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Caza

La Junta de Castilla y León quiere permitir la caza de jabalíes y ciervos con hasta 40 centímetros de nieve

Los ecologistas defienden que se mantenga como 'día de fortuna' porque, con nieve, los animales dejan mayor rastro y tienen menor posibilidad de escapatoria.

media veda caza
Un cazador durante el inicio de la media veda de caza. / J. L. Leal / ICAL
Alba Camazón / eldiario.es/cyl | 19/01/2020 - 13:08h.

La Junta de Castilla y León prevé en su nueva Ley permitir la caza menor (conejo, liebre, zorro, faisán y codorniz, por ejemplo) cuando haya menos de 10 centímetros de nieve y la caza mayor (jabalí, ciervo ibérico, corzo, lobo) con hasta 40 centímetros. El plazo para presentar alegaciones al anteproyecto de la Ley de Caza ha terminado este viernes y las organizaciones lo tienen claro: no a la caza con nieve, según esta información de eldiario.es/cyl.

Conservacionistas, ecologistas y animalistas critican que por primera vez se quiera permitir la caza con nieve, aunque sea de forma limitada. Hasta ahora, los días con nieve se consideraban 'días de fortuna' para los animales. Si la Junta mantiene este artículo, solo se considerarán 'días de fortuna' después de incendios, inundaciones y "otras causas" que la Junta no concreta, cuando los animales "se ven privados de sus facultades normales de defensa u obligados a concentrarse en determinados lugares".

"Con nieve, los animales dejan mayor rastro y tienen menor posibilidad de escapatoria", lamenta la asociación animalista Libera!, que ha presentado una alegación a la totalidad del anteproyecto de ley. Ecologistas en Acción, como otras tantas organizaciones, realizan postulados similares. Las especies están "totalmente indefensas" porque se refugian en las escasas zonas sin nieve, y su rastro es "muy fácil de seguir". La organización considera que el límite de 40 centímetros para la caza mayor conllevará daños y las muertes de crías y hembras preñadas, "así como de otras especies de mamíferos no cinegéticos de menor talla que no tienen ninguna posibilidad de escapar en una cacería con rehalas".

La Asociación-Sindicato Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl) aboga también por la prohibición de caza con nieve porque "las presas tienen que tener una oportunidad de escape y seguir un rastro en nieve continua no lo permite". También apuesta por medir la nieve como "continuidad" y no con centímetros, que no es una medición "objetiva".

Este no es el único punto en el que coinciden estas organizaciones, que también afean que se permita "portar armas listas para su uso en los caminos de uso público cuando no exista riesgo para las personas o sus bienes". La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos enfatiza la importancia de que las armas queden fuera de los caminos de uso público. "Es un despropósito. ¿Y nuestro derecho a circular libremente y acceder a la naturaleza?", señala el secretario de comunicación de la asociación, Vicente García.

"Siempre existe un riesgo cuando se porta un arma cargada y lista para usar. Las zonas de seguridad deben serlo bajo cualquier circunstancia, no con excepciones", sentencia la asociación Goyarcyl, que también reprocha que el anteproyecto de Ley pida a todos los usuarios "evitar situaciones de riesgo": "Es un despropósito pedir a un paseante que tenga que esquivar las balas o dejar de pasear por un camino público porque le vuelan las balas a 50 metros".

"Prioridad" de la caza sobre el resto de actividades

Las asociaciones ecologistas y conservacionistas lamentan que además el anteproyecto de la Ley de Caza que ha propuesto inicialmente la Junta de Castilla y León dé prioridad a la caza sobre otras actividades realizadas en la naturaleza. "No es posible ejercer ninguna actividad empresarial ni de ocio de forma compatible con la caza", lamenta en sus alegaciones la asociación Guías Ornitológicos y Alojamientos Rurales Castilla y León (Goyarcyl).

"La caza no puede predominar sobre otras actividades como pueden ser el senderismo, el montañismo, la escalada, el esquí y el ciclismo de montaña, las carreras por montaña", defiende la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León (FEDMESCYL). Estas son solo algunas de las quejas que ha recogido eldiario.es entre todas las alegaciones que se han presentado, muchas de las cuales han acudido al artículo 45 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a "disfrutar de un medio ambiente adecuado, así como el deber de conservarlo".

En una ocasión casi única, cazadores, ecologistas, agentes medioambientales y agricultores y ganaderos coinciden. No les gusta el anteproyecto de la Ley de Caza que ha propuesto inicialmente la Junta de Castilla y León por eso han presentado alegaciones, aunque solo coinciden en un aspecto: el nombre de la ley.

Cazadores y conservacionistas insisten en la importancia de que la Ley tenga la denominación que le corresponde: 'Ley de Caza'. Pretenden así evitar con los "eufemismos" como 'Ley de gestión sostenible de los recursos cinegéticos'. "A las cosas hay que llamarlas por su nombre, no queremos que se descafeíne el nombre", explica a eldiario.es el presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi. "No por alargar los títulos de las leyes se consigue un mejor conocimiento de las mismas", reprochan también desde la asociación conservacionista URZ.

