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Transporte

Los autobuseros de León apoyan la huelga con la que amenazan sus compañeros de Oviedo

El comité de empresa y la plantilla de Autobuses Urbanos de León (Alesa) se solidariza por sus mejoras laborales y contra el uso de un sistema que impide pilotar si el conductor supera la tasa de alcohol.

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Un autobús urbano de León.
Claudia Granda / Lavozdeasturias.es / ileon.com | 08/01/2019 - 17:57h.

El pasado 5 de enero la asamblea de trabajadores de la empresa Transportes Unidos de Asturias (TUA) acordó convocar paros todos los martes y jueves a partir del próximo 22 de enero. La última asamblea entre empleados y empresa finalizaba sin acuerdo debido a las diferencias que mantienen en materia de contratación y sobre el uso del 'alcolock', sistema que impide el arranque si el conductor supera las tasas permitidas.

La postura de los empleados ha sido respaldada por miembros de CCOO de los comités de la empresa Automóviles Luarca, Técnicas de Vehículos Automóviles (TVA) y la Compañía del Tranvía Eléctrico de Avilés (Urbanos de Avilés) y, ahora, también por el comité de empresa y la plantilla de trabajadores de Autobuses Urbanos de León (Alesa S.A.U.).

"Queremos expresar nuestra total solidaridad en sus movilizaciones y actuaciones para la consecución de sus justas reivindicaciones laborales ante la flagrante negativa negociadora manifestada por Empresa y Consistorio", aseguran desde la empresa leonesa, que afirma entender su lucha como propia con el fin de «asegurar un futuro con un transporte urbano digno, eficaz, de calidad, sostenible y social".

El 'alcolock' es un aparato que, instalado en un vehículo y tras la realización de una prueba, detecta el nivel de alcohol consumido por el conductor y, si este supera el máximo permitido, impide el encendido del motor. "Defendemos y estamos concienciados de que no se puede dar positivo ni en drogas ni en alcohol, pero no puede quedar ninguna duda de cómo funciona el sistema y tenemos que estar amparados por la legalidad", explica Manuel Villaverde, presidente del comité de empresa, quien recuerda que lo que se exige son garantías para los trabajadores en el uso que se haga de este sistema.

"No garantizan la correcta implantación del sistema, ya que la prueba debe ser realizada y los datos custodiados por el Servicio de Prevención, porque así lo establece la legislación. La empresa quiere que este proceso se lleve a cabo por parte de cualquier técnico de prevención de la compañía saltándose a la torera la confidencialidad de los datos relativos a la salud", explica Villaverde.

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