El Constitucional avala que Castilla y León bordeara una sentencia contra la Ley de Caza
El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado en una reciente sentencia la última modificación de la Ley de Caza de Castilla y León, efectuada en marzo de 2019, que fue recurrida por el Defensor del Pueblo por entender que esa nueva Ley bordeaba de manera irregular la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de JUsticia /TSJ) contra la normativa anterior por carecer de los suficientes informes técnicos sobre especies y, por lo tanto, ser incompleta.
Con la nueva Ley, aprobada por una amplia mayoría de partidos en las Cortes de Castilla y León entre duras críticas de los de izquierdas, Podemos e Izquierda Unida, la Junta permitía volver a santificar la práctica de la caza en la Comunidad, la cual el TSJ había frenado por las mencionadas irregularidades observadas en la Ley anterior.
Ahora, en una sentencia fechada el 22 de octubre, el TC reconoce su constitucionalidad en un proceso en el que además de la Junta, a través de sus servicios jurídicos, también estaban personadas las Cortes. El Alto Tribunal admite argumentos de la Junta como que la actividad cinegética se ha demostrado en los últimos años como “la herramienta de gestión y control más eficaz de las poblaciones de ungulados silvestres, jabalíes o conejos”, que permite reducir los daños ocasionados por esta fauna silvestre sobre los cultivos, la ganadería, los accidentes de tráfico, y evitar posibles epizootias y zoonosis, al tiempo que admite la dependencia económica de comarcas muy rurales.
La Junta interpreta que el Tribunal reconoce que Castilla y León tiene competencia exclusiva en materia de caza y explotaciones cinegéticas, respetando siempre la competencia transversal del Estado sobre la protección del medio ambiente, que viene dada por la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Sobre la declaración de las especies cinegéticas o cazables que contiene la Ley, el Defensor del Pueblo criticaba que no se había justificado que se pudiera dar una extracción ordenada de ejemplares, de acuerdo con los niveles poblacionales, su distribución geográfica y su índice de reproductividad, alegación desestimada por el Tribunal porque no se señala qué informes o estudios técnicos serían necesarios a su juicio incorporar a la tramitación de la ley, ni que norma exige su aportación.
Al respecto, indica el TC que la norma autonómica se ha tramitado adecuadamente, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y el Reglamento de las Cortes, careciendo la demanda de una carga argumental mínima.
Sobre la alegación de que la Ley haya sido hecha para solventar una casuística concreta, -lo que se conoce como “ley singular”-, manifestada por el Defensor del Pueblo, el Tribunal también lo rechaza, de acuerdo con las argumentaciones expuestas por la Junta. Indica que no es una ley autoaplicativa, ya que regula con carácter general y abstracto la actividad cinegética, y exige la realización de actividades administrativas posteriores, como la aprobación de un plan cinegético por coto, expedir las licencias de caza, fijar los horarios de caza o limitar el uso de la munición, totalmente controlables por los juzgados y tribunales si no se ejercen adecuadamente.
Novedades de hoy
La Junta ha dado, además, a conocer hoy viernes que el mismo Tribunal Constitucional ha notificado una nueva sentencia en la que declara la constitucionalidad de la última modificación efectuada en marzo de 2019 en la Ley de Caza de la Comunidad de Castilla y León, desestimando en este caso la cuestión de inconstitucionalidad que fue planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid.
Para el director de los Servicios Jurídicos de la Junta, Luis Miguel González Gago, con esta sentencia, y tras conocer ayer la que rechazaba el recurso del Defensor del Pueblo, definitivamente se cierra la controversia jurídica sobre la Ley, y se garantiza la práctica de esta actividad.
Satisfacción de la Junta
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, afirmó hoy que la caza cuenta con un marco legal y reglamentario que da seguridad jurídica y fijeza para esta “actividad tan importante” en Castilla y León.
En declaraciones recogidas por Ical, Suárez-Quiñones expresa la “satisfacción” por que el Tribunal Constitucional haya ratificado la modificación de la ley de Caza de Castilla y León aprobada en las Corte en marzo de 2019.
“Da seguridad jurídica y fijeza legal”, anotó el consejero hasta que se apruebe la nueva ley de caza en la que trabaja su departamento, a la vez que subrayó que la Junta entiende que esta actividad responde al interés general, que es irrenunciable para el equilibrio de las especies, para la sanidad de las cabañas ganaderas y para la salud de las personas.
