La Junta de Castilla y León 'troceó' más de 1.200 licitaciones en 2019 ignorando la nueva Ley de Contratación Pública

La Junta de Castilla y León adjudicó siete millones de euros de dinero público divididos en 1.201 contratos entre enero y julio de 2019. Esto es lo que ha detectado la Fundación Civio en una investigación sobre el incumplimiento por fraccionamiento de contratos que marca la Ley de Contratación Pública cuando se corresponde a obras y servicios menores.

La información publicada ayer por Civio en su sección 'Quién cobra la obra', titulada 'Miles de contratos públicos incumplen la ley para poder ser adjudicados a dedo' detectó —tras descargar, filtrar y limpiar miles y miles de datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público— que “sólo en los primeros siete meses de 2019, más de 6.500 adjudicaciones (en toda España) se saltan el texto literal de la norma, que no permite que una administración pública sume varios contratos menores a una misma empresa que superen los 15.000 o 40.000 euros”.

De esas 6.500 adjudicaciones localizadas en todo el país, 1.201 corresponden a contratos oficializados por la Junta de Castilla y León y sus diversas gerencias o empresas, el 18,5% de todos los que Civio consiguió sacar a la luz en este ingente trabajo de investigación de periodismo de datos.

Los contratos fraccionados de forma irregular por la la Junta de Castilla y León corresponderían la mayoría de ellos a servicios con un monto total de 6.988.859,39 euros en esos siete meses de 2019 y la consejería que más habría realizado, en número de ellos, fue la de Presidencia con 760; ya de por sí el 11,7% de todos los localizados por esta Fundación independiente y sin ánimo de lucro que, según sus obetivos, “vigila a los poderes públicos, informa a todos los ciudadanos y presiona para lograr una transparencia real y eficaz en las instituciones”.

De esta manera, la Consejería de Presidencia adjudicó entre enero y julio de 2019 un total de 1.559.619,76 euros en 760 expedientes administrativos distintos. Lo que viene a ser a una media de 2.052 euros por contrato. La mayoría de ellos parecen proceder del pago de Publicidad Institucional, lo que, según algunas interpretaciones legales, no queda tan claro que incumpla flagrantemente la nueva Ley de Contratación Pública puesta en vigor definitivamente el 9 de marzo de 2018.

Las direcciones provinciales de Educación, las que más usan el fraccionamiento

Pero en los otros casos, en los 441 restantes, la cuestión ya canta de otra manera. Sobre todo al respecto de las direcciones provinciales de Educación, ya que seis de ellas han repartido casi cuatro millones de euros en 183 contratos dudosos de obras. Lidera el reparto Burgos, con 73 contratos y 757.726 euros de gasto (a poco más de diez mil euros por contrato), seguido de Zamora con 37 (para 621.347 euros), y Salamanca y Palencia con 28 y 27 cada una (para medio millón por provincia). León repartió 339.780 euros en 14 contratos y Ávila 96.128 en 4.

Pero esto no acaba aquí, la Consejería de Sanidad de Castilla y León también tiene sus 'truquitos': ella misma reparte 53.534,60 euros en nueve contratos directamente, pero sus gerencias territoriales de Salud y Asistencia Sanitaria o Primaria de Ávila, Soria y Burgos se encargan de repartir directamente al buen empresario que les parezca 961.708,38 euros en 114 contratos. Las que más, la de Servicios Sociales de Burgos, con 35 contratos que reparten obras por valor de aproximadamente 285.000 euros.

Otra de las grandes repartidoras de contratos únicos en distintos pequeños fue la Consejería de Agricultura y Ganadería, que con 76 adjudicaciones colocó contratos por unos 424.000 euros, según los datos de Civio referentes al “número de contratos de una misma empresa a una misma administración que sumados superan el límite de los contratos menores” que se pueden descargar aquí.

Además, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la dirigida por el leonés Juan Carlos Suárez Quiñones, también muestra una forma un tanto peculiar de repartir las obras. Ya conocido por la frase que le dijo al empresario José Luis Ulibarri —que fuera detenido en la Operación Enredadera y encarcelado provisionalmente durante dos meses— “Pim, pam, yo soy la Administración”, su área también decide que 843.184,84 euros de obras sean divididas en 41 contratos que van a parar a casi los mismos empresarios haciendo que destinen directamente casi la mitad de las adjudicaciones los Servicios Territoriales de Fomento en Salamanca, Palencia y Segovia.

En este caso, la celeridad necesaria para ejecutar ciertos trabajos de urgencia en las infraestructuras podría colisionar con la legislación fiscal de contratos, pero aún así se sigue incumpliendo a sabiendas y haciendo pasar por contratos menores lo que en realidad son unas obras de mayor coste que 40.000 euros que deberían salir a concurso y no trocearse para que los cobre el mismo constructor.

