Los cargos autonómicos de Castilla y León tendrán que identificar a los empresarios con los que se reúnan

Más de un centenar de altos cargos de la Comunidad Autonoma de Castilla y León estarán obligados a hacer públicas sus agendas de trabajo, en las que incluirán los nombres, cargos y entidad a la que representen de quienes estén presentes en las reuniones “mantenidas en el ejercicio de sus funciones públicas”.

Esto indica el Acuerdo 185/2019 publicado el 20 de noviembre pasado por la Consejería de Transparencia dirigida por el vicepresidente autonómico Francisco Igea, cumpliendo una de sus promesas en esta política de hacer más transparente a los ciudadanos los usos y costumbres de la Administración Pública.

En esta nueva norma se eleva a publicidad activa (la que es obligatoria publicar) las reuniones de los altos mandos autonómicos, que será incluida en el Portal de Transparencia cuando sea “relativa a reuniones, eventos o encuentros, tanto presenciales como en otros formatos electrónicos o a distancia”. Es decir, también las videoconferencias y las llamadas de teléfono, aunque no queda claro si las comunicaciones por correo electrónico estarán incluidas.

Además, según la nueva norma “especialmente deberán tener reflejo en las agendas aquellos que se mantengan con personas físicas o representantes de personas jurídicas ajenas a la administración autonómica sobre asuntos relacionados con su actividad” y que se celebren tanto en instalaciones y dependencias de la Junta como fuera de ellas; es decir, en cualquier lugar fuera de las oficinas de los altos cargos.

Los que se identificarán... y los que no

La norma especifica concretamente quiénes han de ser identificados en esas reuniones, que deben tener una breve descripción del tema a tratar, la fecha y el lugar exacto y podrán incluirse el orden del día, los documentos aportados por las personas asistentes y los datos. Estarán obligados, también, a dar los datos “meramente identificativos” de la persona titular de la agenda (el cargo público) y, en caso de entidades de naturaleza privada (como las empresas) de los que ostenten “el cargo de administradores o miembros del órgano de gobierno o dirección [...] o altos directivos o asimilados”. “En estos casos, sólo se hará constar su nombre y apellidos, cargo que ocupan y entidad a la que representan”, concreta.

Sin embargo, hay límites: si la reunión incluye datos especialmente protegidos, deberán omitirse los datos personales salvo que se dé autorización expresa para hacerlos públicos; “se podrán hacer públicos” los de personal eventual que participe en las reuniones, eventos o encuentros grabados“. Tampoco se identificarán a personas que en la reunión ”ejercieran funciones de asesoría o consultoría de una entidad de derecho privado“ (como podrían ser las patronales Cecale o Fele).

Trato de favor a los empleados públicos

También hay un evidente trato de favor a los “restantes empleados públicos”, incluidos los de empresas y fundaciones públcias, ya que “se obviarán sus datos personales” sólo identificándolos como representante de la unidad u órgano al que representan. Algo que choca con la propia concepción de dato personal, ya que —al igual que pasa con los empresarios autónomos (sus nombres y apellidos no se consideran así porque están ejerciendo una función comercial— en el momento en que están efectuando una función pública, por naturaleza, ésta no puede ser privada o personal.

Facilitar el escrutinio y control ciudadano

La publicidad de las reuniones de las autoridades es una de las normas básicas de la Transparencia, porque así permite a los ciudadanos saber con quién y qué grupos de presión se reúnen sus políticos y los dirigentes de sus administraciones. Algo que la Ley estatal 19/2013 en la materia define indicando que “sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que los afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones [...] los poderes públicos comenzarán a responder a una sociedad que es crítica y exigente”.

Esta obligación que se aprueba, la de publicidad activa de la agenda de los altos cargos públicos, no se incluyó en la Ley 3/2015 de Transparencia de Castilla y León, aunque “sí aparence incorporada” en “buena parte del resto de las leyes autonómicas”, por lo que se incluye al parecer “insuficiente” que sólo se indicaran los eventos de cobertura informativa.

Así, estarán obligados a publicar su agenda los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y los de las entidades a ellas adscritas en el artículo 1 del Estatuto de los Altos Cargos autonómicos y “en el caso de los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes o asimilados de las empresas públicas o fundaciones públicas, será indiferente que tengan suscrito un contrato de alta dirección o no”.

No estarán, por tanto, incluidas las administraciones municipales y sus empresas, instituciones u dependientes en el territorio autonómico.

Protestas de la Patronal Empresarial por “desnudar” quién acuerda qué en las reuniones

Por otra parte, la nueva normativa no ha sentado nada bien a la Patronal Empresarial, que se siente “inquieta” por lo que considera un “estriptis” que cambia los usos y la forma que tenían de hacer tratos con la Administración autonómica, idenfificando a los empresarios y las empresas en cualquier acuerdo público que consigan.

La norma especifica que la información tendrá que publicarse “con la máxima antelación posible a su celebración” o “en un plazo máximo de dos semanas”, y que no se podrá borrar, aparte de poder publicarse en datos abiertos de formatos reutilizables.

Tendrá que incluirse en esa información, las reuniones celebradas con agentes externos a la administración autonómica; las reuniones de seguimiento y evaluación de contratos y convenios; la asistencia a sesiones de cualquier Administración Pública (incluso de otras instituciones autonómicas o no); las visitas oficiales en ejercicio del cargo; los actos institucionales y eventos, actos, conferencias o foros, públicos o privados, nacionales o internacionales, recepciones, comidas ofciales y actos sociales y protocolarios, comparecencias, ruedas de prensa y entrevistas y viajes y desplazamientos oficiales realizados.

Sin embargo, el punto que ha levantado los recelos de los empresarios ha sido el de que tengan que ser identificados en “reuniones mantenidas con otras personas físicas o jurídicas, tales como representantes de empresas públicas o privadas [...] o entidades con o sin ánimo de lucro”. Cosa que especificó el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) Santiago Aparicio —en esta información de Rafael Daniel de ElEconomista.es—, donde advierte de que hay que “pensarse dos veces la publicación de la reuniones, porque puede frenar de forma brusca la captación de inversiones, sobre todo de las importantes”.

Sin embargo, la propia norma apunta que “no se incluirán aquellas reuniones, eventos, encuentros o datos [...] cuando quede debidamente acreditado que su publicación pueda generar un riesgo para la seguridad de las personas” o cuando colisione alguno de los límites citados en la ley nacional. Entre los que se encuentra el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, y “los intereses económicos y comerciales”.

Transparencia decidirá, no cada alto cargo

De todas maneras será la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno de la Junta la que tiene que decidir cuándo aplicar esos límites y, “en caso de que no decida publicar, se sustituirá por una comunicación al Consejo de Gobierno”; y cuando el riesgo o perjuicio “deje de ser efectivo una vez celebrada la reunión, se deberá publicar la información”.

En ese mismo punto polémico porque los empresarios no desean ser identificados en sus asuntos con las autoridades, también están obligados a dar a conocer a los cargos de organismos administrativos, fundaciones, corporaciones, partidos políticos, sindicatos e incluso “representantes de medios de comunicación”.

Todo para que el ciudadano pueda saber con quién 'negocian' sus políticos y burócratas. Incluidos los demás empresarios que no están en la 'pomada'.