La Junta reduce al 4,5% el seguimiento de la huelga por las 35 horas que los sindicatos elevan por encima del 50%

Responsables sindicales de CC.OO, UGT y Csif (este último con un pimiento en la mano), durante la concentración por las 35 horas.

ileon.com / ICAL

Los sindicatos convocantes hablan de una horquilla de entre el 50 y el 70% de seguimiento; la Junta de Castilla y León lo reduce al 4,5%. Con esta disparidad de cifras se desarrolla este miércoles la huelga convocada por Csif (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores para reclamar la aplicación del acuerdo alcanzado el pasado mes de mayo (unos días antes de las elecciones) para reducir la jornada laboral de los trabajadores de la administración autonómica a 35 horas semanales. Los principales dardos de las organizaciones sindicales se dirigieron contra el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, al que desacreditaron como interlocutor en las negociaciones. Fue el propio Igea, acompañado del consejero de la Presidencia, el popular Ángel Ibáñez, el encargado de dar explicaciones y confirmar la voluntad de aplicar más adelante la rebaja de jornada con el compromiso añadido de atender “las reclamaciones y reducir la temporalidad”.

La movilización laboral, que se escenificó con concentraciones frente a las delegaciones territoriales de la Junta en cada una de las nueve provincias, tiene en León un apéndice con el encierro iniciado este martes por delegados de UGT y que se prolongará durante 35 simbólicas horas, según adelantó el secretario de la Federación de Empleados Públicos de UGT en León, Juan Miguel Martínez. Música y cánticos reivindicativos acompañaron la protesta en la capital leonesa, donde los sindicatos convocantes ofrecieron cifras de seguimiento que oscilan entre el 50 y el 70% sin contar los “abusivos” servicios mínimos, por lo que se mostraron satisfechos con el incremento de participación con respecto al paro parcial convocado en recientes fechas dentro de la escalada de presión de las últimas semanas.

Csif, CC.OO y UGT se quejaron de los “cambios de guión” en las negociaciones de los últimos días, que desembocaron en una última propuesta del Gobierno autonómico para aplicar el acuerdo de mayo a partir del 31 de marzo y condicionado al cumplimiento de requisitos que la parte social sostiene que “hace inviable” su puesta en marcha. “No vamos a parar hasta volver a conseguir los derechos que nos han quitado”, dijo la responsable de Sanidad de Comisiones Obreras en León, Sara Prieto Fidalgo, mientras el representante del Csif Carlos Javier Reguera ilustró gráficamente lo que, a su juicio, le importan sus empleados a los miembros del Ejecutivo autonómico al posar con un pimiento. De fondo, los cánticos comparaban al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (precisamente este miércoles de campaña electoral en León), con “Pinocho”, mientras que Igea era “opaco” en esas consignas.

El propio Igea manifestó que “ahora”, una vez que se ha confirmado la huelga, “hay un escenario presupuestario distinto”. “Eso no quiere decir que se vaya a torcer nuestra voluntad, pero es evidente que durante las últimas semanas y días ya informamos de que la imposibilidad de llegar a un acuerdo cambiaría las circunstancias. Pero eso no va a cambiar nuestra voluntad”, insistió, en relación al cumplimiento de los objetivos de déficit y la regla de gasto, tal y como señaló el lunes Ángel Ibáñez al término de la última reunión.

Así, según detalló Ibáñez, de los 5.651 efectivos que desarrollan su labor profesional en la Administración de la Junta y que podían ejercer su derecho a huelga hasta el mediodía de este miércoles sólo han secundado la convocatoria 657, es decir, el 12,1 por ciento; de los 9.613 que lo hacen en las nueve delegaciones territoriales, lo han hecho 1.138, el 12,2 por ciento; del bloque de sanidad, el más amplio en términos absolutos, estaban llamados a la huelga general en estos turnos 20.162 asociados, pero sólo han parado 387, el 1,92 por ciento, según la Junta; y del ámbito educativo no universitario, compuesto por 23.133 personas, lo ha respaldado el 1,82 por ciento.

