Un catedrático de León sufre un escrache virtual por desahucios en sus pisos de Madrid

La lucha entre la creciente negocio por el mercado inmobiliario y el movimiento antidesahucios tiene a día de hoy en España un punto clave, en concreto en Madrid: un bloque de pisos en la calle Argumosa, 11, en el barrio de Lavapiés. Y esa lucha está afectando de lleno a un conocido 'leonés', Pedro José Aguado, catedrático de Ingeniería Agraria en la Universidad del de León, exvicerector y actualmente responsable de la Escuela Superior de Ingeniería Agrícola de León.

La Asamblea de los Bloques en Lucha, nombre que agrupa a inquilinos y varios colectivos sociales, entre ellos el Sindicato de Inquilinas de Madrid, lleva días practicando un intenso escrache virtual, a través de redes sociales como Twitter, contra Aguado. “Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones políticas y colectivos sociales de Leon. Necesitamos vuestra ayuda. Un cargo público de vuestra provincia, #PedroAguadoDesahucia -así le etiquetan-, se ha sumado a la burbuja inmobiliaria y está desahuciando en Madrid”, resaltan en una hilera de tuits que abundan en los últimos días.

Fernando Bardera, portavoz de la Asamblea, resume el caso en que, unidos a una empresa patrimonial Proindivisos, la familia Aguado están hostigando a los actuales inquilinos de Argumosa 11, “con rentas antiguas y algunos con contratos firmados en la II República, cuyas familias siguen viviendo allí”, para “echarles y poder subir los alquileres un 300%, por encima de los 1.000 euros que ya se pagan en la zona”. Una lucha que se visibiliza en este tenso bloque de viviendas madrileño con carteles que defienden que esos inquilinos “se queden en su barrio de siempre” frente a “los especuladores”.

Una maniobra que el afectado no duda en tildar de “coacción y acoso”, víctima, asegura, de “argumentos surrealistas” lanzados por “auténticos extremistas” y “plagados de mentiras”, entre otras cosas porque “yo no soy ningún tiburón inmobiliario sino que somos pequeños propietarios”. Esgrime Pedro Aguado que ya son varias las sentencias ganadas, que sentencian a los actuales habitantes a abandonar las casas, pero “no les puedes echar, montan una acampada y listo”.

Entre finales de 2017 y principios del presente año, cuatro familias, cumpliendo sentencias en su contra, tuvieron que abandonar sus casas, pisos la mayoría entre 50 y 70 metros cuadrados. Pero desde que en abril la Asamblea sumó Argumosa 11 a los #BloquesEnLucha, no ha habido un desahucio más: la mitad en los juzgados y la otra mitad por presión de las acampadas, se han conseguido frenar ocho nuevos desalojos. Los dos últimos, las dos últimas noches del 21 y 22 de noviembre.

Uno de los más tensos y mediáticos fue el que se ve en este VÍDEO, en el que la presencia de un centenar de personas impidió el desalojo policial de una mujer y sus dos hijas:

La única parte de la historia en la que coinciden plenamente ambas partes tan duramente enfrentadas es la siguiente: Pedro Aguado y su hermana (el propio Aguado es su tutor legal, porque “está incapacitada”) son propietarios de ocho pisos en Argumosa 11. Dos son suyos y los otros seis de su familiar, de la que él se encarga. Y son propietarios porque “hemos heredado las propiedades de nuestra familia, que invirtió en ellas para asegurar el futuro de sus descendientes”, se defiende el afectado.

A partir de ahí, las versiones no sólo son diferentes sino radicalmente opuestas. Donde los colectivos sociales ven una acción común entre los Aguado y la sociedad Proindivisos para “presionar, por burofax” e incluso a veces aprovechando estancias médicas de los inquilinos, éste sólo admite que contactaron con un bufete de abogados porque la mayoría de vecinos, “algunos de etnia gitana”, no pagan.

En detalle, explica que “de los seis pisos de mi hermana, uno tiene renta antigua de 50 euros, otros dos no pagan, otro ha sido ocupado antes de que saliera el inquilino con el que se había llegado a un acuerdo y dos cerrados con alarma” para evitar nuevos okupas que impiden reformarlos. Algo similar a los dos pisos suyos, uno de los cuales le arroja 70 euros de renta y el otro está 'sellado'. En total, su cuenta es que por ocho pisos ingresan 120 euros, cuando el mercado permitiría no menos de 8.000, y deben afrontar impuestos y demás costes.

Los colectivos acusan a Aguado de que, “lejos de querer negociar, porque nos rehúye, vino este verano a uno de sus pisos, le pegaron una patada en la puerta, la rompieron, entraron, lo vaciaron y lo han tapiado con ladrillos; hubo un encontronazo porque de mostrarse esquivo ha pasado a mostrarse hostil”, asegura Fernando Bardera.

Por contra, el catedrático asegura que “esta gente no quiere un acuerdo, sólo busca un rendimiento político”, lo cual demuestra a su juicio el hecho de que “no respetan ninguna de las decisiones judiciales”. “Un país o una ciudad donde no se respeta la propiedad privada y donde se apoyan actividades delictivas como las ocupaciones de viviendas conduce a una degradación progresiva donde las personas que pagan impuestos y cumplen con la legislación son dominadas por aquellos que realizan actividades ilegales”.

Pero si de legalidad se habla, la Asamblea de los Bloques en Lucha recuerda que, como ocurrió en el desahucio del vídeo, las paralizaciones judiciales se están basando en algunos casos en pronunciamientos y resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que obligan a paralizar sine die los desalojos en tanto la administración no ofrezca soluciones de vivienda a los afectados, como se recogía con detalle en esta información.

El caso y una interminable sucesión de tuits como este superior esta pasando factura, asegura, al catedrático Pedro José Aguado, quien lamenta que mientras “no se les sanciona” a quienes persisten en ocupar las viviendas, la campaña en su contra está causando “un daño familiar e incluso un daño a la Universidad de León”. Y ocurre precisamente cuando apenas falta una semana para que se produzca el próximo miércoles 28 de noviembre el proceso de elección, por votación, de la dirección de la Escuela Superior de Ingeniería Agrícola de León, un proceso en el que es el único candidato.