La Junta convocará la próxima semana las ayudas ordinarias al alquiler de 2020 con una partida de 15,3 millones
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicará la semana que viene la convocatoria de las ayudas ordinarias al alquiler correspondientes a 2020, que estarán dotadas de 15,3 millones de euros y se dirigen a familias con bajos ingresos y que “necesitan el apoyo público y social de un Gobierno regional preocupado por este colectivo”. El anuncio fue realizado por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante su intervención para explicar la evolución del Covid-19 en la Comunidad, junto a su homóloga de Sanidad, Verónica Casado.
La Junta se hace cargo del 40 por ciento del alquiler mensual gracias a esta partida, que alcanza el 50 cuando se trata de menores de 35 o mayores de 65 años. En relación con la convocatoria de 2019, el consejero señaló que ya se ha efectuado un primer pago a 9.056 familias para el que se liberaron también 15,3 millones de euros y recordó que en abril se acordó suplementar esa cifra con otros 3,45 millones para llegar a las peticiones en lista de espera.
En este punto, señaló que a partir del 1 de junio, cuando se levanta la suspensión de trámites administrativos motivados por el estado de alarma, todas esas personas en reserva recibirán una carta para que presenten la justificación de recibos y acrediten el cobro de la ayuda. Para ello tendrán un plazo de 12 días y “rápidamente” se abonará el pago. Aún así, continuó Suárez-Quiñones, si una vez realizada esta petición los 3,45 millones fueran “insuficientes”, su departamento “trataría de llevar fondos suficientes”.
El consejero aprovechó también para hacer balance, por el momento, de las ayudas específicas de 500 euros al mes que se publicaron también en el Bocyl, el 7 de mayo, para intentar salvaguardar el momento de crisis económica causado por la pandemia. Se trata de una subvención que se extiende durante un máximo de cuatro meses “para ayudar a los más necesitados a cubrir el alquiler de su vivienda o hacer frente a los microcréditos que puso en marcha el Gobierno”.
Hasta el 20 de mayo se han recibido 2.424 peticiones para los que “se están comprobando los requisitos”. Al respecto, auguró que a partir de la semana que viene empezarán a pagarse gracias a un presupuesto consignado de 5,4 millones de euros. De ellas, se han presentado 121 expedientes en Ávila, 334 en Burgos, 320 en León, 164 en Palencia, 382 en Salamanca, 177 en Segovia, 108 en Soria, 688 en Valladolid, y 130 en Zamora.
Procurador del Común
Suárez-Quiñones reconoció, tal y como señaló ayer el Procurador del Común, que el parque público de alquiler social es “insuficiente, pero como todos, porque el dinero público es limitado”. Así, recordó que el programa de Gobierno incide en la necesidad de incrementar de 2.000 a 3.000 viviendas en la legislatura, una medida que se efectuará “a través del programa de fomento del alquiler, con 214 viviendas más” y una inversión de 8,4 millones de euros en la legislatura; pero también con 'Rehabitare', capítulo en el que se incluye la recuperación, por ejemplo, de las casas de los maestros en el medio rural, una petición que realizó igualmente el Procurador del Común.
En este sentido, el consejero sostuvo que también trabajan con otras casas antiguas, como las de sacerdotes. Otra medida durante estos cuatro años será incrementar hasta 12 millones de euros las bases de los acuerdos con diputaciones provinciales para este fin.
Protección Civil
Durante la rueda de prensa, Suárez-Quiñones explicó que a pesar de que el Gobierno central disolvió el 24 de mayor el comité de coordinación por la mejora de la situación causada por el Covid-19, la Junta ha decidido mantener su plan territorial de protección de emergencias y los Cecopi, con el fin de acometer las “eventualidades que se necesiten”, con lo que Castilla y León sigue en situación 3 en este sentido.
