Fiscalía mantiene la petición de diez años de cárcel para la extrabajadora de Caja España acusada de estafar 6,5 millones

Presentación de conclusiones en el juicio contra una ex trabajadora de Caja España por una estafa piramidal. / Carlos S. Campillo / ICAL

Miriam Badiola / ICAL

El Ministerio Fiscal elevó este miércoles a definitivas las calificaciones previas en las que solicitaba una pena de siete años y medio de prisión por un delito de estafa, así como otro dos años y medio por otro delito de falsedad documental para la trabajadora de Caja España acusada de idear una estafa piramidal que le permitió adueñarse de 6,5 millones de euros.

Con ligeras modificaciones en la relación de cantidades reclamadas por cada víctima de la presunta estafa, el fiscal mantuvo la responsabilidad civil para la acusada, que deberá devolver el dinero reclamado, mientras que modificó la responsabilidad civil subsidiaria, a la que deberá hacer frente Unicaja Banco tras absorber a Caja España.

En cuanto a su marido, al que se le considera cómplice, se le pide una pena de un año y medio y cinco meses, respectivamente, como cooperador necesario de ambos delitos.

Por su parte, el letrado representante de la Caja relevó a definitiva la acusación de culpa a la acusada y rechazó la responsabilidad civil subsidiaria. Finalmente, la defensa también elevó a definitiva la petición de libre absolución, al considerar que no son responsables de los delitos que se les imputa.

Según el escrito de calificaciones previas de la Fiscalía, MC.S.V. fue quien ideó un plan para estafar a sus familiares y amigos mediante inversiones en productos reservados a directivos de Caja España, que nunca entregaba a la Caja y les entregaba un documento en los que había incluido el sello de la entidad.

“Lo considero completamente injusto, solo invitaba a mi familia y amigos a participar en inversiones para demostrarles mi cariño”. Con estas palabras defendió su inocencia la trabajadora de Caja España durante su declaración en la primera jornada del juicio oral que se desarrolla en la Audiencia Provincial de León desde el pasado 3 de febrero, cuando la acusada aseguró “no tomar ninguna decisión propia, sino cumplir con lo que me decían”, siempre “con el soporte de la Caja”.

De este modo, con la declaración de MC.S.V., arrancaba hace tres semanas el juicio tras ocho años de instrucción, por el caso destapado en 2012, tras afectar a un total de 139 personas. Durante su interrogatorio, la acusada dijo querer demostrar que “solo he hecho lo que me dijo Caja España”, ya que según aseguró, la entidad “siempre ha sido la que permitió que fuera posible porque todo se hizo dentro de ella”, aunque “digan lo contrario”.

Así, insistió en que “Caja España era la garantía”, ya que “todo se hacía con el soporte, los medios, la fiabilidad y los trabajadores” de la misma, motivo que, siempre según su versión, hizo que “nunca considerara el producto ilegal”.

MC.S.V. explicó que fue la “relación afectiva” con su superior, JA.F.F, al que consideró “el que tiene toda la responsabilidad de lo ocurrido”, la que le llevó a ofrecerle a participar en “inversiones de rentabilidad muy alta y reservadas”, tras lo que ésta invitó a familiares y amigos, sin saber con precisión “cómo funcionaban los productos”, ya que “durante toda mi vida he sido secretaria”.

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