Europa aprueba que se pueda pagar hasta el último gasto provocado por los ataques de lobo
Un lobo ataca en pleno monte, pongamos que de Leon, a un rebaño. El daño económico va desde las reses muertas o heridas hasta el coste que para los ganaderos suponen algunas medidas preventivas y de seguridad, como puedan ser la instalación de pastores eléctricos o la compra de mastines. Pero también hay gasto de los profesionales en cosas tales como atención veterinaria de las reses que queden heridas o el coste de la búsqueda de animales a los que no se localicen tras los ataques.
Hasta ahora, Europa admitía que las administraciones públicas pudieran sufragar sólo hasta el 80% del coste exclusivo de las reses muertas, y poco más. Pero ahora acaba de introducir un cambio radical en esa política, un cambio llamado a rebajar la tensión social que los daños causados por lobos provocan en no pocos países, como España o Francia, y a conseguir que aunque esta especie siga actuando según su instinto y causando daños, tales daños y todos los gastos inducidos queden cubiertos.
Se trata, por primera vez, de autorizar y poner en marcha una compensación total. El acuerdo ha sido adoptado en el seno de la Comisión Europea, que ha aprobado el jueves que los estados podrán cubrir el 100% de los daños atribuidos a ataques de lobo, así como toda la inversión realizada para implantar medidas de prevención para evitarlos.
La nueva euroorden cambia las líneas de ayudas estatales al sector agrícola que hasta ahora eran admitidas por la Unión Europa. La nueva directriz permitirá que las administraciones, la Junta en el caso de León, cubra con dinero público el 100% de las principales medidas que los ganaderos implantan en su lucha contra los daños del lobo, tales como perros mastines o pastores eléctricos disuasorios. Y por supuesto, el 100% también de la compensación económica por cada animal muerto, una cuantía que Europa sólo armitía hasta ahora que ascendiera al 80%.
Todo tipo de costes
Pero además, anima a incluir en su totalidad todo tipo de costes indirectos para los responsables de explotaciones ganaderas, como por ejemplo los cuidados veterinarios de animales que han resultado heridos, y hasta incluso los “costes laborales”, léase como ejemplo el dinero que cuesta la búsqueda de reses tras un ataque. No se había abogado por cada tan ambicioso hasta ahora.
Esta medida, que ahora la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta podría implantar, podría servir a la filosofía de Europa de que la política de conservación “reside, parcialmente, en una gestión efectiva de los conflictos”. Unos conflictos que durante los últimos años, al menos en la franja al norte del río Duero en la que se enmarca León -donde la especie no está protegida como en la zona sur y, por lo tanto, era oficialmente cazable- ha supuesto la caza controlada pero muy masiva de ejemplares de lobo ibérico.
24 lobos abatidos de los 51 autorizados en León
En concreto, fueron 24 los lobos abatidos con autorización de la Junta en 2017, según su último informe oficial, de los 51 en total autorizados en la provincia. Cabe recordar también que en aquellas estadísticas oficiales se indicaba que el pasado año se contabilizaron en todo León 195 ataques de lobo comunicados, sólo un ataque más que el año anterior 2016 y, en todo caso, un claro descenso respecto a los 238 ataques contabilizados en 2015.
En león, también la estadística del gasto de la Junta en indemizaciones por muerte de reses ha ido en descenso, a pesar de ser la provincia donde más lobos se autorizaba matar a los cazadores: 169 se pagaron en 2013; 139 en 2014; una cifra que se elevó a 185 en el año 2015 y que volvió a bajar en 2016 con 161 ataques de lobos abonados; y que cayeron hasta 148 el pasado y último año contabilizado, siempre según la memoria oficial del último ejercicio.
Esa caza autorizada perduró al norte del Duero, y en León por lo tanto, a pesar de dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia que echó por tierra la normativa autonómica, hasta que el empecinamiento del consejero Juan Carlos Suarez-Quiñones acabó haciendo admitir que la práctica resultaba del todo ilegal.
Ganaderos armados, medida de “convivencia” para el consejero
Fue entonces cuando, hace escasos meses, el responsable leonés de Fomento y Ambiente, y como él comunidades como Madrid o Asturias, se sumó al criterio de copiar un plan instaurado en Francia, y según el cual se permite a los ganaderos matar lobos con arma de fuego cuando vayan cometido un ataque o se prevea su peligrosidad.
A pesar de la presión de muchas organizaciones ganaderas, Madrid lo ha descartado, aunque Asturias lo parece ver con tan buenos como Castilla y León, donde Suárez-Quiñones defiende que permitiendo a los ganaderos abatir lobos es una “medida de convivencia” que podría resultar esencial en la lucha contra la despoblación.
Ahora, esa conflictividad podría rebajarse aprovechando la ampliación total de Europa a las ayudas compensatorias y al resto de gastos que los posibles daños al ganado por parte de los lobos podría acarrear. Siempre que las administraciones estén dispuestas a gastarse el dinero que eso supone.
