INFORME ANUAL

La Ley de Caza del leonés Suárez Quiñones, uno de los dos recursos del Defensor del Pueblo en 2019

La Ley de Caza de Castilla y León que promueve, impulsa y defiende con uñas y dientes el ex juez consejero de Medio Ambiente Juan Carlos Suárez Quiñones es una de las dos únicas que Francisco Fernández Marugán ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el año pasado. Normativa cinegética que, además, tiene otro recurso en el Alto Tribunal, por parte del Supremo. Por otra parte, la Región Leonesa protesta más que la castellana.

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El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Suárez Quiñones. Foto: Rubén Cacho / ICAL.
ileon.com / Agencia ICAL | 13/05/2020 - 20:00h.

En 2019, el Defensor del Pueblo presentó dos recursos ante el Tribunal Constitucional. Uno contra contra la Ley de Caza de Castilla y León impulsada por el consejero leonés de Fomento de la Junta

El otro –y eso que a lo largo de su historia sólo ha presentado 31 recursos de inconstitucionalidad ante al Alto Tribunal– contra un apartado de la Ley Electoral que permitía a los partidos políticos recabar datos personales de los ciudadanos para hacer perfiles ideológicos.

La polémica Ley de Caza de Castilla y León es una de las apuestas personales más notorias del juez en excedencia Juan Carlos Suárez Quiñones, que no sólo tiene uno de los dos recursos de inconstitucionalidad del Defensor del Pueblo, sino que ya el Tribunal Constitucional vio indicios de ilegalidad en la actual Ley de Caza con que la Junta, encabezada por la Consejería de Medio Ambiente del que fuera Juez Decano de León, 'se saltó' las sentencias judiciales  que la anulaban.

Suárez Quiñones, además, consideró que esa sentencia del Tribunal Supremo en su contra era un mero "criterio diferente" del de su Consejería; es decir, de su opinión personal. Ésto le costó que el Constitucional aceptara el segundo recurso, esta vez del Supremo, contra su recalcitrante empeño 'de juez decano' en sacar adelante ilegalmente su personalísima Ley sin los informes cinegéticos obligatorios.

En opinión del defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, "algunas de las resoluciones formuladas a las administraciones por el Defensor del Pueblo en 2019 pueden verse ahora, en esta situación inédita que estamos viviendo, fuera de contexto o pertenecientes a un mundo que tardaremos en recuperar". Sin embargo, reconoció que otras de las recomendaciones y sugerencias pasadas, "tienen ahora más actualidad que nunca, ya que algunas carencias del pasado se están dejando ver en esta crisis con una mayor intensidad". Así lo dijo tras presentar su informe anual correspondiente al año 2019 y que hoy se ha hecho entrega en las Cortes Generales de España.

Más protestas que en 2018

Castilla y León fue la quinta Comunidad autónoma que mayor número de quejas presentó el año pasado ante el Defensor del Pueblo, con un total de 1.261, lo que supone un 6,3 por ciento del total nacional y un 30,5 por ciento más que un año antes, cuando se presentaron 966 quejas, según el informe del Defensor del Pueblo

Madrileños (5.659 expedientes), andaluces (2.417), valencianos (2.162) y catalanes (1.913), por este orden, lideraron el número de quejas recibidas en la institución por delante de las 1.261 de Castilla y León. Este informe anual 2019 se presenta en 2020, en un momento en que todo, la sociedad, la economía, la vida, se está viendo profundamente alterado por la crisis del coronavirus.

La Región Leonesa se queja más

La Región Leonesa fue en la que más crecieron las quejas, con 565 en total. Crecieron un 85,6 por ciento en Salamanca (219 quejas); un 76,9 por ciento en Zamora (69 quejas); y mucho menos (un 34,4 por ciento) en León; aunque acumulara casi tantas como las otras dos provincias leonesas, hasta 277.

En Castilla sólo en Burgos disminuyó el número de quejas presentadas ante la institución, con un descenso del 10,9 por ciento hasta las 155 reclamaciones del año pasado. Por el contrario ascendieron un 50 por ciento en Soria (42 quejas); un 35,3 por ciento en Palencia (115 quejas); un 27 por ciento en Valladolid (249 quejas); un 17,5 por ciento en Ávila (67 quejas) y un 7,9 por ciento en Segovia (68 quejas).

Las seis provincias castellanas, que superan a la Región de León en medio millón de habitantes (1,4 millones de castellanos frente a 960.000 leoneses) acumularon 696 quejas, tan sólo 131 más.

Expedientes castellanos

También se presentaron en Castilla ocho expedientes de solicitud de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional, uno menos que el año anterior: uno en la provincia de Burgos, Salamanca, Segovia y Soria, y cuatro en la de Valladolid.

En cuanto a los expedientes de queja individual admitidos y tramitados ante las administraciones autonómicas, en Castilla y León ascienden a 49, de los que 30 ya están concluidos y 19 en trámite. De los 30 ya finalizados, 19 concluyeron que se trataba de una actuación correcta, en cuatro casos se subsanaron, en dos no se subsanaron y en cinco caso se obtuvo otro tipo de conclusión.

En relación a expedientes de años anteriores admitidos, 55 fueron tramitados por la Comunidad, de los que 19 están en trámite, 34 ya finalizados y dos en suspenso. De los concluidos, 11 han sido una actuación correcta, 12 se han subsanado, dos no lo han hecho y en uno de ellos se obtuvo otra conclusión diferente.

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