Todas las partes en el juicio del pozo Emilio coinciden en devolver al Juzgado de Instrucción la causa

Campillo / ICAL. Fiscalía y partes personadas asisten a una vista convocada para valorar las actuaciones procedentes respecto al procedimiento por la muerte de seis mineros de la Hullera Vasco Leonesa en 2013.

E. Alba / ICAL

La jueza de lo Penal número 2 de León que preside el juicio por la muerte de seis mineros en el pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco Leonesa en octubre de 2013, en el que resultaron heridos otros ocho, acordó hoy paralizar las declaraciones previstas hasta que decida si el proceso continúa, se suspende o se anula después de que el pasado 5 de abril, día que se iniciaban el procedimiento, varios de los acusados se acordaran de que tenían seguros de responsabilidad civil que responderían por ellos. Algo que alteró de manera inequívoca el procedimineto y por lo que todas las partes esgrimen ahora algún argumento para interrumpirlo: bien sea para anularlo o bien para suspenderlo.

El Ministerio Fiscal solicita que se suspenda y se practique una instrucción sumaria complementaria después de comprobar la existencia de pólizas de seguros en al menos dos de los 16 acusados que podrían darles cobertura civil. Así, reclama que se determinen las correspondientes compañías aseguradoras, que remitan la documentación y las demás diligencias que se deriven, que se dicte un nuevo auto de procedimiento abreviado, se dé traslado a las partes para formular nuevos escritos de acusación y defensa y se dicte el correspondiente nuevo auto de apertura de juicio.

“No procede la nulidad de actuaciones de la aseguradora, no procede la reserva de acciones civiles de la aseguradora, pero sí la devolución al Juzgado de Instrucción por la necesidad de practicar una sumaria instrucción suplementaria”, dijo y se opuso a que se decrete la nulidad de actuaciones que sí contemplan las acusaciones, que consideran que concurren todos los supuestos para determinar la nulidad de actuaciones por el grave daño que se pudiera provocar a sus representados. “Debe devolverse la causa al juzgado instructor con requerimiento de que se lleve a cabo las actuaciones con la mayor urgencia posible para volver a celebrar la vista”, argumentó uno de los letrados.

“Entendemos que hay nulidad de actuaciones. Se introduce a nuevas entidades, eventualmente responsables civilmente y hay que retrotraerse y eso es un motivo de nulidad de las actuaciones, no de suspensión”, esgrimió otro abogado de la acusación.

Las defensas se oponen a la nulidad de actuaciones, niegan ocultación de datos y ven, en alguno de los casos, “actuaciones en instrucción no realizadas correctamente y las culpas cada uno que asuma las suyas”.

El letrado que representa a la cúpula directiva de la Hullera Vasco Leonesa considera que “no se puede mantener en suspenso este juicio sino que hay que dar por finalizado el mismo, se tiene que retrotraer decretando la nulidad de actuaciones hasta el momento en que se va a producir la modificación sustancial y a partir de ahí dar la fase de instrucción correspondiente para la entrada en el proceso de la responsable civil”. También recalca que lo ocurrido “incrementa las dilaciones absolutamente indebidas” en la tramitación del procedimiento para sus clientes.

La jueza deberá ahora decidir qué camino sigue este juicio que comenzó el pasado 5 de abril, se suspendió provisionalmente ese mismo día y que tenía previsto celebrarse hasta mediados del mes de mayo, casi ocho años después del accidente que acabó con la vida de seis mineros.

En el banquillo de los acusados tendrán que sentarse, antes o después, los principales responsables de la entonces Hullera Vasco Leonesa, en proceso de desguace tras su quiebra en 2015, los Del Valle: los que fueran su presidente, Antonio del Valle; vicepresidente y consejero delegado, Arturo del Valle; y vocal Aurelio del Valle. También están imputados el entonces director general, Marco Calvo, y el director facultativo de la explotación, José Eliseo Solís. El resto de acusados, hasta 16 antiguos responsables de la empresa minera, son ingenieros y vigilantes de seguridad de la compañía que debía garantizar la explotación.

Además, pasarán también por la sala 60 testigos y peritos propuestos por las diferentes partes.

Peticiones de condena

Las peticiones de condena van desde los tres años y medio de prisión por seis delitos de homicidio con imprudencia grave y otro de lesiones por imprudencia de la Fiscalía a los seis años y medio que piden las acusaciones particulares de las familias de los fallecidos. Las defensas, en cambio, piden la libre absolución de los imputados alegando que el accidente, el más grave en una explotación minera en los últimos 30 años en España, fue “imprevisible”.

De la misma manera, se piden indemnizaciones económicas desde 770.000 euros a 1,1 millones para las familias de los heridos y los fallecidos.

En el auto de apertura de juicio oral se argumentaba que se trabajó en la zona afectada por el derrabe (derrumbamiento de carbón) sin las medidas de seguridad adecuadas, lo que ponía en peligro la integridad física de los mineros, como ocurrió. Como responsables civiles figuran la compañía Hullera Vasco Leonesa, en liquidación, y la aseguradora.

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