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UN AÑO DE LA OPERACIÓN ENREDADERA

'Enredadera': un año del tsunami judicial y político que arrasó León desde Badalona

La operación Enredadera cumple un año desde que se dio a conocer con registros en ayuntamientos y empresas de toda España, especialmente en la provincia de León con cinco ayuntamientos afectados: el de la capital, Astorga, San Andrés del Rabanedo, Villarejo de Órbigo y Villaquilambre. Todos, menos el último, han visto como cambian sus máximos responsables.

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Registro y detenciones en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo hace un año.
A. Vega | 03/07/2019 - 09:10h.

Se llamaban diligencias previas 493/2016 y estaban bajo absoluto secreto en el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, en una operación instada por la Fiscalía Anticorrupción. Y el 3 de julio de muy buena mañana el secreto se rompió parcialmente al iniciarse una operación en toda España denominada 'Enredadera', y que concluyó en su primera fase con 50 detenidos, 21 de ellos a disposición judicial, más de medio centenar de registros y una veintena de requerimientos de información.

Nacía la trama 'Enredadera' y uno de sus epicentros era la provincia leonesa, donde se registraron cinco ayuntamientos de los 25 en los que la Udef de la Policía Nacional entró en búsqueda de pruebas de presunta corrupción en materia de contratación municipal. Fueron León capital, San Andrés del Rabanedo, Astorga, Villaquilambre y Villarejo de Órbigo. Cuatro de los alcaldes, menos Silván, fueron detenidos en la operación y empezaba así un tsunami político que afectó a PP, PSOE y Ciudadanos.

'Enredadera' nació con una denuncia en la localidad catalana de Mongat sobre presuntas irregularidades en la Policía Local y en adjudicaciones de contratos de tráfico. A partir de ahí un extrabajador de una de las empresas bajo sospecha, Gespol, contó lo que sabía de sus prácticas a la Fiscalía y se abrió la investigación a presuntas irregularidades por toda España.

La investigación sobre esta presunta "organización criminal" se compone de dos partes. La primera está conformada por los gestores de una empresa llamada Gespol y sus socios, que gestiona uno de los sistema de gestión para cuerpos de policía local, y cuyos responsables eran los hermanos José Alberto y Jesús Carlos Bueno Regodón.

La segunda parte, descubierta a raíz de la primera, implica al empresario constructor y de medios de comunicación José Luis Ulibarri, que junto a su socio Ángel Luis García 'El Patatero', habrían urdido, según la Fiscalía, una red de amaños de contratos, desarrollada especialmente en Castilla y León.

La apertura del secreto de sumario de 'Enredadera' en pleno verano provocó los primeros efectos políticos reales, más allás de las expulsiones de los partidos de aquellos que fueron detenidos como los de Ciudadanos Juan Carlos Fernández o Sadat Maraña o el diputado provincial del PSOE Joaquín Llamas.

Antonio Silván y su famosa conversación con Ulibarri en la que se chivaba de cómo se desarrollaba una mesa de contratación en el Órbigo provocaron que tuviera que dejar caer al concejal José María López Benito para salvar una moción de censura. Dejará el cargo este viernes tras las elecciones de mayo que perdió frente al PSOE.

Las mociones de censura o amenaza de ellas se llevaron de sus cargos a los alcaldes de Villaquilambre y de San Andrés del Rabanedo, Manuel García (PP) y María Eugenia Gancedo (PSOE). El primero ha vuelto al poder tras las elecciones y un pacto cuatripartito cargado de polémica. El regidor de Astorga detenido en la operación, Arsenio García (PP), dejará el cargo este viernes al no seguir en política a causa de la operación contra la corrupción.

'Enredadera' ha provocado además de mociones de censura, comisiones de investigación fallidas como la de León donde al final Antonio Silván evitó dar cualquier tipo de explicación sobre su aparición en las conversaciones de la trama.

La situación actual

La investigación sobre la trama Enredadera ha avanzado poco desde que en el verano del año pasado se abrió el secreto de sumario de todas las piezas, cinco en total de las que tres afectan a León, la de Badalona, la de Astorga y otra más en los juzgados de León.

Las centenares de horas de conversaciones grabadas son la base de las acusaciones que Udef y Fiscalía han formulado contra los imputados. Incluso han afectado a políticos en activo como al consejero de Fomento de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, que ofrecía una carretera al mismo empresario con la famosa frase de "La Administración soy yo" (AUDIO).

Las últimas actuaciones concretas emanadas de la Fiscalía respecto de la pieza principal de Badalona son que, ante el descubrimiento en las conversaciones interceptadas de hechos casuales que pueden ser delitos, ha pedido la apertura de hasta 25 piezas separadas distintas, que afectan a algunos de los ya investigados o algunos nuevos nombres tal y como adelantó ILEÓN.COM

La parálisis en las piezas separadas de León y Astorga en cambio es casi total en los últimos meses. La pieza leonesa había llamado como testigos al exconcejal del PP en el Ayuntamiento de León José María López Benito y dos funcionarios del consistorio a declarar en septiembre de 2018 pero éstas se aplazaron 'sine die' hasta que la Udef aportara toda la documentación de la causa. A día de hoy siguen sin haber sido citados.

La investigación en la provincia de León lleva seis meses sin ninguna iniciativa de la Fiscalía para avanzar en la misma. Desde el órgano fiscal niegan parálisis y achacan a la complejidad de la causa por la abundante documentación incautada en los registros que la causa no pueda avanzar a más velocidad, recordando los medios limitados de la Policía. En enero de este año la investigación se declaró la 'causa compleja', lo que habilita más tiempo para la investigación.

Fuentes de las defensas consultadas denuncian el lento desarrollo de las causas de 'Enredadera'. El exconcejal de León imputado José María López Benito considera su situación de "total indefensión" desde que fue imputado hace un año "ya que no se exactamente ni de que se me acusa", explica, al no haber prestado todavía declaración pese al tiempo transcurrido.

"Estamos tranquilos con lo que pueda salir", explica otro de los abogados personados en la causa ante la apertura de nuevas cajas de documentación que se han realizado el pasado 27 de junio, y que considera que "al final todo quedará en nada o en muy poco". Lo que sí lamenta es la lentitud de la Justicia y el posible "daño irreparable" a sus clientes políticos, hoy fuera de la actualidad pública.

Desde la acusación popular que ejerce IU señalan, sin embargo, que el volumen de la causa puede indicar que estamos ante otro caso Gürtel. "Es una causa muy profunda que ha tocado de lleno al poder establecido", explican desde la formación, que creen que "en ella se intuye un entramado mafioso que no puede quedar sin investigar".

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