Del total de 58.259, 51.169 corresponden a funcionarios estatutarios, un colectivo que ha respaldado la huelga general en un 3,76 por ciento (1.923), mientras que los 7.090 restantes de estos dos turnos, que son considerados laborales, apoyaron en mayor medida la convocatoria, con un 10 por ciento (711).

El 10,15% en la Delegación Territorial de León

Por provincias, según datos de la Junta, en la Delegación Territorial de León el 10,15% de los trabajadores (el 9,60% de los funcionarios y personal estatutario y el 11,44% del personal laboral) secundaron el paro, por apenas el 1,39% de los funcionarios y personal estatutario de las instituciones sanitarias (ninguno de los trabajadores laborales hizo huelga) y por el 1.77% del sector docente no universitario (el 1,48% de los funcionarios y el personal estatutario y el 15,38% del personal laboral).

Según delegaciones territoriales, los sorianos fueron los que más pararon, un 16,4 por ciento, seguidos de burgaleses (15,4), palentinos y vallisoletanos (ambos con un 15,1 por ciento). En las instituciones sanitarias lideraron este respaldo en Burgos y Soria, con el 3,8 por ciento de trabajadores en cada caso, mientras que en Salamanca sólo hizo huelga general el 0,89 por ciento. Y en el sector docente no universitario, un 3,89 por ciento de los profesionales secundó el paro en Palencia, que encabezó la protesta en términos porcentuales, frente al 0,65 por ciento de Salamanca.

Al respecto, Igea, quien agradeció el trabajo de todos los empleados públicos, “no sólo del 96 por ciento que no ha secundado la huelga general”, ensalzó los “excelentes” trabajadores al servicio de la Administración autonómica, que “hoy han demostrado que por encima de otro tipo de consideraciones les mueve el interés de los ciudadanos de Castilla y León”.

Igualmente, sostuvo que la Junta “sigue dispuesta a avanzar en las negociaciones de mejora de los trabajadores y nada va a cambiar esta determinación”, siempre, dijo, en base al “diálogo y el acuerdo”. Preguntado por el hecho de que la Junta no ha cumplido el acuerdo suscrito en mayo, comentó que el “compromiso” firmado por el Gobierno anterior se mantiene, con la suma de intentar atender “las reclamaciones y reducir la temporalidad”.

Los sindicatos amenazan con los tribunales

Los sindicatos, por su parte, ratificaron la decisión de los servicios jurídicos de las tres organizaciones de llevar a los tribunales al Ejecutivo autonómico por este incumplimiento. En Valladolid, el secretario autonómico de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) UGT, Tomás Pérez, denunció que la Junta “no ha cumplido absolutamente nada ni piensa hacerlo”. “A partir de ahora vamos a seguir con movilizaciones, con todo, porque tenemos mil cosas preparadas. Vamos a empezar una iniciativa judicial y denunciaremos que no han cumplido el acuerdo a nivel judicial. Luego ya el tiempo es muy largo y esto es una carrera de fondo, pero ni los empleados públicos ni sus representantes vamos a olvidar que no tienen palabra”, afirmó.

Tras no llegar a un acuerdo en las últimas horas en la mesa de negociación, lanzaron una advertencia por boca de la secretaria de Acción Sindical de Sanidad y coordinadora de Área Pública de CC.OO Castilla y León, Dalia Madruga: “No va a quedar otro remedio que acudir a los juzgados una vez más, como ya pasó con la carrera profesional o con el concurso de traslados de personas funcionarias. Parece que este Gobierno no quiere resolver nada en la mesa de negociación y todo va a acabar en los juzgados. Esperemos que no sea así, les pedimos que reflexionen, que están a tiempo, y que tomen las medidas oportunas para respetar a los empleados públicos y a los ciudadanos y a sus servicios públicos”.

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