Trabajo destapa irregularidades empresariales sobre 16.646 empleados en 2017, la mitad que hace una década
La labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es más necesaria que nunca en un contexto de precariedad laboral galopante, que cercena los derechos de muchos trabajadores, impide el desarrollo de un plan de vida y pone en riesgo su integridad física.
Los datos publicados hace unos días por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ponen de relieve que cada año se siguen destapando miles de infracciones por parte del empresariado de la Comunidad, que horadan los derechos de sus empleados. En concreto, el año pasado concluyó con 44.922 órdenes de servicios finalizadas, que impulsaron 94.339 actuaciones y el levantamiento de 4.420 infracciones en acta, con unas sanciones impuestas por 10,56 millones de euros, y 16.646 trabajadores afectados.
Estos importantes datos contrastan, sin embargo, con los de hace una década, cuando los inspectores desarrollaron menos órdenes de servicio, 42.454, que dieron lugar a 106.459 actuaciones y generaron 6.038 infracciones, 13,68 millones en multas y 31.942 empleados afectados. Es decir, las infracciones detectadas bajaron en 2017 respecto a 2007, un 26,8 por ciento; la cuantía de las sanciones se contrajo un 22,8 por ciento; y los trabajadores afectados disminuyeron un 47,8 por ciento, pese al aumento de las órdenes.
Cabe destacar también que el número de visitas de los inspectores ascendió el año pasado a 29.793, con 3.811 actas de infracción levantadas, y 13.560 requerimientos emitidos, que suponen descensos del 11,3; 29,4 y 11,3 por ciento, respectivamente, respecto a las cifras de 2007.
Contratos, prevención y extranjeros
El informe ministerial expone que en materia laboral, la inspección concluyó 6.701 órdenes de servicio en la Comunidad en 2017, levantó 624 actas de infracción, con 1,16 millones en sanciones. Estas infracciones afectaron a 7.312 trabajadores, y permitieron transformar en indefinidos 4.145 contratos. En este área de actuación, cabe destacar que se elevaron los contratos trasformados en la última década un 8,9 por ciento, desde los 3.804 contabilizados en 2007.
En cuanto a la prevención de riesgos laborales, el año pasado se acometieron en Castilla y León, 12.420 órdenes de servicio, que permitieron aflorar 1.181 infracciones, con multas por 2,1 millones de euros. Las medidas afectaron a 4.140 empleados, con ocho paralizaciones y 177 propuestas de recargo. Los datos merman en este caso respecto a los de hace diez años, cuando las infracciones ascendieron a 2.231, con 5,3 millones en sanciones, 9.394 afectados, 158 paralizaciones y 179 recargos.
Las actividades de la inspección en materia de empleo y extranjería, sumaron 591, con 60 en materia de foráneos. Los inspectores sacaron 61 infracciones con multas por 461.494 euros, de las que 48 fueron de extranjería con 408.673 euros. Los trabajadores afectados en global, fueron 137, 48 extranjeros. Estas cifras también son muy inferiores a las de 2007, cuando las infracciones en extranjerías alcanzaron las 676, con multas por 4,3 millones, y 676 foráneos afectados.
Por lo que se refiere a la Seguridad Social concentró 23.344 órdenes de servicio, con 2.407 infracciones en acta, y sanciones por 6,5 millones de euros. Los trabajadores afectados ascendieron a 4.424; los expedientes liquidatorios sumaron 36,11 millones, y las altas promovidas en el sistema sumaron 4.467. Mejoraron los datos en 2017 en este área respecto a 2007, cuando sólo se produjeron 2.226 altas y 22,2 millones en liquidaciones.
El informe de la inspección de 2017 se completa con el apartado de otras actuaciones, con 1.410 órdenes de servicio, 147 infracciones en acta, 325.626 euros en sanciones, y 673 trabajadores afectados, junto a 1.900 informes emitidos.
Faltan inspectores
Los secretarios de Política Sindical, Industrial y Empleo y de Salud Laboral y Política Social de UGT en Castilla y León, Raúl Santa Eufemia y Azucena Pérez, analizaron estos datos, y denunciaron que en la Comunidad se sufre una “carencia de inspectores de trabajo desde hace muchos años”. En este sentido, recalcaron que hay 253 efectivos, de los cuales sólo 129 son inspectores y subinspectores para cubrir una extensión de 94.000 kilómetros cuadrados, con una población ocupada de 9171.700 trabajadores y 70.000 empresas“.
“El problema de la extensión y la dispersión geográfica que sufrimos es un criterio que no se considera por parte del Ministerio de trabajo a la hora de asignar inspectores a una territorio y otro, y nosotros creemos que debe considerarse a la hora de hacer sus previsiones de cobnrtuira de puestos”, indicaron.
Santa Eufemia constató que el descenso de hace una década, con más medios, se entraba a una empresa y se abrían expedientes por cualquier causa, mientras que ahora las actuaciones de la inspección, con menos medios, están “mucho más monitorizadas y afinadas”, y se centran en aspectos básicos como los contratos en fraude de ley o turnos.
El dirigente sindical, quien felicitó la iniciativa del Gobierno, de enviar cartas de oficio advirtiendo a las empresas de posibles contratos en fraude de ley, insistió en que faltan inspectores, aunque los programas “están siendo positivos” y recalcó que hoy en día las actuaciones “van mucho más a tiro certero” y antes se revisaba todo cuando entraban en una empresa.
En este contexto, Santa Eufemia apostó por crear 3.000 agentes reguladores frente a los accidente laborales y de igualdad para reducir la brecha de género, así como la figura del delegado territorial de prevención de riesgos laborales, que se encargue de visitar a las empresas donde no hay representación sindical. Eso sí, aseguró que todo acuerdo con las empresas debe ser registrado, porque “al final sólo se mueven por sanciones”.
Más calidad en las actuaciones
Azucena Pérez recalcó que el descenso de actuaciones, como del importe de las sanciones y del número de trabajadores afectados está vinculado a la menor actividad económica, pero “la falta de medios de la Inspección de trabajo también influye en la cantidad y calidad de sus actuaciones”.
No obstante, la responsable ugetista defendió que lo “importante” no es cuántas actuaciones se llevan a cabo, sino la calidad con que se desarrollan. Así, expuso que les preocupa “mucho” los tiempos de respuesta cuando se trata de actividad rogada, que “en ocasiones son muy largos” y eso “repercute en la defensa del trabajador”.
La secretaria de UGT constató además que les preocupa también la “falta de criterios homogéneos” en sus actuaciones, unas “diferencias de actuación que generan desigualdades de trato entre la población trabajadora”. Aseveró Pérez que también constatan una “falta de control” de los requerimientos que practican. Por último, aseguró que es “sumamente importante” aumentar su especialización en determinados temas, sobre todo aquellos relacionados con la prevención de riesgos laborales. Así, demandó “más formación”.
