Alfredo Prada pide el archivo del caso 'Ciudad de la Justicia' y sopesa denunciar a Cristina Cifuentes
El expolítico leonés Alfredo Prada ha solicitado a la Audiencia Nacional el archivo de la investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas en la construcción de la llamada 'Ciudad de la Justicia' de Madrid, impulsadas por él mismo cuando era consejero de Justicia del Gobierno de Madrid de Esperanza Aguirre.
La petición de Prada, que declaró como imputado en este caso en marzo de 2019, surge a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas que fiscaliza la 'Empresa Pública Campus de la Justicia de Madrid SA', el instrumento elegido por la Comunidad para el desarrollo fallido del proyecto allá por el año 2005.
En este informe el Tribunal de Cuentas no encuentra “supuestos constitutivos de alcance” sobre la gestión de la empresa pública que pagó más de 100 millones de euros por un edificio no puesto en marcha y la urbanización de la zona, que sólo ahora en la crisis de la pandemia encontró un uso como morgue provisional.
El Tribunal de Cuentas ha analizado el caso tras el informe de fiscalización que la Cámara de Cuentas de Madrid hizo y que encontró presuntas irregulariddades, lo que dio lugar a las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional. En este informe se concluye que “existe ausencia de certeza de que haya podido producirse un daño material por la inexistencia de prestaciones en correspondencia con los pagos”. Por ello el Tribunal cierra el asunto sin hacer pronunciamiento sobre responsabilidades por “alcance” por mala gestión de fondos públicos.
La jurisdicción del Tribunal de Cuentas corre paralela a la de los juzgados penales ordinarios, ocupándose de los presuntos daños que se hayan podido realizar a las arcas públicas en el ejercicio de un cargo o responsabilidad. Para ello tiene capacidad de abrir un 'juicio' a los responsables y aplicarles las sanciones que considere si se demuestra la culpabilidad en el mal uso de dinero público.
El informe del Tribunal de Cuentas incluye además un cuestionamiento del de la Cámara de Cuentas de Madrid que originó la causa penal, ya que el Tribunal de Cuentas ha localizado documentación que el órgano madrileño no hizo.
Alfredo Prada resumió hace un año su declaración ante el juez en la Audiencia Nacional con un “Está todo justificado”, en referencia a los más de cien millones de euros gastados en el proyecto, en el que algunas adjudicaciones recayeron en sociedades del empresario multiimputado José Luis Ulibarri. El exdiputado por León ya había negado que algunos de los gastos considerados despilfarro hubieran ocurrido durante su mandato como consejero, del que cesó en 2008 y fue sucedido por el imputado y presunto cabecilla de la trama Púnica Francisco Granados.
El expolítico leonés ha anunciado además de que pide el cierre de la investigación que valora ejercer acciones legales contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que fue quien ordenó el traslado, a modo de denuncia, a la Fiscalia General del Estado del Informe de Fiscalización elaborado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que dio origen a las diligencias en la Audiencia Nacional.
