Azucarera rompe a la baja el precio de la remolacha y pone a los sindicatos agrarios en pie de guerra
“Ante la profunda caída de los precios del azúcar, Azucarera ha anunciado un cambio en el modelo de colaboración con los agricultores para las próximas siembras de la campaña norte (2019/2020) con el objetivo de garantizar el futuro del cultivo de remolacha y la sostenibilidad de la industria azucarera y su cadena de valor.”. De esta manera anunciaba la compañía, que cuenta con una fábrica en La Bañeza, su decisión de romper el acuerdo actual de precios de remolacha y rebajar de forma notable lo que paga a los agricultores.
Según la compañía Wdesde la desaparición de las cuotas de producción europeas en septiembre de 2017, el precio por tonelada de azúcar ha caído un 29% hasta los 350 euros (agosto de 2018), el nivel más bajo de la serie histórica, lo que ha generado una importante crisis en el mercado, no solo en España sino a nivel comunitario“. Alude a pérdidas de 30 millones de euros en los últimos cinco años y de 40 más que sumará este año.
A partir de la próxima campaña 2019/2020, el agricultor recibirá un ingreso de 26 euros por tonelada de remolacha más un complemento vinculado al precio del azúcar a negociar con las organizaciones agrarias. Esto se traduce en una rebaja incial de 6 euros por los precios actualmente pactados.
Los sindicatos protestan
La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) estudia emprender cuantas acciones legales estén a su alcance tras la decisión hecha pública por parte de AB Azucarera, filial de British Sugar, de rebajar el precio de la remolacha en seis euros por tonelada, y por lo tanto romper “unilateralmente” el marco legal que regula el sector remolachero.
A su juicio, con esta decisión “se dinamita una relación fructífera de acuerdos profesionales” a lo largo de 30 años mediante el Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) entre industrias y productores y “pone en peligro el presente y futuro de las fábricas remolacheras asentadas en España, de los propios productores y de numerosos puestos de trabajo directos e indirectos”.
El recorte “brutal” del que informa AB Azucarera supone un 25 por ciento del pago que realizaba hasta la fecha esta empresa, lo que es “inasumible actualmente por los agricultores, dado el escaso margen de beneficio en el que ya estaban produciendo los remolacheros españoles”.
UPA se posicionó en contra de la propuesta de la empresa de “intentar compensar esta rebaja con la cotización del precio del azúcar en los mercados”, puesto que no asegura la percepción de un precio digno y rentable. Igualmente, recordó que la empresa es propietaria de las fábricas de Toro, La Bañeza y Miranda de Ebro y lamentó que lejos de “mantener, fortalecer y mejorar la funcionalidad y productividad de estas tres plantas industriales”, tal y como la organización ha solicitado en varias ocasiones, “se dinamita definitivamente el futuro de un sector productor como el español, que ha sido puntero desde el punto de vista de productividad y profesionalidad en el conjunto de la Unión Europea”.
Por su parte, el sindicato Asaja aseguró no compartir los motivos y la decisión de esta rebaja de precios y la considera una “imposición” por parte de la compañía azucarera. En este sentido, recordó que el acuerdo es a cinco años y que en este periodo la compañía “ha tenido ejercicios con beneficios muy generosos, como fue el penúltimo, en el que ganó 28,9 millones de euros”.
Además, dijo, la reducción del precio de las materias primas no es la única fórmula para equilibrar el balance de una compañía como es Azucarera. “Las empresas serias que invierten en la agroalimentación no lo hacen pensando en recoger grandes beneficios en cortos plazos de tiempo, y lo razonable sería esperar un tiempo para ver la evolución de los mercados internacionales, muy volátiles”, criticó. Por ello, reclamó que “demuestre la misma responsabilidad que han mostrado los propios cultivadores, que han cumplido con sus compromisos de siembra aun cuando las condiciones climáticas sido muy difíciles en estos últimos años”.
La organización en Castilla y León lamentó que Azucarera haya dado de nuevo un “paso desacertado” que tendrá consecuencias directas en la reducción de la superficie de siembra de remolacha, “además de menoscabar la renta de los productores que continúen con el cultivo, y que supondrá la pérdida de puestos de trabajo directos e indirectos relacionados con el sector remolachero y azucarero”. “Azucarera no ha estado a la altura de un sector que ha hecho un gran esfuerzo de modernización y competitividad, ni de las administraciones públicas que en este caso han apoyado al sector destinando para ello importantes fondos públicos”, concluyó.
Desde el sindicato COAG han pedido a Azucarera una rectificación inmediata de su decisión, denunciando “el grave incumplimiento del Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) del sector remolachero-azucarero”. Si Azucarera no revocas u decisión, han anunciado “COAG acudirá al Arbitraje para hacer cumplir a la empresa los compromisos que ha firmado con las organizaciones representativas del sector (COAG, Asaja, Upa y Confederación Remolachera), y que están visados por el Ministerio de Agricultura”. Por ello también hacen un llamamiento al ministerio para que intermedie con la empresa y evite la ruina de los productores.
La Junta pide “prudencia”
El secretario general de la Consejería de Agricultura y Ganadería, Eduardo Cabanillas, instó hoy a Azucarera, organizaciones agrarias y productores de remolacha a “negociar y dialogar” para “sacar la situación adelante”, y pidió “calma y un análisis profundo” a todas las partes. En este sentido, avanzó que su departamento también se sentará a conocer el escenario y saber cómo puede colaborar con la solución.
En todo caso, la Consejería entiende la situación del mercado del azúcar en Europa, que es “una realidad”, con exceso de producción, principalmente en Francia, que “hunde los precios a niveles impensables”. “No es que compartamos la decisión de unos y otros, pero hay una situación muy complicada”, matizó Cabanillas.
Igualmente, sintetizó que la empresa ha hablado con las opas para buscar “un modelo de sostenibilidad del cultivo” porque “le interesa mantenerlo”. Por ello, dijo, plantea una reducción del precio base e incorpora un complemento variable en función de precios de mercado. Al respecto, vaticinó que los precios del azúcar “se recuperarán con seguridad, pero se desconoce cuanto tiempo se necesita”. “Ante problemas, lo mejor es sentarse, analizar la situación y ver las mejores medidas con la colaboración de todos”, insistió.
La situación, que afecta a las comunidades de Castilla y León, principalmente, así como a Andalucía y La Rioja, también implica “conocer la posición del Estado para sacar esto adelante”. Por ello, la Junta advirtió al Gobierno en los últimos consejos consultivos para que incorpore medidas en el Consejo de Ministros de la Unión Europea que contribuyan a frenar la bajada de precios en Europa. “Hemos propuesto ayudas al almacenamiento privado del azúcar, que sea remunerado; y ayudas a la exportación para sacarlo de Europa, pero no hemos recibido respuesta”, lamentó Cabanillas, quien aseguró que España necesita una “posición común en Europa para defender el cultivo, que se traduce en puestos de trabajo en la industria y agricultores”.
