El 'chollo' de la autopista León-Asturias: la empresa concesionaria ganará más o ampliará el plazo hasta 2057
Las concesiones de autopistas se rigen en España por un principio básico para sus intereses: nada, absolutamente nada podrá alterar el equilibrio financiero de sus contratos.
Mientras en casi cualquier otro negocio ni por asomo es así, en el caso de las vías de alta capacidad y de peaje si las administraciones públicas titulares de las infraestructuras que gestionan modifican con alguna orden o mandato las condiciones de su negocio, tendrán que recibir a cambio una compensación. Y esa reparación consta entre las medidas extraordinarias que el Gobierno central adoptó el 17 de marzo para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus.
“Las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo [al Covid-19] darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato”, se señala expresamente en el artículo cuarto del decreto ley al aludir a los derechos reconocidos en las concesiones de obras y servicios públicos.
Es decir, que lo que pierdan en el caso de las autopistas sus empresas gestoras por el descenso en su tráfico a cuenta de las restricciones a la movilidad decretadas, les serán reembolsadas.
El Gobierno establece dos vías para esa compensación: la ampliación del contrato en un máximo del 15% del tiempo establecido en la concesión, o modificando las cláusulas económicas del pacto, entre el que podría figurar una elevación extra de peajes.
La autopista León-Asturias AP-66, cuya concesión fue ampliada por el ministro de Aznar, Francisco Álvarez-Cascos, hasta el año 2050 apenas unos días antes de dejar de gobernar -cuando en realidad concluía en 2021-, ya se sitúa cerca del tope máximo legal de años de concesión para una autopista, 75 en total, recuerda Lavozdeasturias.es en este artículo.
Se trata de una de las dos autopistas que soporta la provincia leonesa, junto a la León-Astorga (AP-71), las cuales siguen incrementando sus costes para los usuarios año tras año, tras esta última subida del año 2020.
De autorizarse el citado máximo de un 15% a mayores, habría que añadir siete años y medio más para que concluyese por tanto el cobro de peajes en el 2057. Dicha posibilidad chocaría con la afirmación del ministro de Transportes, Francisco Ábalos, de que en Asturias se soportan “peajes injustos” por su larga duración.
La otra vía, la de modificar las cláusulas económicas de la concesión, tendría que definirse entre la adjudicataria Aucalsa y el Gobierno, si bien el Ejecutivo adelanta expresamente en el decreto que “el reequilibrio, en todo caso, compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos”, o el aumento de gastos si la lucha contra el coronavirus se los originase.
Aucalsa recauda una media diaria de unos 100.000 euros y el Gobierno regional de Asturias anunció que negociaba una bonificación en el precio para los usuarios. Pero eso fue antes de la pandemia.
