REGIÓN LEONESA

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear señala “presiones inaceptables” de la Junta por la mina de uranio en Salamanca

Josep María Serena i Sender indica en el Congreso de los Diputados que recibió carta enviada por el anterior director general del EREN, el leonés Ricardo González Mantero, defendiendo acelerar el proyecto de Berkeley en el municipio salmantino de Retortillo. El PSOE y la plataforma Stop Uranio consideran "intolerable y muy grave" la postura de la administración autonómica.

Josep Maria Serena i Sender presidente del Consejo de Seguridad Nuclear
osep Maria Serena i Sender, presidente del Consejo de Seguridad Nuclear. // Congreso de los Diputados
Agencia ICAL | 16/04/2021 - 19:05h.

La portavoz de Cambio Climático en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Congreso de los Diputados y diputada socialista por Valladolid, Helena Caballero, denunció el lunes pasado que la Junta de Castilla y León, en su opinión, "haya ejercido de portavoz" de la empresa minera Berkeley al presionar al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que acelerara los permisos de construcción de la mina de uranio que la empresa australiana pretende abrir en Retortillo (Salamanca).

Lo hizo tras escuchar al presidente del CSN, Josep María Serena i Sender, considerar "inaceptable" la carta enviada en julio de 2019 por el entonces director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, en la que "sugería" que el retraso en la concesión de la construcción se debía a "motivos no exclusivamente técnicos".

Para Caballero, es "intolerable" que la Junta de Castilla y León "presionara al CSN, usando los mismos argumentos y las mismas frases" que los abogados de la minera, a través de una carta "con los logos de la Junta de Castilla y León".

La diputada socialista apuntó al "interés desmedido" de la Junta por que Berkeley abriera su explotación. Expresó, sin duda, "el papel muy activo" de la Junta para la puesta en marcha de esta explotación desde el momento en que el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, tomó posesión de su cargo como comisario de Acción por el Clima y la Energía.

"Insinuaciones impropias"

En su intervención ante la Comisión, el presidente del CSN también extendió sus críticas a la Junta por reclamar el pronunciamiento "urgente" del Pleno del CSN ya que "el retraso afecta al desarrollo económico y el empleo" de la provincia de Salamanca.

También se mostró duro con la propia empresa por considerar "impropias las insinuaciones de que había tintes políticos o ideológicos" en las decisiones del CSN, un organismo que, según recordó, "tiene como objetivo la protección nuclear y la seguridad radiológica en nuestro país".

El director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, testifica en el proceso de instrucción judicial del caso 'Trama solar'. / R. Valtero / ICAL
El ex director general del EREN, Ricardo González Mantero, en el juzgado por la 'Trama solar'. / R. Valtero / ICAL

Asimismo, defendió el "rigor del CSN y sus técnicos" al sostener que la solicitud de numerosa documentación a la empresa se debía a la "insuficiente y deficiente calidad" de información facilitada para continuar con los trámites. Por eso, rechazó de manera "enérgica" que hubiera "falta de profesionalidad o retrasos intencionados".

Por su parte, el portavoz socialista en la Comisión, Germán Renau, calificó de "muy grave" las supuestas presiones de la Junta de Castilla y León al CSN porque, en su opinión, "Berkeley es una empresa privada a la que no le importa el empleo ni el desarrollo de Salamanca".

Fuerte oposición social al proyecto

Stop Uranio  afirmó este martes que la comparecencia ayer del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Josep María Serena i Sender, en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de Diputados constató que "la empresa Berkeley Minera y sus acólitos han ejercido unas presiones inaceptables sobre un organismo regulador encargado de la protección radiológica y la seguridad nuclear del país".

La plataforma advirtió además que la decisión sobre la autorización de construcción de la planta de procesamiento de uranio de Retortillo "se demorará unos meses más", pues "de las once áreas del CSN implicadas en la realización del informe definitivo, aún faltan por finalizar su parte correspondiente tres de ellas, y según Stop Uranio, "una de ellas acaba de recibir la información facilitada por la empresa", por lo que la decisión "no va a ser inminente".

Según interpreta la organización antinuclear, el presidente del organismo regulador "también se ha quejado de la injerencia de la Junta de Castilla y León en la labor del CSN por medio del antiguo director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero". En este sentido, Serena i Sender recordó que "el CSN no toma decisiones políticas, sino que su labor se limita a cuestiones de protección radiológica y seguridad nuclear en las que la toma de decisión se basa únicamente en cuestiones técnicas".

Instalaciones de Berkeley Minera en Retortillo (Salamanca). Imagen: Google Street Wiew.
Instalaciones de Berkeley Minera en Retortillo (Salamanca). Imagen: Google Street Wiew.

Stop Uranio recordó que, tras su comparecencia, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear "recibió el apoyo" de Inés Sabanés, del Grupo Plural, de Juantxo López de Uralde, de Unidas Podemos, y de Grmán Renau, del PSOE. Mientras, el representante del Partido Popular, Alberto Herrero, "cuestionó la tardanza en la toma de decisión del organismo regulador" y los diputados de Vox, Requejo y.Borrás, "fueron los más críticos con la labor del CSN, reproduciendo las soflamas que viene manteniendo desde hace tiempo la empresa minera: 94 millones de euros invertidos y 120 permisos otorgados".

Insuficiente documentación de Berkeley

El presidente del CSN, por su parte, mantuvo en su comparecencia que la demora en la toma de decisión de ese organismo sobre la planta de Retortillo "se debe en gran medida a la insuficiente o deficiente documentación presentada por la empresa y en la tardanza en subsanar esas carencias, lo que está prolongando en el tiempo la decisión final sobre la autorización de construcción de la planta".

Stop Uranio agradeció la postura de los partidos políticos que defendieron la "honestidad e independencia" del CSN y criticaron "la actitud de la empresa minera". Algunas de ellas sostuvieron en esencia que "este proyecto es incompatible con la decisión tomada en el Congreso de Diputados al aprobar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prohíbe la minería de uranio en España".

A los representantes de Vox y Partido Popular, la plataforma quiso recordarles "la fuerte oposición social" que han mantenido durante una década "contra este proyecto radiactivo", visibilizada en "múltiples manifestaciones o concentraciones", en las que han dejado claro su postura contraria a reabrir la minería de uranio en Salamanca.

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