Comienza la cuenta atrás, un año para el cierre de la central térmica de Compostilla

Este domingo 30 de junio se inicia la cuenta atrás de 365 días para el cierre de la central de Compostilla II, situada en Cubillos del Sil y propiedad de Endesa. Con él, cientos de empleados se quedarán sin empleo -algunos acogidos a las ayudas, recolocaciones o prejubilaciones del Acuerdo del Carbón aprobado por Gobierno y Sindicatos; y otros directamente abocados al paro- y definitivamente se pondrá punto y final a la relación económica por excelencia del Bierzo con la minería y el carbón, tras el previo cierre de las minas. Eso sí, la memoria minera e industrial del carbón siempre formará parte de su historia y evolución social y económica.

Precisamente la historia de Endesa se inició en la Comarca, con la construcción en 1945 en Ponferrada del primer grupo de la instalación, Compostilla, el germen de la por entonces recién constituida Empresa Nacional de Electricidad SA (Endesa). Tras su inauguración y puesta en marcha en 1965 se construyó su sustituta, Compostilla II, que inició su actividad en 1972, convirtiéndose en una de las centrales más importantes del país en cuanto a generación de electricidad a partir de la quema de carbón.

Tras casi medio siglo y por una serie de medidas tomadas por la Unión Europea, el Gobierno de España y la propia Endesa, dentro de un año Compostilla II pondrá fin a su actividad. En los planes de la eléctrica también está el cierre de la térmica de Andorra (Teruel) y la continuidad de las situadas en La Coruña (As Pontes) y en Almería (Carboneras), tras aprobar las inversiones necesarias para adaptarlas a la normativa europea para poder seguir funcionando. Entre medias se sitúa la central de Es Murterar (Mallorca), que adaptará la mitad de sus instalaciones para seguir activa hasta 2025.

Crónica de un final

Con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y con ello frenar el cambio climático, la Unión Europea (UE) tomó la decisión en diciembre de 2018 de poner fin a las ayudas que recibían las centrales térmicas en funcionamiento por la quema de carbón, estableciendo como fecha límite para percibir los subsidios el 2025.

En concreto, la UE dispuso que solo continuarían recibiendo ayudas las centrales que generasen menos de 550 gramos de CO2 por kilowatio-hora de electricidad (Compostilla genera con más de mil).

A raíz de esta normativa, las compañías eléctricas tuvieron que enfrentarse a un problema que solo tenía dos soluciones: fijar el cierre de las térmicas con su correspondiente plan de futuro social o realizar las inversiones necesarias en cada planta para cumplir los requisitos de emisiones solicitados por la UE.

De forma paralela, con el mismo fin de frenar el calentamiento global y el efecto invernadero del planeta de la UE y siguiendo sus directrices, el secretario de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica, José Domínguez, anunció que la previsión del Gobierno socialista de Pedro Sánchez era que 9 de las 14 centrales de producción eléctrica con carbón que existían en España hubiesen cerrado en junio de 2020.

Para las 5 restantes, las que sí habían anunciado que realizarían las inversiones requeridas para la desulfuración y desnitrificación, la fecha límite de cierre se estableció en 2025.

En este escenario, marcado por el cierre de las minas y con ello el inicio del fin del carbón, entraron en escena Endesa, propietaria de la central de Compostilla II, y Naturgy, propietaria de la térmica de Anllares (Páramo del Sil). Ambas eléctricas anunciaron que no realizarían las inversiones para adecuar las instalaciones a lo estipulado por Europa (200 millones en el caso de Compostilla), materializándose estas decisiones en el cierre de Anllares a finales de 2018 y en el anuncio por parte de Enel -principal accionista de Endesa- de la confirmación de cierre de la térmica berciana el 30 de junio de 2020.

