Las administraciones abandonan las concesiones para financiar las grandes obras en Castilla y León
Las administraciones públicas abandonan la concesión para ejecutar obras de grandes infraestructuras en Castilla y León, una vía que se ha quedado al margen de la lluvia de millones de las licitaciones en los últimos ejercicio. Ni el Gobierno, ni la Junta, ni tampoco las entidades locales utilizaron esta fórmula para proyectos superiores al millón de euros durante 2018, frente a los 141 millones registrados una década antes por Seopan, la patronal de las grandes constructoras.
Sin embargo, la licitación en concesiones fue utilizada durante 2018 en todo el país para 12 grandes proyectos, que sumaron un presupuesto de 97,3 millones, una cantidad un 99 por ciento inferior al registrado en 2010, cuando se alcanzaron los 10.494,7 millones. También es muy inferior a los 4.909,2 millones que se contabilizaron en 2008, cuando irrumpió con fuerza la crisis económica.
Sin embargo, durante el pasado año el volumen licitado en España mediante concesiones creció en 2,2 millones, desde los 95,1 registrados en 2017, el valor más bajo registrado, lo que contrasta con la ausencia de grandes obras en la Comunidad para ser impulsadas por el sector privado y el público. En 2017 se lanzó el último proyecto, una actuación por 1,8 millones, si bien en los últimos 15 años este mecanismo acaparó 4.357,6 millones para 37 actuaciones.
El mejor año para la concesión en Castilla y León, de acuerdo a la serie de Seopan, que arranca en 2003, fue 2011, precisamente hace ocho años, coincidiendo con la doble convocatoria electoral. Entonces, las administraciones licitaron 2.064,8 millones en la Comunidad, a través tan solo de cinco proyectos, lo que muestra su envergadura, puesto que de media cada uno tuvo un montante de 400 millones.
Esta cifra solo tiene comparación con los 1.390,2 millones de 2007, cuatro años antes y también coincidiendo con la cita autonómica y municipal con las urnas. Seis proyectos salieron a concurso por esta vía. Estos dos años, ambos del periodo de gobierno de los socialistas con José Luis Rodríguez Zapatero, recibieron el 80 por ciento de la inversión para concesiones.
El resto se distribuye entre los 529,6 millones de 2005, con siete proyectos, y los 141,2 y 111 millones de 2008 y 2009. Le siguieron los 34,1 millones de 2014; los, 29,8 millones de 2006; los 23,7 millones de 2003 y los 22,8, de 2010. Por último, cierran la serie los 8,6 millones de 2013 y los 1,8 millones de 2017.
La Administración central recurrió a esta vía para lanzar en 2007 y 2011 un total de 3.416 millones en Castilla y León, por lo que fue la que impulsó proyectos de mayor importe. También aportó 650,8 millones la Junta en cinco ejercicio, el último en 2009, mientras que las entidades locales alcanzaron los 290,05 millones en un total de diez años.
Precisamente en 2011, el Ministerio de Fomento licitó las obras del tramo Benavente-Zamora de la Autovía de la Ruta de la Plata (A-66) y su mantenimiento. El contrato, que se firmó a finales de 2012, establecía un presupuesto de 998 millones y un plazo de ejecución de 24 meses, que permitió abrir la vía en mayo de 2015. Se trata de la obra de mayor envergadura que se saca a concurso, de acuerdo a esta fórmula de colaboración pública-privada, en los últimos años.
Congelada
En el conjunto del país, la licitación de obras de concesiones se mantuvo congelada el pasado año, con 97,3 millones, tras alcanzar su nivel más bajo en 2017, con 95,1 millones. En 2010 marcó su máximo, con obras por importe de 10.494,7 millones de euros, impulsadas por nuevas infraestructuras en carreteras (6.218,4 millones).
En concreto, el Estado fue el que menos licitó el año pasado, con 6,6 millones de euros, mientras que el montante dependiente de las comunidades autónomas fue de 17,3 millones, y el la Administración Local, de 73,4 millones. Los proyectos se concentraron en infraestructuras portuarias (6,6 millones), hidráulicas (17,3 millones), de aparcamientos (1,6 millones) y otros equipamientos urbanos (71,7 millones).
Más concesiones en carreteras
Antes de que el adelanto electoral modificara el escenario político, el Ministerio de Fomento tenía previsto ampliar en 1.000 millones su plan de colaboración público-privada de carreteras en 2020. De esta forma, su objetivo era licitar, entre este año y el próximo, contratos bajo esta modalidad por un importe de alrededor de 2.000 millones.
Además, se limitó el periodo de concesión del mantenimiento a diez años y la rentabilidad la vinculó al bono del Tesoro español a diez años, más 200 puntos básicos. A cambio, el Estado propuso asumir todos los riesgos de las expropiaciones y los contratos de los proyectos constructivos, de manera que las empresas no tenían que encargarse del diseño de las infraestructuras.
Finalmente, siguiendo la estela de la AP-1, el Ministerio comprometió que el tramo de autopista AP-7 Alicante-Tarragona y el de la AP-4, entre Sevilla y Cádiz, serán gratuitos cuando terminen sus respectivas concesiones, el 31 de diciembre de 2019.
