El Tribunal de Cuentas denuncia irregularidades en la gestión de las ayudas al carbón
El Tribunal de Cuentas aprueba el informe de fiscalización sobre las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras con especial referencia a la gestión de la construcción de la residencia de mayores 'La Minería' (Asturias), entre los ejercicios 2006 a 2017, a iniciativa de las Cortes Generales.
En el informe se analizan las subvenciones que tenían como fin promover el desarrollo económico alternativo de las comarcas afectadas por la reestructuración de la minería del carbón, en los denominados 'Planes del Carbón' y que se han articulado a través de dos líneas de subvenciones: la de infraestructuras, de concesión directa y cuyas beneficiarias eran, principalmente, las comunidades autónomas y las entidades locales de estas zonas; y la de proyectos empresariales, de concurrencia competitiva, destinadas a promover la creación de empleo.
Durante el periodo fiscalizado, el importe total de las subvenciones concedidas fue de 1.786 millones de euros. De ellos, 1.105 millones correspondían a la línea de infraestructuras y 681 millones a las dos sublíneas para proyectos empresariales generadores de empleo.
“Ninguna de las líneas de subvenciones para la promoción de la reactivación de comarcas mineras del carbón se incardinaron en un plan estratégico de los previstos en la Ley General de Subvenciones”, comienza el informe. “El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) careció de medios técnicos y humanos suficientes para gestionar adecuadamente las líneas de subvenciones de infraestructuras y de proyectos empresariales”, justifican.
Esa falta de medios técnicos y humanos de gestión de las subvenciones podrían ser la causa de que “el marco normativo regulador de esta línea de subvenciones (Real Decreto 1112/2007) era ambiguo y escasamente riguroso, con deficiencias y debilidades que afectaron a la planificación, ejecución y justificación de las actuaciones, así como al control interno”, por lo que varias subvenciones concedidas con cargo a esta línea han sido objeto de procesos judiciales penales.
“La selección de las infraestructuras a subvencionar no comportaba ningún examen de viabilidad de las actuaciones a financiar, ni se concretaban suficientemente los criterios de priorización y la documentación técnica a aportar en cada proyecto”, añade el texto.
En cuanto a la justificación de estas ayudas, se indica en el informe que “el Real Decreto 1112/2007 era escasamente preciso, lo que implicó un excesivo grado de discrecionalidad en la documentación admitida como justificación de los distintos beneficiarios; incrementándose el riesgo de deficiencias e irregularidades en la aplicación de los fondos, dando lugar, en todo caso, a una innecesaria falta de homogeneidad en el procedimiento. Asimismo, la fiscalización ha detectado deficiencias e irregularidades en la justificación de las subvenciones concedidas, especialmente en las correspondientes a las entidades sin fin de lucro”.
Asimismo, se ha observado una falta de coordinación que ha afectado al seguimiento de la ejecución de los proyectos subvencionados, a las comprobaciones sobre la aplicación de los fondos y al cumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios al no existir planes sistemáticos de comprobación.
El informe termina con la formulación de distintas recomendaciones al Ministerio para la Transición Ecológica y al IRMC para la mejora de la planificación, regulación y gestión de las ayudas a las comarcas mineras del carbón.
