UGT reclama inspecciones en las residencias de mayores y más financiación para las políticas sociales
La Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León reclamó este martes a los partidos políticos que sean garantes de los servicios asistenciales a las personas dependientes y que aumenten la partida presupuestaria destinada a medidas sociales y de familia. “Es el momento de los compromisos; compromisos que deben respetar”, reclamaron en una lista de medidas en las que destaca la petición de “medidas de inspección y control reales a los centros asistenciales, tanto públicos como privados para garantizar la igualdad de trato”.
En toda Castilla y León, señalaron, solamente hay cuatro inspectores especializados para un total de 53.0000 plazas de 700 centros residenciales y de día y cuando éstos van a ser sometidos a una inspección son avisados previamente lo que les da tiempo para corregir de forma temporal algunas de las cuestiones que pudieran ser objeto de sanción.
También solicitan a las formaciones políticas el acceso sin restricciones a los centros residenciales para los familiares de los mayores, como garantía de comprobación del buen funcionamiento de los mismos y que se publiquen en el portal de trasparencia de la Junta de Servicios Sociales las sanciones se imponen y las infracciones que comentan las residencias de Castilla y León.
Las responsables provincial y autonómica de Dependencia del sindicato, Pilar Fernández y Fonsi Bonafonte enumeraron las reivindicaciones de los trabajadores del sector, recalcaron la precaridad laboral que soportan las plantillas y exigieron una modificación de ratios de personal acordes con las necesidades de los centros.
En una rueda de prensa convocada para abordar “el maltrato en las residencias de ancianos”, según rezaba el enunciado, incidieron de forma extensa en los aspectos de funcionamiento de estos centros que consideran necesario modificar y que derivan en lo que denominaron como “maltrato institucional” y criticaron la “trampa” en las ratios de asignación de personal y la reducción de los grados de dependencia reconocidos, que conllevan una merma de plantilla.
En lo que atañe a los casos de malos tratos a mayores que han salido a la luz pública, Pilar Fernández manifestó que “no podemos pensar que es algo habitual ni generar desconfianza entre sus profesionales. Se les está vilipendiando por culpa de alguna persona que no hace bien su trabajo”. Ambas animaron a denunciar a quienes detecten una situación de ese tipo que, dijeron, “suele detectarse pronto y no se tolera entre los propios trabajadores”.
La Federación de Empleadas y Empleados de Servicios Públicos de UGT Castilla y León también propone un registro de personas maltratadoras que permita evitar que quien esté recogido en el mismo pueda trabajar en la atención directa de los mayores.
