Confederación plantea un impuesto unitario de depuración para todos los ciudadanos de la cuenca del Duero
La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) propone que todos los ciudadanos de la cuenca del Duero pasen a pagar un canon o una tasa de saneamiento para pagar la depuración de los ríos de ámbito territorial, un impuesto que pagarían en la misma cantidad tanto los vecinos de las ciudades como los de los pueblos más pequeños.
Así lo indica la polémica Administración de las aguas de la mayor cuenca de la meseta Norte de España en el último resumen ejecutivo del 'Esquema provisional de temas importantes de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero' referente al tercer ciclo de planificación hidrológica y fechado en enero de este año.
En la cuenca del Duero, la mayor de España —y que está presentenen seis comunidades autónomas, entre ellas Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Cantabria, y en la de Castilla y de León—, y que comparte con Portugal (que tiene el 19% de su territorio), existen unos 5.500 núcleos urbanos y la CHD contabiliza 5.814 vertidos autorizados, de naturaleza tanto urbana como industrial, cuya carga contaminante se estima en una equivalencia en habitantes de 4,4 millones; cuando tiene en realidad 2,1. La Confederación indica que “dada la baja densidad de población de 27 habitante por kilómetro cuadrado existen muchos vertidos de escasa entidad a cauces con caudales pequeños”.
“De acuerdo con el Censo de vertidos autorizados de diciembre 2018 —según cita literalmente este informe—, en la demarcación todavía hay 2.076 vertidos con tratamiento ”no adecuado“, que suponen una carga equivalente de 645.479 habitantes equivalente (14% del total de la cuenca). De estos, 64 son de naturaleza industrial y el resto urbana o asimilable. Sus problemas radican en la insuficiencia en los tratamientos de depuración o la falta de mantenimiento en dichas infraestructuras”.
La falta de depuradoras, tanto en su construcción como en su funcionamiento, ha llevado a España a pagar la mayor multa de su historia a la Unióm Europea, y el Estado ha desembolsado ya 32,7 millones de euros por incumplir una directiva de hace 29 años. Nuestro país encadena tres años seguidos como el país con más infracciones ambientales de la Unión Europea, como explica Raúl Rejón en este artículo de eldiario.es.
Pese a los esfuerzos de las alta administración por depurar el agua de los ríos, suele dar igual, ya que las instalaciones son complejas y caras de mantener y los pequeños municipios las inauguran para que en unos meses dejen de funcionar; ya que no pueden ni saben ni disponen de dinero, ni tienen personal preparado para conseguir que estén operativas los 365 días del año las 24 horas. Esta maquinaria es tan delicada, que si no se mantiene adecuadamente se estropea y se convierte en inservible.
Impuesto “igualitario” para reparar las depuradoras
La intención de CHD es implantar esta “tasa o canon de saneamiento a nivel territorial con un doble propósito”. El primero, sería poder cubrir los gastos resultantes de la inversión que sería necesaria en depuración y en “la reposición de las infraestructuras que fueran quedando fuera de servicio”.
La mayoría de las depuradoras eque se han venido instalando en estos últimos veinte años en las zonas rurales, sobre todo con dinero procedente de la Unión Europea, no están en funcionamiento o se han estropeado debido a los altos costes de mantenimiento y la falta de técnicos que las mantengan, cosa que suele ocurrir sobre todo en los municipios pequeños.
Pero por el otro, el nuevo impuesto estaría diseñado a cubrir esos costes de mantenimiento y explotación que han llevado al traste a tantas depuradoras rurales. “Se podría así garantizar el servicio y lograr una mayor equidad social, pues se podría obtener una tarifa que supusiera que todos los ciudadanos de la provincia o comunidad autónoma pagasen lo mismo por depurar sus aguas residuales independientemente de su residencia en un municipio pequeño (con los costes unitarios son mayores) o en uno grande”, explica el documento.
Sacar de la gestión a los municipios pequeños
Otras de las soluciones propuestas en el documento de la Administración hidrográfica presidida por la contestada Cristina Danés pasa por “buscar fórmulas supramunicipales de gestión”, a nivel autonómico o provincial, “que facilitasen el ejercicio de las competencias en materia de saneamiento y depuración, consiguiendo un abaratamiento —por economía de escala— de costes y la disponibilidad de personal con capacitación técnica adecuada”.
También recomienda centrar las medidas que se puedan financiar con este nuevo impuesto territorial “en la reparación, rehabilitación y ampliación de las redes de colectores existentes, la construcción de depósitos y tanques capaces de retener las aguas de lluvia apostando por sistemas de drenaje urbano sostenible, que posibiliten una menor generación de caudales de escorrentía, y, en consecuencia, una menor incorporación de aguas de lluvia a los sistemas de saneamiento”, además de “potenciar la instalación de tecnologías blandas de depuración en pequeños núcleos” y “aplicar las tecnologías existentes para reducir los contaminantes emergentes”.
La Confederación Hidrográfica del Duero es consciente de que “muchos municipios se ven superados tanto por los costes que supone la depuración de las aguas residuales que se generan en el municipio”, explicando que cuyo coste unitario es mayor cuanto más pequeña es la población, reconociendo “la falta de formación de los responsables municipales en esta materia”. “Además, muy pocos pequeños municipios tienen establecida una tasa de depuración, lo cual agrava el problema. Puesto que los responsables municipales son también vecinos del municipio, su capacidad de control sobre los vertidos industriales que se realizan a sus colectores es muy limitada, ya que en estas industrias trabajan muchos de los vecinos del pueblo”, concluye el informe para defender este impuesto 'igualitario' para todos los ciudadanos.
Que la Junta ayude a las industrias para cumplir
En este tercer ciclo de planificación hidrológica, la CHD pretende conseguir “priorizar las medidas en las zonas sensibles y masas de agua en riesgo de no alcanzar los objetivos ambientales”, con lo cual propone que la Administración Autonómica establezca “una línea de ayuda a las industrias con objeto de ayudar al correcto mantenimiento y utilización de las mejores técnicas disponibles en relación con la depuración”, especialmente para las más las pequeñas.
CHD calcula que los vertidos industriales, “si bien el vertido total es menor que lo que suponen los urbanos, pueden presentar problemas puntuales específicos y más graves. Los vertidos industriales, en general de industrias agroalimentarias, muy presentes en la demarcación, suelen ser vertidos de temporada con altas cargas contaminantes y caudales importantes”, apunta refiriéndose a las granjas y explotaciones agrarias.
Los datos de Confederación indican que existen 700 vertidos industriales autorizados en esta demarcación hidrográfica. “Al problema de la gran carga contaminante del propio efluente generado y el carácter estacional de la industria se añade el coste de la depuración que en muchos casos suponen un impacto económico que puede lastrar de manera importante la actividad industrial”, reconoce.
Por ello busca fórmulas para financiar el gran problema que tienen la salubridad de las aguas en este país. Sólo que una tasa por igual para todos, beneficia al que más dinero maneja y perjudica a los que menos; ya que no es progresiva y el impacto en una renta mayor es minúsculo, mientras que la mayoría de los ciudadanos asumiría la carga fiscal mayor.
