La Fundación Siglo ocultó contratos y no registró en Hacienda las adjudicaciones, según el Consejo de Cuentas
Es la Fundación que más presupuesto tiene que pertenezca a la Administración de Castilla y León, y también es una de las más oscuras. Se encarga de gestionar muchos de los contratos de la Consejería de Cultura, para que ésta no tenga que dar explicaciones de cómo y a quiénes escogen para llevarlos a cabo.
Una opacidad que llega hasta tal punto de que la elección de sus altos cargos ha sido censurada por el Consejo de Cuentas de Castilla y León, por incumplir la legislación.
La Fundación Siglo para el Turismo y las Artes, la de más presupuesto de la Junta de Castilla y León, ha colocado 'a dedo' a sus últimos dos directores generales, un puesto por el que cobran 59.720 euros, una cantidad similar a la que reciben los directores generales del Gobierno autonómico, según informa de ello Alba Camazón en ElDiarioCyL.es.
El Consejo de Cuentas criticó en su informe de fiscalización estas decisiones, al considerar que “no se han respetado los principios de publicidad de la convocatoria y de sus bases, y los constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”.
Además de a sus directores generales, la Fundación contrató a otros dos altos cargos —el jefe de División de Planificación Estratégica y Marketing y el jefe de Desarrollo de Equipamientos Culturales y Turísticos— sin un proceso selectivo, incumpliendo en todos los casos el artículo 55 del Estatuto Básico del Empleado Público.
Este artículo que menciona la institución fiscalizadora fija que los principios rectores del empleo público deben estar basados en la igualdad, el mérito y capacidad. Las fundaciones tienen que seleccionar a su personal funcionario y laboral mediante publicidad en las convocatorias y sus bases, la transparencia, la imparcialidad, profesionalidad e independencia de los miembros de los órganos de selección.
La Fundación Siglo, con sede en el Centro Cultural Miguel Delibes, es la que más cantidad recibe de subvenciones de la Junta: 28,3 millones de euros. A esta suma se añaden otras subvenciones del sector público, ventas de entradas a museos, conciertos y festivales y otro tipo de ingresos no concretados en las cuentas anuales de 2018. En total, la Fundación Siglo ingresa 32,65 millones de euros para ayudar a la Consejería de Cultura y Turismo en la gestión de museos: el Museo de Arte Contemporáneo (Musac) en León, el de la Evolución Humana en Burgos, el Museo Etnográfico en Zamora y el de la Minería y Siderurgia en la localidad leonesa de Sabero, entre otros; junto a las actividades de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Oscyl).
Cuatro altos cargos fueron contratados en 2016 y 2017, los años que ha fiscalizado el Consejo de Cuentas, pero solo hubo un proceso selectivo en el que se valoraba de forma pública los méritos y la capacidad de los candidatos; el de director del Museo Etnográfico. El Consejo de Cuentas reprocha que solo se celebrase un concurso público y no todos los que correspondían.
En el propio informe se reflejan las alegaciones de la Fundación Siglo; que se ampara en la inexistencia de una regulación específica de la Comunidad de Castilla y León para este personal directivo. “Esa regulación autonómica sería una normativa de desarrollo de los principios básicos relativos al personal directivo que se contienen en ese mismo artículo. Pero esos principios deben respetarse siempre, exista o no regulación autonómica de desarrollo”, señala la organización de control.
Entre estos principios, “aplicables al personal directivo”, destacan el mérito, capacidad e idoneidad, “y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia”. “El hecho de que la Comunidad de Castilla y León no haya desarrollado la previsión contenida en el referido artículo 13, no era un óbice para no haber desarrollado procedimientos selectivos que garantizasen la publicidad, concurrencia y la igualdad, mérito y capacidad de los candidatos a ocupar esos cargos directivos”, concluye el Consejo de Cuentas.
La Fundación Siglo responde a ElDiarioCyL.es únicamente en referencia a la contratación del director general: “No se somete a convocatoria porque tiene la consideración de alto cargo”. González Posada ha estado al frente de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid durante los últimos 16 años y cobra la misma cantidad que su antecesor “por coherencia”, señala el secretario general de Cultura y Turismo, Gregorio Muñoz. “Hemos mantenido el mismo sueldo, que está sujeto a la autorización previa de la Dirección General de Presupuestos”, explica. Los sueldos públicos de la Junta de Castilla y León están tasados. Es decir, no cobra lo mismo una persona licenciada que una que no tiene estos estudios superiores. Sin embargo, esto no funciona igual con los dirigentes de las fundaciones, cuyo sueldo se rige por otros criterios.
Sin Transparencia, sin publicar licitaciones en el Perfil del Contratante y ocultando datos a Hacienda
El Consejo de Cuentas también ha registrado otras incidencias en el funcionamiento de la Fundación Siglo, con deficiencias en materia de Transparencia al no publicar en el perfil del contratante varios contratos, lo que ha impedido garantizar “suficientemente” el principio de concurrencia o de libertad de acceso a las licitaciones.
En otros casos, los informes de necesidad (para justificar la importancia de realizar esa contratación) son “sumamente genéricos” y no especifican “las concretas necesidades que pretenden cubrirse”. Tampoco se aportan los antecedentes, estimaciones, datos tenidos en cuenta y cálculos realizados para la cuantificación de los presupuestos base de licitación, lo que también incumple las normas internas de contratación.
En uno de estos contratos se excluye una oferta “al no acreditar los requisitos exigidos”. Sin embargo, a otra empresa se le pide que subsane y vuelva a enviar la documentación necesaria. El Consejo de Cuentas recomienda a la Fundación que en estos casos ofrezca un plazo de subsanación a todas las empresas que lo requieran.
La Fundación Siglo incumplió su obligación de comunicar al registro del Ministerio de Hacienda y Función Pública los datos básicos de los contratos adjudicados. Esta información tampoco figura en el registro de contratos de la Administración autonómica, aunque sí cumplió mayoritariamente con las obligaciones de envío de la información contractual al Consejo de Cuentas. “En las instrucciones internas de contratación de la Fundación no se garantiza suficientemente el principio de concurrencia, ni tampoco la adjudicación a la oferta”, señala el Consejo.
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