Japón abrirá 22 térmicas de carbón y Alemania no lo abandonará antes de 2038
El mundo se resiste a abandonar el carbón, por más contaminante que sea. Justo lo contrario que la provincia de León y que España. Esta semana se ha dado a conocer que el Gobierno de Japón ha dado un giro de 180 grados a su actual política energética, altamente basada en la energía nuclear, y ahora planteará la construcción de hasta 22 centrales térmicas en 17 ubicaciones diferentes a lo largo del país en los próximos cinco años.
Pero ese tsunami energético ha llegado también a Alemania, un país con décadas de lucha social contra las centrales nucleares. En el país que es vagón de Europa se ha apostado también por volver a fortalecer el carbón, incluso en un difícil contexto internacional de lucha contra el cambio climático y las emisiones de CO2, que son el más grave de los problemas de la quema de este mineral para generar energía eléctrica.
La situación es claro que contrasta con León. Minas cerradas a cal y canto hace ya casi dos años. Sus centrales térmicas, Anllares, La Robla y Compostilla, en vías de desmantelamiento o con planes de cierre irreversibles. Todo ello con un alto coste de despidos y problemas laborales. Y sin alternativas económicas en unas comarcas cuya economía dependía en una enorme medida de estas actividades.
En distintas regiones europeas, como son los casos de León o Asturias, aún está por medir la incidencia en el empleo y la garantía de suministro eléctrico para la industria de la descarbonización, mientras se reclama que las instituciones comunitarias fijen un arancel medioambiental para eludir la competencia desleal de países que pueden ofertar productos, especialmente en la siderurgia, mucho más baratos por no tener que cumplir la rigurosa normativa de Bruselas en materia medioambiental.
Las emisiones de las nuevas 22 centrales térmicas anunciadas en Japón se estima que equivalen, según este reportaje de The New York Times, prácticamente a la misma cantidad de CO2 producida por el conjunto de coches particulares que circulan cada años por todo Estados Unidos.
Para paliar los efectos en la economía y el empleo de este proceso de descarbonización comunitaria, la Comisión Europea lanzó el mes pasado su primera propuesta de un mecanismo de Transición Justa que, a pesar de su relevante monto conjunto (7.500 millones de euros con el propósito de movilizar hasta 30.000 sumando a la iniciativa privada y ayudas nacionales) tampoco ha estado exento de polémica por el reparto inicial previsto. Porque parece penalizar precisamente a quienes, como España, ya han hecho los deberes de la descarbonización y en cambio destina más fondos públicos a quienes tienen que afrontar el cierre del sector.
Los mayores beneficiarios en inicio serían Polonia, cuya economía aún depende de forma importante del carbón y que además tiene un gobierno refractario a la transición energética, y Alemania. España queda en la cola del reparto, por lo que el Gobierno ha manifestado su intención de negociar que se tomen en consideración criterios que favorezcan a países que ya han tomado iniciativas en este sentido.
Cabe recordar que en ese reparto de fondos de la Transición Justa europea, a España le correspondería un ridículo el 4% de los 7.500 millones establecidos, es decir, 307. Muy lejos de lo que Bruselas prevé para Polonia, con 2.000 millones, Alemania, con 877, o Rumanía, con 757. Basta saber que España sólo supera a los países de Malta y Luxemburgo.
Noticias como la de que España compra electricidad a térmicas de Marruecos mientras cierra sus plantas, o el anuncio de una planta térmica a estrenar en Alemania, ha sido con este panorama altamente polémicas.
Mientras, en el caso de Alemania, el Gobierno de Angela Merkel ultima una Ley con la que certificará el apagón de las centrales energéticas que utilizan carbón con 2038 como fecha límite. Para ello, tendrán que rascarse el bolsillo considerablemente, destaca Eldiario.es. Se estima un coste de 40.000 millones de euros para un proceso de durará casi dos décadas. Y es que Alemania cuenta con unos 60.000 empleados en el sector del carbón, un recurso que se identifica con un 35% de la energía eléctrica producida en el país, de acuerdo con datos recogidos por el portal alemán Statista.