El anteproyecto de la Ley de Caza se ha sometido a información pública durante estas navidades y hasta el viernes 17 de enero, un periodo que también han criticado todas las organizaciones. La Federación de caza ya anunció días su intención de presentar alegaciones después de publicarse el anteproyecto la ley. Sin embargo, aunque se comprometió inicialmente a entregar estas alegaciones a eldiario.es como han hecho otras organizaciones, finalmente se negó "por respeto a la Consejería".

Ecologistas en Acción lamenta que no se afronte el abandono de los perros de caza y pide que se revise anualmente el catálogo de especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Protegidas "cuya caza haya sido prohibida por la Unión Europea". "Esto lleva directamente a sacar la tórtola europea del listado de especies de caza menor", explican los de Ecologistas.

Piden que se prohíba específicamente la caza con niebla

La Asociación para la Conservación y Estudio de la Naturaleza de Valladolid (Acenva), hace especial énfasis que se incluyan como zonas de seguridad todas las choperas, alamedas y zonas arboladas en las que hay dormideros de Milano real, en peligro de extinción. También solicitan que se especifique que queda prohibida la caza en días de niebla y con poca visibilidad como con lluvia intensa".

Las organizaciones conservacionistas piden también que se reduzca el número de especies cinegéticas si están en declive poblacional, tiene un mal estado de conservación o no ocasionan daños a bienes o personas. El anteproyecto de Ley prevé que se pueda superar el cupo máximo medio anual (caza menor) hasta en un 20%, algo que no comparten ecologistas y otros colectivos, que plantean suspender la caza si se supera el cupo máximo.

La asociación de agentes medioambientales considera que debería prohibirse disparar en dirección a las zonas de seguridad. "Dado el alcance de los rifles empleados en caza mayor, esta distancia de seguridad se ampliará a un mínimo de 200 metros en todos los supuestos cuando se practique dicha modalidad".

El anteproyecto prevé la creación de una Comisión Científica de Caza para asesorar a la Consejería, formada por personas "de acreditada solvencia técnica o científica" y que podrán cobrar por sus funciones. La Asociación de Agentes Medioambientales plantea que no se remunere y que la Comisión esté integrada también por agentes de la autoridad y personas de asociaciones conservacionistas. "Se considera que hay gente totalmente profesional dentro de la administración de la Junta de Castilla y León como para no necesitar apoyo externo".

Otras organizaciones han optado por no presentar ninguna alegación, como la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico. ASCEL considera "un absurdo" esa ley, que es "más de lo mismo". "No vamos a participar porque creemos que es ilegal", explica a eldiario.es Ignacio Martínez Fernández, miembro de la Junta Directiva de ASCEL.

Izquierda Unida, que también ha presentado alegaciones, ha destacado que el anteproyecto "insiste en los errores señalados en las numerosas sentencias del TSJ". "También en este caso, no cuenta con los estudios científicos y técnicos necesarios que avalen la declaración de especies cinegéticas", señala el partido.

Pocas alegaciones en el sector agrario

Las organizaciones profesionales agrarias (opas) también tienen algo que decir sobre esta ley, aunque las alegaciones son mucho menos extensas que las de cazadores y conservacionistas. UPA-Coag reclama que si un animal cazado produce daños en las tierras o el ganado, el responsable sea el cazador correspondiente. También está preocupada por los posibles conflictos entre perros de caza y perros pastor, y propone una ficha de control para que los cazadores rellenen una vez finalizada la montería debido a la imposibilidad de encontrar cobertura móvil en algunos puntos de la Comunidad. UCCL lamenta la "percepción negativa de la actividad agraria" que ve en el anteproyecto de ley y espera que se atribuya la responsabilidad en los terrenos vedados al propietario.

Asaja prefiere no hacer públicas sus alegaciones antes de la reunión del martes con el consejero de Fomento, Juan Carlos Súarez Quiñones. Su presidente avanza, no obstante, que sus alegaciones van en favor de intensificar la caza mayor "para controlar las especies sin perjuicio medioambiental" y en pro de "conservar y proteger la caza menor".

La elaboración de la Ley se conforma después de que las Cortes de Castilla y León legalizaran la caza conscientes de que se trataba de un "parche" que modificaba la ley para blindar las especies cinegéticas y los periodos y días hábiles para la caza. Esta Ley 9/2019 se produjo después de que el Tribunal Superior de Justicia prohibiera la caza con la anulación de la Orden y el Decreto (recurrido ante el Supremo por la Junta de Castilla y León). En junio de 2019, el Defensor del Pueblo interpuso ante el Tribunal Constitucional una demanda de recurso de inconstitucionalidad y el TSJCyL acordó en un auto elevar la cuestión de inconstitucionalidad.

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