Las residencias deberán someterse a una evaluación cuyo resultado determinará conciertos y la elección de los usuarios
Las residencias de personas mayores y con discapacidad deberán someterse a una evaluación continua de calidad, que recogerán la calidad de vida de sus usuarios y la contribución de los apoyos profesionales y los servicios prestado. Un procedimiento que dará lugar a una categorización objetiva de los centros, con informes que serán públicos para que los futuros usuarios o sus familias pueden elegir “con garantías” el centro al que quieran acudir. Asimismo, estas notas serán “determinantes” para que las residencias de titularidad privada puedan acceder a la concertación de servicios con la administración.
Es una de las novedades que recoge el texto de la futura ley que regulará el modelo de atención residencial para cuidados de larga duración en Castilla y León, que girará en torno a las unidades de convivencia para que el centro sea lo más parecido a la vivienda habitual de los usuarios. Es decir, la Junta obligará, cuando esté aprobada la ley a finales de este año o principios de 2022, a que las residencias de nueva construcción sean entornos “íntimos y acogedores”, que eviten la masificación y faciliten la convivencia y el desarrollo de proyecto vital de cada persona. Y es que borrador del anteproyecto deja muy claro que el usuario será el que tenga la “última palabra” y tomará las decisiones sobre su estilo y sus condiciones de vida. Por lo tanto, se deberá “acatar” el derecho de las personas a gestionar su propia vida y habrá que “respetar” y “apoyar” sus decisiones sobre qué tipo de cuidados y cómo quieren recibirlos.
Otro de los puntos claves de este anteproyecto es la necesidad de que el sistema sanitario público garantice el acceso de los residentes a sus servicios en equidad con el resto de la población, aunque no esto no es óbice para que los centros cuenten con su personal sanitario.
Además, el proceso de evaluación de la calidad se complementará con el que lleve a cabo el servicio de Inspección de la Junta, que, según explicó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, seguirá con sus funciones habituales aunque estará apoyado con un sistema de información que le reportará datos a distancia y en tiempo real de los requisitos de obligado cumplimiento en materia de ratios de personal y cualificaciones, organización de los servicios y documentación obligatoria, entre otros aspectos.
Ratios de personal
Precisamente en cuanto al personal de las residencias, el texto que ya está colgado este viernes en Portal del Gobierno Abierto (por un tiempo de 20 días, el doble de lo habitual por su especial importancia) estipula que la dotación de personal específica de cada centro deberá ser proporcional a las necesidades que presente, teniendo en cuenta sus dimensiones y estructura, los servicios prestados, el número de usuarios y las cargas de trabajo derivadas de los planes de apoyo a sus proyectos de vida. En todo caso, se ajustará a las ratios que se fijen en los acuerdos del Consejo Territorial de Dependencia.
El nuevo modelo de atención residencial por el que apuesta la Junta contempla la existencia de un profesional de referencia de atención residencial –encargado de garantizar la ejecución del proyecto de pida– y el gestor de caso –cuya función principal será la de optimizar la coordinación entre los residentes, la familia, el profesional de referencia y el resto de compañeros y estructuras del centro, así como la de promocionar las actividades en la comunidad–.
Libre de sujeciones
Otro de los aspectos novedosos de la futura ley es que incluye el derecho a recibir unos cuidados libres de sujeciones (tanto físicas o mecánicas como químicas o farmacológicas), tal y como han recomendado los grupos de trabajo que han colaborado con el Gobierno autonómico. Por lo tanto, su uso tendrá “siempre” la consideración de “excepcional” y cuando sean necesarios por un tema de salud.
La consejera fue la encargada de presentar el anteproyecto que, en otras muchas cosas, preserva el derecho de los usuarios a decidir el tipo de atención que quieren recibir y a definir su proyecto de vida. Un modelo que contrasta con el anterior donde los profesionales eran los encargados de prescribir los servicios de apoyo. Uno de los objetivos de la futura ley es garantizar los derechos de las 41.500 personas que en la actualidad viven en centros de carácter social, tanto públicos como privados.
“Modelo” para otras comunidades
En este sentido, Blanco subrayó, según recogió la Agencia Ical, que Castilla y León es, de nuevo, “pionera” tanto por la regulación que efectúa sobre los cuidados a los mayores como por los “significativos” cambios que introduce en su organización y funcionamiento. Es por ello que la consejera abogó por que este texto sirva de “guía” para el Estado y de “modelo” para otras comunidades autónomas.
