El Gobierno lanza la construcción de la primera central hidroeléctrica del Estado en décadas
El Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha lanzado el proceso para adjudicar los trabajos de ingeniería para la construcción y dirección de obra de la primera central hidroeléctrica que pone en marcha este organismo desde finales del siglo pasado.
Se trata de una pequeña central de pie de presa en el embalse de Irueña, en el río Águeda, afluente del río Duero por la margen izquierda, entre los términos municipales de El Bodón y El Sahúgo, en la provincia de Salamanca, Región Leonesa. Pese a su reducida potencia, 4,5 megavatios (MW), la central va a ser la mayor de las instalaciones de este tipo que gestiona el organismo.
El IDAE, que también participa en algunos parques eólicos y fotovoltaicos y en una central termosolar en Puertollano (Ciudad Real), explota actualmente cuatro minicentrales hidráulicas: las de El Maquillón (Guadalajara), Estremera (Madrid), Virgen de las Viñas (Burgos) y Selga de Ordás (León). Todas son de muy pequeña potencia (entre las cuatro no llegan a 4 MW) y su puesta en marcha se remonta a la década de los 90, explica el organismo.
La entidad acaba de sacar a concurso el proyecto de ingeniería de la central de Irueña, cuyas obras prevé licitar a lo largo de 2022. El pliego fija en unos seis meses (26 semanas) el plazo máximo para entregar el proyecto constructivo completo y los pliegos de prescripciones técnicas necesarios para sacar a licitación el contrato de obras, suministros y montajes.
“Este plazo se considera un punto crítico para llevar a cabo el desarrollo del proyecto ya que debe ser presentado a la administración competente y aprobado antes del 24 de octubre de 2022”, dice el pliego. El plazo de recepción de ofertas acaba el próximo 9 de diciembre.
La planta constará de dos grupos generadores con una potencia instalada total de 4.500 kW, conectados a la red a través de la correspondiente estación transformadora y un tramo de línea eléctrica para enlazar con la red existente. Su producción anual estimada será de 16.300 MWh, que permitirán abastecer el consumo de energía eléctrica de unos 5.000 hogares con energía 100% renovable, según el ministerio.
El proyecto, que lleva años preparándose, aprovechará una pequeña presa perteneciente al patrimonio del Estado y en concreto, a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), también adscrita al Ministerio.
El embalse de Irueña es uno de los últimos construidos en España. Las obras finalizaron en 2003, tras una inversión de unos 35 millones de euros, y entró en pleno funcionamiento en 2014. Su finalidad principal es regular el río Águeda y evitar inundaciones en los municipios situados aguas abajo en esta zona próxima a la frontera con Portugal, entre los que destaca Ciudad Rodrigo.
La presa tiene una capacidad de 110 millones de metros cúbicos y cuenta con un dique de 75 metros de altura y 420 metros de longitud de coronación. En 2018, Ecologistas en Acción la incluyó en un informe sobre “grandes fracasos hidráulicos” en España. La ONG pedía su demolición y cuestionaba que pudiera tener un uso para la producción de electricidad, que consideraba “incompatible con la recepción de avenidas” de agua.
La infraestructura se concibió desde el principio para un uso energético. En el cuerpo de la presa se habilitó una toma hidroeléctrica, que actualmente se encuentra obturada, con vistas a su posible aprovechamiento. Su viabilidad la confirmó un estudio encargado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 que elaboró la firma de ingeniería Incisa. Tras superar los trámites ambientales, el IDAE y la CHD firmaron en septiembre de 2020 un convenio que daba un plazo de tres años para culminar las obras y fijaba en 20 años el plazo para que el IDAE recupere su inversión con la venta de la energía generada.
Objetivos del PNIEC
Ese convenio recordaba que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 “plantea como objetivos estratégicos un aumento de la eficiencia energética e impulso de las renovables así como una electrificación de la economía”, de tal forma que para el año 2030 se prevé una potencia total instalada en el sector eléctrico de 160,8 GW, de los que 14,6 GW serán energía hidráulica y 9.5 GW bombeo.
En línea con el PNIEC, los borradores de los planes hidroeléctricos lanzados a consulta pública hace unos meses planteaban dar más poder en la gestión de la hidroeléctrica a algunas de las confederaciones hidrográficas, como la del Duero, en la gestión de la hidroeléctrica.
Hace unas semanas, la CHD canceló la que habría sido la primera licitación lanzada durante el mandato de Ribera para adjudicar una concesión hidroeléctrica, el pequeño salto en León de Láncara, en sena de Luna. Los pliegos fijaban el plazo máximo de la concesión en 30 años, por encima de los 20 del anterior procedimiento de este tipo.
La CHD tiene que decidir el futuro de algunas de las principales concesiones hidroeléctricas que vencen en los próximos años. La más importante por su tamaño y porque es gestionable es una de las grandes presas del Duero, Villalcampo, gestionada por Iberdrola y que con 206 MW es la mayor que caduca esta década. Lo hace en 2024. El plazo para iniciar su reversión al Estado acaba de abrirse.
La gestión directa de las hidroeléctricas por parte del Estado lleva tiempo sobre la mesa. Y el debate ha vuelto a aflorar con la actual crisis de precios de la electricidad. Especialmente cuando el pasado verano el mercado mayorista eléctrico empezó a descontrolarse, en plena polémica por el vaciado de los embalses.
Actualmente, y de cara al invierno más complicado que se recuerda en el sector por la extrema tensión en el mercado gasista, las reservas de agua están en el 39,87%, esto es, 12,2 puntos por debajo de la media de la última década. En agosto, Ribera se mostró dispuesta a que una empresa pública asuma las concesiones una vez expiren. En septiembre Pedro Sánchez enfrió esa posibilidad porque no figura en el acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos.
