El juez del caso Perla Negra decreta fianza de 18 millones a los 12 imputados de la Junta

El juez instructor del caso Perla Negra, que investigó el sobrecoste del edificio de la Consejería de Economía y la compra de unos terrenos para un polígono fallido en la provincia de Valladolid, dictó ayer la apertura de juicio oral y la obligación de los 12 imputados de prestar una fianza solidaria de 18 millones de euros “antes de 24 horas”.

En el auto, al que ha tenido acceso ElDiarioCyL.es, el juez César Gil Margareto advierte que “de no prestarla se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada”.

Cada uno de los investigados debería consignar en la cuenta del juzgado los 18 millones de euros antes de que termine día de hoy, según informa de ello Laura Cornejo, si bien lo previsible es que no logren reunir esa cantidad en tan breve espacio de tiempo y se proceda a los embargos. En el caso de uno de los principales imputados, el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, la tarea se complica: Delgado ya tiene embargadas desde hace años todas sus cuentas de manera cautelar a petición de la Fiscalía.

El proceso a partir de este miércoles pasa porque el juzgado recurra a la Oficina de Punto Neutro Judicial para que esta aporte información tributaria sobre los encausados y se embarguen bienes hasta alcanzar esa suma de 18 millones.

Por otro lado, el juez destaca algo llamativo: las empresas implicadas en la causa, cuya imputación es posible como persona jurídica, no lo están, puesto que ninguna de las acusaciones lo ha solicitado, por lo que quedan fuera Urban Proyecta PM3, Parque Empresarial Portillo y Cementos La Bureba, aunque sus dirigentes y administradores están investigados.

El PSOE pide a la Junta “responsabilidades políticas”

El PSOE de Castilla y León pidió hoy a la Junta “explicaciones” tras el conocimiento del auto por el que se abre juicio oral por el caso del edificio de Arroyo de la Encomienda. “¿Nadie de la Junta tiene algo que decir?”, se preguntó la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, que insistió en la necesidad de que se asuman, no solo responsabilidades judiciales, sino también políticas.

“¿Nadie en la Junta va a decir esta boca es mía?”, reiteró Ana Sánchez, quien recordó que el ahora presidente de la Junta lo era del PP desde el año 2002. “¿No tiene ninguna valoración?”, requirió Sánchez, quien atribuyó esta responsabilidad también al vicepresidente de Transparencia y Regeneración Democrática, Francisco Igea, por “sustentar a un presidente de la Junta que también lo es de un partido político”.

Sánchez leyó el escrito de la Junta en el que se remarca que los que fueron viceconsejeros de Economía, Rafael Delgado y Begoña Hernández, ejecutaron sus acciones delictivas “a título personal, con autonomía y libertad que les otorgaba ser cargos de los entes públicos”. Por ello, la secretaria de Organización del PSOE consideró que Alfonso Fernández Mañueco, que “ya estaba allí” —fue consejero de Presidencia entre 2001 y 2007, así como consejero de Interior y Justicia entre 2007 y 2011— tendría que ser el primero en comparecer en la comisión de investigación de las eólicas, pero también del polígono de Portillo o del edificio de Arroyo.

De la misma manera, Sánchez recordó que no solo Alfonso Fernández Mañueco estaba sentado en el Consejo de Gobierno en aquella época, sino también Carlos Fernández Carriedo y el actual portavoz del PP en las Cortes, Raúl de la Hoz. Con esta base, Sánchez reiteró su pregunta de si la Junta puede continuar “sin dar una sola explicación” a la hora de valorar el auto.

La Fiscalía apunta a “la cúpula de la Consejería de Economía” en la etapa de Tomás Villanueva

La Fiscalía, en su escrito de acusación, destaca que los hechos investigados “fueron propiciados por la cúpula de la Consejería de Economía” y “cuando era titular de la misma el fallecido Tomás Villanueva Rodríguez”. Se actuó “para beneficiar a determinadas mercantiles y a los particulares que las gestionaban”. Participaron también, según el Ministerio Público, quienes ostentaban puestos relevantes tanto en la Consejería como en las empresas públicas que formaban parte de esta, quienes actuaron concertados con los particulares.

El Ministerio Público detalla profusamente la participación de cada uno de los acusados en el amaño del concurso del edificio, las relaciones personales y comerciales entre ellos y las facturas que finalmente se pagaron por el edificio de Economía, con un precio cerrado en 52 millones al que se añadieron la carga financiera, que nunca debió abonar la empresa pública Gesturcal y 'modificados de obra' que en algunos casos se pagaron dos veces y que ascienden a 9,7 millones de euros más. A ello hay que sumar los 4,4 millones que se pagaron sin concurso de ningún tipo al estudio de arquitectura Unifica Servicios Integrales, que además está en la causa Gürtel por haber reformado la sede del PP en la calle Génova y que se pagó con dinero B. La investigación reveló además que Unifica ingresó posteriormente 1,9 millones de euros a la constructora y a empresas administradas por sus directivos.

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