pasan “por el forro” las resoluciones del organismo. También, planteó la aplicación de multas económicas. Al reclamar más medios, el procurador de la formación naranja demandó más capacidades tecnológicas para que los pequeños ayuntamientos puedan colaborar con el Comisionado. “Hay que acabar con la brecha digital”, espetó.

Javier Amoedo expuso, en la que posiblemente será su última comparecencia en las Cortes, el porcentaje de reclamaciones presentadas por los ciudadanos ante la Comisión por la ausencia de respuesta a las solicitudes de información, que ha pasado del 70 al 80 por ciento. A su juicio, esto evidencia que sigue siendo “muy usual” que los castellanos y leoneses no obtengan respuesta a sus peticiones de información.

Las administraciones más incumplidoras

Respecto a las administraciones y entidades afectadas por las reclamaciones, al igual que ocurrió en 2016, fue la administración local, incluyendo su sector público, la que concentró el mayor número (un 65 por ciento); por su parte, en un 23 por ciento de las ocasiones la reclamación se interpuso frente a la actuación de la administración autonómica ; un 8 por ciento de ellas se dirigieron frente a universidades públicas; y, finalmente, solo un un por ciento se presentó frente a colegios profesionales de la Comunidad.

En cuanto al medio más utilizado por los ciudadanos para presentar sus reclamaciones, el correo electrónico fue el más usado, en el 37 por ciento de los casos, seguido del registro administrativo (34 por ciento) y correo postal (19 por ciento).

De las 155 resoluciones adoptadas por la Comisión de Transparencia el año pasado, 61 fueron estimadas, total o parcialmente, y por tanto en ellas se ordenó a la administración o entidad afectada que proporcionase la información solicitada en cada caso; en 43 más se constató que, una vez presentada la reclamación e iniciada su tramitación por la Comisión, la administración o entidad había concedido la información pedida; por tanto, en 104 supuestos el resultado final de la intervención fue la obtención por el ciudadano de la información cuya denegación había motivado su reclamación. Además, otras 21 reclamaciones fueron inadmitidas a trámite por diversos motivos; otras tantas se desestimaron por considerar que la denegación de la información que había sido impugnada era correcta y nueve más fueron archivadas por otras causas.

Las materias que suscitaron las reclamaciones estuvieron relacionadas con los empleados públicos, a la hora de reclamar información sobre la organización de sus puestos de trabajo, su selección, el régimen retributivo o las autorizaciones de compatibilidad. También hubo solicitudes sobre la distribución del gasto en publicidad institucional; la información presupuestaria y la contratación de las entidades locales; datos urbanísticos sobre licencias y autorizaciones; procedimientos de autorización y control de actividades comerciales o industriales y las ordenanzas y acuerdos de los órganos de gobierno de las corporaciones locales.

El Procurador del Común destacó ante la Comisión de las Cortes que las resoluciones de la Comisión de Transparencia, a diferencia de las de la Procuradoría, son de obligado cumplimiento para sus destinatarios. Pese a eso, la memoria recoge que, a fecha de 30 de junio pasado, se había cumplido el 70 por ciento de los dictámenes adoptados en 2017 y que aún estaban pendientes de ser cumplidas tres resoluciones de 2016.

Cambiar la ley para la ejecución forzosa

Javier Amoedo reconoció que, ante estos incumplimientos, únicamente queda el recurso de publicar esos dictámenes en la página web del Comisionado. De ahí que demandara una reforma legislativa que permita el “empleo de medios” para garantizar la “ejecución forzosa” de estas resoluciones, tal y como está previsto en la Ley de Transparencia de Navarra, aprobada recientemente.

Hasta que llegue esa modificación, es posible la impugnación de estas resoluciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En 2017, se presentaron los tres primeros recursos frente a resoluciones de la Comisión, que están aún pendientes de resolver.

La memoria también muestra que únicamente un 51 por ciento de los sujetos a los que se dirigió la Comisión colaboró en la respuesta de los cuestionarios enviados. Las administraciones públicas y entidades de mayor tamaño de la Comunidad son las que se esfuerzan en cumplir con la normativa. En cambio, es “poco menos que una quimera” entre los municipios pequeños y entidades locales menores, ante la falta de medios y personal como el secretario del ayuntamiento.

A la vista de estos datos, Amoedo pidió a los poderes públicos de Castilla y León un compromiso “decidido” en la implantación y éxito de la cultura de la transparencia en la Comunidad.

Amoedo respalda a Quintana como próximo Procurador del Común: “Es una persona de toda garantía”

Por otra parte, el Procurador del Común y Comisionado de Transparencia saliente respaldó hoy al catedrático de Derecho Administrativo por la Universidad de León (ULE) Tomás Quintana como posible próximo defensor de los ciudadanos en la Comunidad al ser una persona “muy preparada” y de “toda garantía”. Destacó su preparación y consideró que, si finalmente resulta elegido en el Pleno de las Cortes, será un “gran Procurador”.

Amoedo, quien atendió a los medios antes de la presentación de la Memoria Anual del Comisionado de Transparencia de 2017, explicó que al conocer su posible sustituto se alegró al apuntar que él es el más interesado en que esa persona tenga el “prestigio suficiente” para desempeñar este cargo y seguir con la “gran labor” de la institución.

Además, recordó que conoce a Tomás Quintana desde hace mucho años al ser compañeros en la Universidad de León. “Creo que quien me sustituya lo hará igual o posiblemente mejor que yo”, apuntó antes de finalizar su intervención en las Cortes. También comentó, entre risas, que Quintana “será bueno”. “Y si no lo es, yo seré el primero en darle collejas”.

El aún Procurador del Común, que se encuentra en funciones desde marzo de 2017, no quiso entrar en las críticas de algunos grupos de la oposición tras el acuerdo entre PP y PSOE para la renovación de su sustituto. “Tiene que existir una votación en el Pleno de las Cortes, para la que aún no hay fecha, y será el momento en que los grupos acepten el acuerdo o se opongan”, concluyó.

Precisamente, el procurador de Ciudadanos (Cs), José Ignacio Delgado, cargó contra el “bipartidismo excluyente” del Partido Popular y el Partido Socialista, que se juntaron a tomar a café y decidir el nombramiento del nuevo Procurador del Común, sin tener en cuenta al resto de las formaciones políticas. No en vano, manifestó que el nombre del sucesor de Amoedo debería haber sido por consenso por “higiene democrática”.

En el mismo sentido se pronunció María Josefa Rodríguez, de Podemos, quien lamentó el “compadreo” del bipartidismo al acordar decisiones que competen al resto de las fuerzas representadas en la Cámara autonómica.

“Tremenda satisfacción”

En todo caso, Javier Amoedo mostró su “tremenda satisfacción” por el trabajo realizado estos años al frente del Procurador del Común. Explicó que la institución ha trabajado “a fondo”, gracias al equipo de profesionales “francamente bueno”. A su juicio, esta labor ha sido reconocida por los propios ciudadanos, quienes valoran que sea una institución abierta a la sociedad y las administraciones que pueden plantearles y hablar de sus problemas.

En ese sentido, valoró la apuesta del Procurador del Común por realizar viajes periódicos a las capitales de provincia y las localidades con más población para acercarse a la ciudadanía.

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