Acompañada del secretario general, Jesús Fuertes, y el gerente regional de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos, la consejera destacó que la nueva ley se basa en el modelo de atención centrada en la persona 'En mi casa' –que ya venía inspirando las políticas sociales de la Junta en los últimos años–, lo que supone abandonar “definitivamente” la concepción de los centros residenciales como espacios de asistencia sanitaria. Y es que se aborda desde todos los puntos de vista como el arquitectónico para que la estructura de los centros pueda hacer frente y minimizar los efectos de posibles pandemias.
Y es que la crisis de la covid-19 ha evidenciado la necesidad de introducir nuevos planteamientos sobre el diseño de los centros, por lo que será obligatorio que las residencias de nueva construcción sectoricen las estancias en unidades de pequeño tamaño, cuenten con un plan de contingencias para frenar la expansión del virus y dispongan de una reserva estratégica de material de protección.
'Minihogares' con habitaciones individuales
De esta manera, los centros deberán distribuir sus estancias en tres áreas. La primera, de unidades de convivencia, contará con habitaciones –siempre individuales, salvo que por expreso deseo del usuario se les asigne uso doble– y zonas comunes –para cocina, comedor y sala de estar–. Estos 'minihogares' no podrán superar una ocupación máxima de 12 plazas. En la actualidad, la Comunidad ya tiene implantadas 200 unidades de convivencia, de las que una cuarta parte están en centros propios de la Gerencia de Servicios Sociales.
La segunda área serán los espacios comunes, reservados para equipamientos generales, y ahí se ubicarán la sala de actividades y las dependencias de dirección y administración. La tercera se habilitará para servicios generales, como la recepción y el control, o los de carácter hotelero, comunes a todo el centro.
Otro de los pilares de la futura ley de atención residencial es aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías para acelerar la modernización de los servicios sociales y consolidar el sistema de atención a la Dependencia 5.0. Para ello, será fundamental, según la consejera, la llegada de la financiación de la Unión Europea y con una atención preferente al medio rural.
La consejera coincide con Igea en que la comisión de las residencias deberá contar con Illa y Pablo Iglesias
Isabel Blanco se posicionó en la línea del vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, al considerar que la posible comisión de investigación en las Cortes sobre la gestión de las residencias en Castilla y León durante la pandemia de la covid debería contar con las comparecencias de los entonces ministros de Sanidad, Salvador Illa, y vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, al formar parte del mando único del Gobierno central y tomar las decisiones en los centros de atención que luego debían aplicar las comunidades.
Durante la presentación del borrador de anteproyecto de Ley de Atención Residencial en Castilla y León, la consejera coincidió con el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, cuando ayer dijo que las “cosas” habían cambiado con respecto a octubre pasado, cuando se demandó por primera vez la creación de esta comisión de investigación.
No en vano, señaló que la situación actual es “diferente” porque, a finales del año pasado, los señores Illa e Iglesias formaban parte del Gobierno central, lo que impidió que acudieran a una petición del Parlamento de Cataluña para comparecer en una comisión creada para abordar la gestión de las residencias en esa comunidad, amparándose en un dictamen del Consejo de Estado. “Ahora, no son miembros del Gobierno y, si la comisión de las Cortes de Castilla León que se quiere crear solicita su comparecencia tendrán que venir”, sentenció.
Isabel Blanco declaró que en marzo del año pasado había un estado de alarma por la pandemia de la covid, por lo que existía un mando único que dictaba órdenes y resoluciones que las comunidades autónomas, dentro de sus competencias, acataban y cumplían.
En este sentido, puso los ejemplos de las órdenes contradictorias firmadas por Salvador Illa sobre la incorporación de los liberados sindicales a sus puestos de trabajo en las residencias o la decisión adoptada por Pablo Iglesias para determinar la actuación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la desinfección de algunas residencias o bien la gestión que se llevó a cabo en los centros del Imserso en la Comunidad, de los que algunos estuvieron afectados por los contagios y otros no.
Ni “embarrar” ni “ensuciar”
A juicio de la consejera de Familia, no se trata de “embarrar” o “ensuciar” una hipotética comisión de investigación sino de saber lo que pasó con las residencias y conocer las responsabilidades de todas las personas que tomaron medidas.
La consejera aseguró que ella y su equipo no están preocupados por una posible comisión, entre otras cosas porque recordó sus comparecencias en el Parlamento autonómico en el mes de abril, antes de que finalizara la primera ola. A continuación, manifestó, lo hizo su equipo y se elaboró un informe “muy detallado” con datos y números para conocer la realidad de las residencias. Blanco también mencionó los numerosos informes remitidos al Ministerio, que solo llevaron a cabo las comunidades de Castilla y Navarra. “Volveremos a comparecer todas las veces que nos lo pidan. No tenemos ningún problema”, aseveró.
