La Junta anuncia recurso al nuevo varapalo de la justicia a sus 'rebajas' medioambientales

El consejero de Fomento y Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró hoy en Valladolid que la Junta recurrirá al Tribunal Supremo la anulación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) de dos artículos y el anexo del decreto que modificó el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental en relación con determinadas industrias agroalimentarias. No en vano, consideró que ambos decretos son “correctos” y los preceptos son conforme a la ley, además de apostar por el futuro de los pueblos y la economía rural, que están “por encima de todo”.

Antes de presentar una jornada sobre la gestión de residuos a través de la administración electrónica, Suárez Quiñones cargó contra las iniciativas de Ecologistas en Acción que presentó el recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL al señalar que “va en contra” de los intereses de Castilla y León como el establecimiento de empresas en el medio rural. También, subrayó que la sentencia no es firme, por lo que el régimen continúa en vigor, tal y como se diseñó.

El consejero en funciones señaló que, al amparo de la Ley de Prevención Ambiental, la Junta puede modificar su anexo por una norma reglamentaria para determinar si una actividad industrial se somete a autorización previa o una mera comunicación. “Es un clamor por parte de las industrias y empresas que no pueden estar todas sometidas a los mismos requisitos”, apuntó. De ahí, la decisión de distinguir entre las industrias ganaderas y agroalimentarias, mínimamente invasivas al medio ambiente, y otras más grandes como las macrogranjas, que tienen una relación “más intensa” con el medio ambiente.

El TSJ señaló en la sentencia, como en la anterior sentencia de 11 de abril relativa a la exención de licencia a las explotaciones ganaderas intensivas o 'macrogranjas', que no es posible modificar por decreto una ley como la de Prevención Ambiental de Castilla y León, invadiendo de esta forma el Consejo de Gobierno de la Junta la competencia legislativa exclusiva del Parlamento autonómico.

Suárez-Quiñones precisó, según recogió la Agencia Ical, que no es “razonable” ni “lógico” que las pequeñas explotaciones ganaderas o industrias agroalimentarias se sometan a los mismos requisitos de autorización ambiental previa que supone derivar en el tiempo la iniciativa empresarial a largo plazo. “No queremos que las inversiones huyan de lugares donde la actividad tarda meses en ponerse en marcha, lo cual sacrifica empleo en el medio rural, que a la postre influye en la despoblación”, aseveró.

En cuanto a la anulación del TSJCyL, el consejero explicó que este tribunal se opone a que un decreto modifique unos anexos de la ley, aunque recordó que la ley vincula tanto al tribunal como la administración. “Solo se anula un artículo de esos decretos en el que se permite a la Junta cambiar el régimen de autorización por el de comunicación”, añadió.

En la sentencia se recoge que “la modificación efectuada excede con mucho a lo que está permitido a una norma de carácter reglamentario, en cuanto que, de un lado, modifica normas con rango de Ley y, por otro, altera de forma sustancial el contenido fundamental del régimen de licencias y comunicaciones ambientales que son exigidos como requisito previo para el ejercicio de actividades”.

De ahí, que anunciara que la sentencia del TSJ será recurrida al creer que no estar basada jurídicamente. “Esa modificación de los anexos está en la ley. Puede gustar o no gustar pero la ley no está a disposición de los tribunales ordinarios ni de la administración. Ambos deben cumplirla”, añadió.

Juan Carlos Suárez-Quiñones destacó que la gestión de la Junta para prevenir, ambientalmente, cualquier tipo de actividad nociva para el medio ambiente es “impecable”. Y lo justificó al explicar que hay un control que tiene que acreditar cualquier empresa con un informe técnico y luego está la administración para controlar que se cumplan las prescripciones legales.

“Parece que se da la imagen de que cuando se confía en la empresa para que empiece la actividad, con el cumplimiento de requisitos, es una actividad libre y sin control. Pero no es cierto y supone una utilización espúrea de las informaciones”, advirtió el consejero en funciones.