“Está prohibido trocear contratos grandes para pasarlos por menores y dárselos a una empresa a dedo”

“La ley siempre ha sido clara: está prohibido trocear contratos grandes para pasarlos por menores y así señalar con el dedo, sin muchos más miramientos, a la empresa ganadora. Pim pam. Evitando todo lo que implica un concurso (transparencia en el proceso, todas las firmas del ramo pueden presentarse, reglas claras para elegir al ganador...). Tras la última reforma, el texto es mucho más exigente: prohibido firmar más de un contrato con la misma empresa si, sumados, superan los límites de los menores. Esto es: una vez se ha llegado a ese umbral (de 15.000 euros para suministros y servicios y de 40.000 para obras, sin IVA) no se podría volver a contratar a la misma firma”, según escribe en Civio la coordinadora de esta investigación, Eva Belmonte.

[Descubra las peores prácticas de fraccionamiento de contratos públicos en el artículo de Civio

“La interpretación del artículo 118 de la Ley de Contratos depende mucho de los ojos que lo lean, y de su laxitud a la hora de aplicar las normas, pero los fraccionamientos para convertir un contrato mayor en varios contratos menores eran ilegales antes y lo siguen siendo ahora. Y esta es una de las formas clásicas de corrupción”, apunta.

“¿Todos ellos son ilegales? Si leemos de forma literal lo que dice la ley, sí. Pero el detalle de cada uno de ellos —que no es público— y las interpretaciones más laxas del artículo de la discordia pueden librar a muchos de ellos de la quema. Por ejemplo, justificando que no se trata de un fraccionamiento, sino que son contratos destinados a cosas muy distintas y que darlos por separado no significa que se esté troceando uno grande para esquivar la ley. En todo caso, esta justificación debe estar incluida en el expediente, que casi nunca se publica. Otros muchos son un fraccionamiento ilegal clarísimo, se mire por donde se mire, se disimule o ni siquiera se intente esconder”, remacha el artículo publicado por Civio en 'Quién cobra la obra'.

La Universidad de León, ocho contratos por 44.000 euros

Además de los casi siete millones de euros fraccionados por la Junta de Castilla y León en esos 1.201 contratos, la base de datos de Civio también detectó más instituciones en la comunidad autónoma que usaron 61 licitaciones a dedo para repartir 706.255, 28 euros en los primeros siete meses de cada año.

Encabeza la práctica la Presidencia de la Diputación de Salamanca, con 20 expedientes de contratación para 74.196 euros (a 3.709 euros de media) y en las mismas se ha detectado a los gabinetes de presidencia de las administraciones provinciales de Ávila, Segovia, Zamora y León, pero en estos casos no 'pasan' de 2 contratos (que reparten más de 50.000 euros con lo que están saltándose el límite por obra) y en el del presidente leonés de entonces, Juan Martínez Majo, en repartir 17.036,12 euros en un contrato de servicios que debería tener un límite de 15.000 euros.

Y entre todos los demás (ayuntamientos varios, y la Delegación del Gobierno de Burgos hasta competar 15 entidades administrativas), el segundo en número de contratos —ocho, para repartir 44.207,63 euros—, corresponde, según los datos de Civio, al 'Rector de la Universidad de León'; aunque en realidad es la plataforma para toda la Universidad de León.

En total, 1.262 contratos de los 6.500 revisados por la Fundación Civio como sospechosos de haber sido troceados en contra de lo que explicita la Ley de Contratación Pública provienen de instituciones de la comunidad autónoma de León y de Castilla.

Aunque el 95% sean de la Junta de Castilla y León, ésto se debe más a la falta de Transparencia de muchísimos de los 2.248 ayuntamientos dentro de los límites administrativos la autonomía que a la realidad.

Lo más probable es que el porcentaje de incumplimientos de la Administración autonómica sea menor, pero que el número de contratos fraccionados para que los gerentes de lo público los puedan colocar a discrección sea muchísimo más alto porque no se hacen públicos pese a ser obligatorio.

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La investigación de 'Quién paga la Obra' de la Fundación Civio ha sido coordinada por Eva Belmonte, con el proceso de los datos por parte de David Cabo, la visualización de datos de Carmen Torrecillas y la participación en la limpieza de los datos (para eliminar los fraccionamientos que no son ilegales según marca la legislación como indica la metodología del estudio) de Miguel Ángel Gavilanes, María Álvarez del Vayo y Ángela Bernardo. Se puede participar en la financiación de esta fundación, que también publica 'El BOE Nuestro de Cada Día', 'Medicamentalia', 'Dónde van mis impuestos', 'Tu Derecho a Saber' y varias iniciativas más de Transparencia y Control ciudadano a las autoridades y administraciones Fundación Civiocomo indica la metodología del estudiohaciéndose socio pinchando en este enlace