Futuro de los empleados

En cuanto al empleo, Endesa aseguró en el plan de futuro que presentó en 2018 junto a la solicitud oficial de cierre que respetaría los puestos de trabajo de los 166 empleados de la central y daría “total prioridad” a la contratación de trabajadores de las empresas auxiliares en las actividades de cierre y desmantelamiento de la planta, que se prolongarán durante un periodo aproximado de entre 4 y 6 años, y que generarán alrededor de 130 empleos, “con puntas de hasta 200”.

En febrero de este año, Endesa inició el desmantelamiento de los grupos 1 y 2 de la térmica con los trabajos previos. La adjudicataria es la unión temporal de empresas (UTE) formada por Sorigué y Hercal Digger.

Ambos grupos llevaban años clausurados; el primero en dejar de funcionar fue el grupo 1 tras cumplir con su vida útil y en 2015 le llegó el turno al grupo 2, tras recibir la correspondiente autorización del Ministerio de Industria.

Para estas labores las empresas anunciaron que contarían con una plantilla de 40 operarios, “aunque habrá puntas de trabajo que requerirán disponer de más trabajadores”.

En cuanto a los grupos 3, 4 y 5, Endesa anunció que contrataría a los trabajadores de las auxiliares. En cambio, y según la Plataforma de trabajadores de las empresas auxiliares de Endesa en Compostilla (constituida hace un año), por parte de la eléctrica no han recibido ninguna notificación ni han respondido a las solicitudes requeridas en este periodo. Al contrario de lo prometido, la falta de carga de trabajo de la central inició un goteo de despidos en las diferentes subcontratas.

Frente a esto, los auxiliares iniciaron una serie de protestas con 4 jornadas de huelga, manifestaciones, una acampada reivindicativa frente a la central que ya supera los 100 días y varios encuentros con representantes políticos y sindicatos para que intercediesen por ellos ante Endesa.

El objetivo de estas acciones era acogerse al Acuerdo del Carbón 2019-2027, que sí ampara a los ex empleados directos de la minería y de las térmicas, “recolocando a los jóvenes en las tareas de desmantelamiento de la central o en otras empresas de la Comarca y ofreciendo medidas fiscales y un coeficiente reductor a los mayores a punto de jubilarse”, pero por el momento el futuro de los auxiliares está en el aire.

De los 180 iniciales quedan 70, según informó recientemente el portavoz de la plataforma, Alonso Roa, tras el despido de 46 trabajadores de Maessa (Mantenimientos, Ayuda a la Explotación y Servicios S.A.) o el ERTE (Expediente de Regulación de Empleo Temporal) aplicado por Auxitrans, en vigor desde el 1 de enero y con previsión de finalizar el próximo 15 de julio, “aunque sin saber qué será de ellos después de ese día”.

Futuro de las instalaciones

En cuanto a la planta, Endesa convocó a mediados de este mes un concurso de proyectos para adjudicar las instalaciones de Compostilla (tras el desmantelamiento de la central) a través de un vídeo en el que daba a conocer los terrenos a posibles inversores. La empresa presume en él de una superficie de 300 hectáreas, 80 de las cuales son de carácter industrial y el restante correspondiente a suelo urbano. El vídeo está destinado a “empresas objetivas como compañías de logística, empresas de embalaje, agroalimentarias, químicas, de productos orgánicos o de bioeconomía, que den una segunda vida a las instalaciones con el requisito imprescindible de respetar el medio ambiente”.

La publicación suscitó las críticas de la sección sindical de CCOO de la empresa en Ponferrada, que exigió a Endesa “que sea seria y ofrezca alternativas al cierre” porque ofrecer los terrenos les parecía “una falta total de respeto a una Comarca en la que Endesa lleva más de 70 años asentada”.

Así las cosas y a un año de la fecha marcada para el cierre de la central, el próximo 30 de junio de 2020, parece que lo único asegurado, precisamente, es dicho cierre. El futuro de las instalaciones y de algunos de sus empleados continúa en el aire, algo que habrá de resolverse antes de 365 días, cuando llegue otro día negro para El Bierzo con el fin de una planta que ha sustentado a muchas familias durante casi 50 años y que formará parte siempre de la historia de la Comarca.