La Fiscalía pide el ingreso en prisión de Rosalía Iglesias, la astorgana mujer de Bárcenas

Rosalía Iglesias, la esposa de Luis Bárcenas. / LaSexta

Laura Cornejo / eldiario.es/cyl

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se ejecute la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que confirma o rebaja ligeramente las condenas de 13 personas que no están aún en prisión provisional, entre ellas, la mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, la astorgana Rosalía Iglesias, o el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Jesús Merino, sobre quien ha recaído una pena de 3 años y 7 meses de prisión y al que se considera “colaborador externo” de la trama urdida por Correa para camuflar las mordidas que recibía por adjudicaciones, según informa eldiario.es/cyl.

Rosalía Iglesias se libró de la cárcel en mayo de 2018 al abonar la fianza de 200.000 euros tras ser condenada por la Audiencia Nacional a una pena de 15 años, ahora rebajada a 12 años y 11 meses. Pese a que la Fiscalía solicitó su ingreso en prisión sin fianza, la Audiencia Nacional abrió la puerta a la libertad bajo fianza hasta la resolución de los recursos en el Supremo. Su argumento era que, con su marido ya en la cárcel, se disminuía el riesgo de fuga.

Además de Iglesias y Merino, Anticorrupción pide que entren ya en la cárcel Ricardo Galeote Quecedo, José Luis Izquierdo López, Carmen Rodríguez Quijano, Isabel Jordán Goncet, Antonio Villaverde Landa, Juan José Moreno Alonso, Rosalía Iglesias Villar, Jesús Sepúlveda Recio, Carlos Clemente Aguado, Teresa Gabarra Balsells, Iván Yáñez Velasco y Pedro Rodríguez Pendás.

“Ello no significa que la sentencia no deba ser ejecutada en sus estrictos términos también respecto del resto de condenados para quienes no proceda la suspensión de la condena”, precisa en una nota de prensa.

Tal y como precisó el Supremo, el grupo de Francisco Correa creó un sistema de manipulación de la contratación pública a través de la relación con influyentes miembros del PP. Para urdir ese sistema hubo sobornos a funcionarios y autoridades, se emitieron facturas falsas y se montó un entramado entre diferentes sociedades para acceder a la contratación pública, así como para ocultar la procedencia ilícita de los fondos y su posterior destino, hasta hacerlos aflorar al circuito legal, con la consiguiente ocultación a la Hacienda Pública, dice la resolución.

El abogado de Merino confirmó hace unos días a elDiario.es que su intención era solicitar la suspensión de la ejecución de la sentencia, puesto que su representado no tiene antecedentes y los delitos por los que se le condena, cohecho y blanqueo de capitales en concurso medial con un delito de falsedad continuado, llevan aparejadas penas inferiores a los dos años de prisión

En el ámbito de la Administración, dice el Supremo, Francisco Correa y su grupo extendieron su actuación a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, “fundamentalmente, entre los años 2002 y 2004, donde se entendió y estuvo concertado con Luis Bárcenas Gutiérrez, gerente del Partido Popular, y con Jesús Merino Delgado, diputado por Segovia del mismo partido”. Las mordidas que se pagaron por las adjudicaciones en Castilla y León superan el millón de euros.

Los cobros percibidos en contraprestación a su intermediación en la adjudicación de contratos público, que realizaron valiéndose de sus influencias sobre cargos públicos de su misma formación política, ascendieron, en el caso de Luis Bárcenas a 1.176.561,07 euros, en el de Jesús Merino, a 331.737 euros y, en el de Francisco Correa, a 1.222.420,79 euros. Según la sentencia, los cobros se agrupan de varias formas.

Por un lado están las adjudicaciones identificadas como irregulares y conseguidas por la intermediación de los acusados que cobraron una comisión. Es en este apartado donde se coloca la adjudicación de la Consejería de Fomento de Castilla y León a la constructora Teconsa del contrato de 6,8 millones de la 'Variante conjunta de Villanueva de Mena, Villasana y Entrambasaguas. C-6318, de Bilbao a Reinosa, puntos Kilométricos del 41,450 al 46,100. Provincia de Burgos'. Por la adjudicación irregular de dicho contrato se cobró una comisión de 175.973 euros que se repartieron el 14 de junio de 2002, entre otros, Correa, que obtuvo 49.763 euros, y Jesús Merino y Luis Bárcena, que recibieron 24.040 euros cada uno. Por el expediente relativo a la Variante de Olleros de Alba. C-626 de Cervera de Pisuerga a la Magdalena por Guardo; pk 4,100 al 8,600. Tramo: Olleros de Alba, que también fue adjudicado por la Consejería de Fomento a Teconsa en 2002, otra adjudicación irregular en favor de esta constructora, recibieron una comisión en enero de 2003, que, en el caso de Bárcenas y Merino ascendió a 18.600 euros para cada uno, y en el de Correa a 31.150 euros.

Por el 'Proyecto global de construcción del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos, Depósito de Rechazos y Accesos para la Gestión de los Residuos Urbanos de los municipios de la provincia de Salamanca', situado en Gomecello, que fue adjudicado a la UTE formada por Sufi SA y Teconsa, por la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León en 2003 por un importe de 19.457.965,80 euros y en concreto “por la mediación para que se adjudicara dicho proyecto a la mencionada UTE, cobraron una comisión de 600.000 euros, de la que, en el reparto que se hizo entre quienes influyeron para que así se adjudicara, correspondió a Correa 120.500 euros y a Bárcenas y Merino 120.000 euros a cada uno.

En cuanto a lo que el Supremo engloba en “Cobros de empresas y personas identificadas”, Bárcenas, Merino y Correa recibieron otras más, en compensación por la intermediación que, prevaliéndose de los cargos que los primeros ostentaban, tuvieron en la adjudicación a empresas que resultaron beneficiarias de distintos contratos públicos. Así, De Plácido Vázquez Diéguez, que en 2002 trabajaba para Sufi SA, que presidía Rafael Naranjo, hubo diferentes cobros, y uno de ellos fue de 10 millones de pesetas (60.101,21 euros), que se repartieron, a razón de 2.000.000 pts. (12.020 euros) cada uno, entre Correa, Bárcenas, Merino y Jesús Sepúlveda.

Procedente de Alfonso García Pozuelo, presidente del Consejo de Administración de la sociedad Constructora Hispánica, figuran dos cobros en febrero de 2002, 925.560,74 euros, de los que 471.245 fueron para Correa, 270.000 para Bárcenas y 90.150 para Merino.

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